No lo sigamos haciendo as¨ª

Con actitud anticonstitucional, el Partido Popular se ha negado a contribuir. Ha provocado el bloqueo en la renovaci¨®n del CGPJ. Llevamos meses debati¨¦ndolo. El Gobierno ha llegado a proponer una nueva modificaci¨®n de la ley org¨¢nica.

Si los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo, ?resulta imposible la renovaci¨®n? Creo que no. La Constituci¨®n no encomienda a los partidos pol¨ªticos que designan a quienes van a formar parte del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Lo que prescribe es que al menos tres quintos de todos, congresistas y senadores, voten a favor de cada uno de ellos. E...

Con actitud anticonstitucional, el Partido Popular se ha negado a contribuir. Ha provocado el bloqueo en la renovaci¨®n del CGPJ. Llevamos meses debati¨¦ndolo. El Gobierno ha llegado a proponer una nueva modificaci¨®n de la ley org¨¢nica.

Si los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo, ?resulta imposible la renovaci¨®n? Creo que no. La Constituci¨®n no encomienda a los partidos pol¨ªticos que designan a quienes van a formar parte del ¨®rgano de gobierno de los jueces. Lo que prescribe es que al menos tres quintos de todos, congresistas y senadores, voten a favor de cada uno de ellos. Es decir, que funcione la transversalidad. Cada uno ha de contar con ese n¨²mero de votos, nunca alcanzable por una ¨²nica formaci¨®n pol¨ªtica.

La transversalidad quiz¨¢s impedir¨ªa candidatos con muy marcado talante, interpretable como sesgo pol¨ªtico. Frente a ello, los partidos han inventado el ¡°reparto¡±. ?A cu¨¢ntos tocamos? Sobre esa base, cada uno elige a los ¡°suyos¡±. El acuerdo/reparto se basa en que cada parte propone candidatos que nunca ser¨ªan votados por el contrario. Esos son los oscuros cambalaches entre los partidos. Al pleno del Congreso le llega la lista confeccionada. As¨ª se ha venido haciendo. Y yo a?adir¨ªa: as¨ª no deber¨ªa ser. Se deja la capacidad de bloqueo en manos de los partidos y sus estrategias, m¨¢s o menos confesables.

Son los partidos pol¨ªticos, y no las C¨¢maras, los que de hecho designan los nombramientos del CGPJ. Los propios protagonistas de ese cometido hablan de ello con escandalosa normalidad. El portavoz de Justicia del PP, Enrique L¨®pez, remite ahora expresamente al ¡°reparto¡±. No llega a la ignominiosa manifestaci¨®n del senador Cosid¨® quien, tras haber conseguido nominar como presidente al juez Marchena, alardeaba de controlar ¡°desde atr¨¢s¡± al Tribunal Supremo.

Soy partidaria de la elecci¨®n de los miembros del CGPJ por el Parlamento. Lo he sido siempre. Recuerdo la gran discusi¨®n que plante¨® la reforma de 1986, con tantos compa?eros partidarios de que fu¨¦ramos solo los jueces, y entre nosotros, los que nombr¨¢semos a sus miembros. Siempre me pareci¨® que el judicial, como los otros dos poderes del Estado, han de surgir de la soberan¨ªa de las urnas. Pero ahora no se trata de discutir sobre la forma de nombramiento. Plantearlo constituye una cortina de humo desde un partido, el PP, que en 2015, con su mayor¨ªa absoluta, hizo notables modificaciones en la ley org¨¢nica, sin cambiar el sistema. Volvamos entonces a la situaci¨®n actual.

La elecci¨®n de los jueces y los juristas del CGPJ la tienen que hacer las Cortes y tienen que hacerla, precisamente, como establecen sus reglamentos. Tras la modificaci¨®n de 2015, los candidatos los aportan las asociaciones judiciales. Jueces no afiliados pueden tambi¨¦n presentarse con firmas de respaldo. Los parlamentarios tienen que elegir entre esos candidatos.

Si no estoy mal informada, ese proceso de primera selecci¨®n ya se ha hecho. Publ¨ªquese la lista, expl¨ªquese qui¨¦nes son los jueces candidatos; con¨®zcanse sus perfiles, qui¨¦nes son, qu¨¦ han hecho antes y, si se les ha preguntado, por qu¨¦ y para qu¨¦ pretenden ser elegidos miembros del CGPJ. Si ese proceso de selecci¨®n no se hubiera hecho, p¨®ngase en marcha de inmediato, exigido desde la presidencia del Congreso, y h¨¢gase con transparencia.

Y, entonces, con esa lista publicitada y comentada, por partidarios y cr¨ªticos ?deb¨¢tase y p¨®nganse a votaci¨®n uno a uno los candidatos! como establecen los reglamentos. A votar una y otra vez, si hace falta, hasta que alguno obtenga los tres quintos de los miembros de cada C¨¢mara. A votar, con convicci¨®n, dedicaci¨®n y paciencia democr¨¢ticas. No deja de sorprender que, en tan largo debate, nadie haya echado ni siquiera una ojeada a las normas a las que el propio Parlamento se ha de someter. Valga la menci¨®n directa de algo tan aparentemente desconocido:

3. Los Diputados podr¨¢n escribir en la papeleta hasta cuatro nombres.

4. Resultar¨¢n elegidos, tanto para el Consejo General del Poder Judicial como para el Tribunal Constitucional, aquellos cuatro candidatos que m¨¢s votos obtengan, siempre que hayan conseguido, como m¨ªnimo, cada uno tres quintos de los votos de los miembros del Congreso.

5. Si en la primera votaci¨®n no se cubrieran los cuatro puestos con los requisitos a que se refiere el apartado anterior, se realizar¨¢n sucesivas votaciones, en las que se podr¨¢ reducir progresivamente el n¨²mero de candidatos a partir de un n¨²mero no superior al doble del de puestos a cubrir. En estas votaciones sucesivas se podr¨¢ incluir en las papeletas un n¨²mero de candidatos igual que el de puestos a cubrir. La Presidencia podr¨¢, si las circunstancias lo aconsejan, interrumpir, por un plazo prudencial, el curso de las votaciones.

6. Los posibles empates, con relevancia a efectos de la propuesta, se dirimir¨¢n en otra votaci¨®n entre los que hubieren obtenido igual n¨²mero de votos.

Esto proviene del Reglamento del Congreso. Es similar al del Senado. Ambos se actualizaron despu¨¦s de la ¨²ltima modificaci¨®n de la ley org¨¢nica, en 2015, con la mayor¨ªa absoluta del PP.

El mal hacer de los partidos, tendiendo a decidir a escondidas temas trascendentales, hurta el debido debate a las C¨¢maras. Ni se conoce a los candidatos, ni tienen opci¨®n de defender p¨²blicamente su candidatura, como ocurre en otros Parlamentos. Nuestras Cortes se convierten simplemente en silentes confirmadores del ¡°reparto¡±. En el escenario de la insultocracia en que se est¨¢n convirtiendo, quiz¨¢s las votaciones podr¨ªan ir precedidas de alg¨²n feo a los candidatos. Son malas costumbres a las que nos tienen acostumbrados.

El aludido sistema reglamentario estaba previsto para la elecci¨®n de los miembros ¡°juristas de reconocido prestigio¡±. En esta, los parlamentarios tienen mayor libertad. Han de partir de una propuesta de candidatos por parte de todos, eso es todos, los grupos pol¨ªticos. Si un grupo no quiere hacerlo no est¨¢ obligado; tendr¨¢ que votar respecto a los candidatos de los dem¨¢s. Si no vota a ninguno de ellos, habr¨¢ que seguir votando sobre nuevos candidatos. Si el rechazo persiste, habr¨¢ que deducir que el grupo pol¨ªtico que as¨ª se comporte est¨¢ incumpliendo el mandato constitucional.

La exigencia de los tres quintos cobrar¨ªa mayor sentido si de definiese de entrada un perfil del buen miembro. Absorbidos por controlar los nombramientos desde el CGPJ, los partidos tienden a olvidarse de sus otras funciones: organizaci¨®n, formaci¨®n e inspecci¨®n. Haber despuntado en su anterior trayectoria en esas funciones deber¨ªa ser criterio fundamental para su selecci¨®n. Al igual que su independencia de criterio, mostrada en el talante de sus sentencias. Para el buen funcionamiento del Consejo, se precisan en mi opini¨®n magistrados con s¨®lida formaci¨®n judicial y gran talento independiente. Ello implica en mi criterio estar conectados con la vida social, con los problemas de la sociedad y convencidos de que la justicia debe sin duda ser un elemento de pacificaci¨®n social. Es algo que, tras mi larga experiencia, he constatado con distintas ideolog¨ªas.

No hay que inventar nada. Si se cumpliera el reglamento, si Congreso y Senado abordaran, directa y p¨²blicamente, la selecci¨®n de los candidatos sin supeditarla a oscuros pactos previos, habr¨ªamos ganado una batalla democr¨¢tica. Las C¨¢maras, as¨ª, podr¨ªan llegar a ser, de verdad, el lugar del debate de los asuntos de todos. Ser¨ªa extraordinario escuchar los razonamientos respecto al perfil de esos nombramientos y luego conocer c¨®mo los parlamentarios seleccionaban a los mejores, a los m¨¢s id¨®neos para cumplir ese cometido, independientemente de las vinculaciones o las preferencias pol¨ªticas que los partidos pudieran sentir por unos u otros.

El hacer las cosas mal nos ha llevado a este callej¨®n aparentemente sin salida. Una precipitada reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial podr¨ªa volver a hacer las cosas mal. Lo m¨¢s importante, cuando algo falla, es analizar el porqu¨¦. Y estamos en ese momento. Sabemos lo que hemos hecho mal. Hemos sustituido la funci¨®n del Congreso por pactos sin transparencia entre los partidos. Intentemos hacerlo mejor. Sigamos las propias prescripciones del reglamento y devolvamos el protagonismo a las C¨¢maras. Si alg¨²n partido se resistiera a participar, en pertinaz obstrucci¨®n legislativa, tendr¨¢ que explicarse. A sus parlamentarios cabr¨ªa reclamarles su mandato constitucional.

Tuve la enorme oportunidad de ser vocal del CGPJ entre 1996 y 2000. Fui elegida tras el consabido pacto entre partidos. Se me comunic¨® a la vez que deb¨ªa votar a quien, en ese pacto, hab¨ªa sido designado presidente, usurpando las prerrogativas exclusivas de los 20 vocales. Cre¨ªa que mi nominaci¨®n pod¨ªa responder a mi trayectoria al frente del decanato, elegida por todos los jueces de Madrid. Ni eso se conoc¨ªa.

El sistema reglamentario previsto es sin duda mejorable, pero, con su aplicaci¨®n ahora, con tes¨®n y convicci¨®n democr¨¢tica, podr¨ªamos salir del atasco orgullosos de una democracia que pareciera estar hoy, tantas veces, al borde del precipicio.

Manuela Carmena es exalcaldesa de Madrid y exvocal del CGPJ.