La escuela de la ciudadan¨ªa

La escuela es la instituci¨®n a la que confiamos la formaci¨®n de los ciudadanos. Sustituye a la familia, de modo parcial, pero nada marginal, en el cuidado de los menores y prefigura de manera progresiva su vida adulta en sociedad. Esto es m¨¢s cierto en esta era en que la informaci¨®n y el conocimiento, que antes llegaban casi en exclusiva a trav¨¦s de ella, est¨¢n amplia aunque desigualmente distribuidos por el tejido social. Es por eso por lo que podemos utilizar esta vara de medir como criterio esencial, aunque no sea el ¨²nico, para cualquier pol¨ªtica educativa y cualquier ley, ahora la LOMLOE....

La escuela es la instituci¨®n a la que confiamos la formaci¨®n de los ciudadanos. Sustituye a la familia, de modo parcial, pero nada marginal, en el cuidado de los menores y prefigura de manera progresiva su vida adulta en sociedad. Esto es m¨¢s cierto en esta era en que la informaci¨®n y el conocimiento, que antes llegaban casi en exclusiva a trav¨¦s de ella, est¨¢n amplia aunque desigualmente distribuidos por el tejido social. Es por eso por lo que podemos utilizar esta vara de medir como criterio esencial, aunque no sea el ¨²nico, para cualquier pol¨ªtica educativa y cualquier ley, ahora la LOMLOE.

El cambio que m¨¢s consenso puede suscitar ¡ªaunque no un¨¢nime, pues en educaci¨®n es dif¨ªcil y en Espa?a se antoja imposible¡ª tal vez sea el conjunto de medidas contra los mecanismos divisorios dentro de la escolaridad obligatoria, en particular la eliminaci¨®n de las rev¨¢lidas, la pr¨¢ctica supresi¨®n de los itinerarios y las restricciones a la repetici¨®n. Todo ello debe contribuir a que la pr¨¢ctica totalidad del alumnado supere el periodo obligatorio y tenga ante s¨ª alguna v¨ªa de continuidad que culmine en alg¨²n tipo de cualificaci¨®n profesional. La ¨²nica sombra es que la ley parece olvidar que tanto suspenso y, en consecuencia, repetici¨®n, fracaso y abandono, que situaban y sit¨²an a Espa?a a la cabeza de lo que no deber¨ªa ser y no hacen justicia al nivel de competencia de nuestros escolares, tienen como origen inmediato la cultura profesional de los docentes, que son los ¨²nicos examinadores hasta las puertas de la universidad. Se habr¨ªa agradecido, pues, m¨¢s presi¨®n contra la repetici¨®n, menos peso de centros y docentes y m¨¢s para alumnos y familias en el recurso de ¨²ltima instancia a itinerarios profesionales y un examen de Estado como v¨ªa de segunda oportunidad para la titulaci¨®n.

Tambi¨¦n es buena noticia que la religi¨®n, sagrada para unos, pero indiferente o incluso indeseable para otros, quede fuera del horario escolar y el itinerario acad¨¦mico, y ojal¨¢ pronto del presupuesto p¨²blico; eso s¨ª, sin excesos al servicio de los nuevos curas (y monjas) en su batalla contra los viejos, pues, adem¨¢s de educaci¨®n, la escuela debe ofrecer cuidado, por lo que ser¨ªa dif¨ªcil entender que la religi¨®n, tan esencial para tanta gente, se viese expulsada por una puerta mientras por otra entra el mindfulness. Y s¨®lo cabe celebrar que vuelva, aunque rebautizada, la educaci¨®n para la ciudadan¨ªa, pues aqu¨ª y en todo el mundo estamos aprendiendo, si no lo hab¨ªamos hecho ya, que la vida social y pol¨ªtica, cada vez m¨¢s compleja, requiere un conocimiento sistem¨¢tico y un esfuerzo reflexivo a los que no se llega por simple maduraci¨®n biol¨®gica ni desde la mera transversalidad o impregnaci¨®n.

Era hora, en fin, de adoptar una pol¨ªtica activa y proactiva para lograr m¨¢s igualdad entre los centros, en particular en su composici¨®n social, proscribiendo guetos y burbujas. Bien, pues, que se imponga y se haga efectiva la obligaci¨®n de que todos los centros sostenidos con fondos p¨²blicos (aunque yo preferir¨ªa todos, sin m¨¢s) sean microcosmos de la sociedad en y para la que est¨¢n, reflejando su diversidad social y cultural, asumiendo su cuota de alumnos con necesidades especiales y contribuyendo por igual a su ¨¦xito. Requerir¨¢, claro est¨¢, respetar los l¨ªmites de lo razonable, poner los medios adicionales necesarios ¡ªlos alumnos m¨¢s dif¨ªciles tambi¨¦n salen m¨¢s caros, y con eso no podr¨¢ por s¨ª sola la eficiencia privada¡ª y no olvidar que tambi¨¦n hay desigualdades, y muy serias, entre los centros p¨²blicos. Dicho lo cual he de a?adir que el eslogan de ¡°una oferta suficiente de plazas p¨²blicas¡± se me hace tan enga?oso e interesado como el de ¡°atender la demanda social¡±: el segundo daba pie a que cualquier empresario h¨¢bil en mercadotecnia reuniese las firmas suficientes para obtener suelo y fondos p¨²blicos, as¨ª como para el reforzamiento rec¨ªproco de guetos y burbujas; el primero refleja el apetito burocr¨¢tico-corporativo de crear puestos incluso donde no se piden, ni se quieren, ni se esperan, para a continuaci¨®n reclamar el cierre de centros concertados y recoger los alumnos para los p¨²blicos, como ya hemos visto en no pocas guerras escolares locales. Y bien, c¨®mo no, que se deje de financiar la ense?anza diferenciada por sexos, no porque sea ni conduzca de cabeza al horror ¡ªmuchos crecimos en ella y nos hemos portado bien¡ª, ni porque los argumentos no ideol¨®gicos que la sustentan, como el distinto ritmo de maduraci¨®n, sean falsos, sino porque hay mucho que perder ¡ªconocimiento mutuo, comprensi¨®n, convivencia¡ª y poco o nada que ganar (mal andaremos si la escuela no puede lidiar con la diferencia entre el alumno y la alumna medios, pues es mucho mayor entre s¨®lo las alumnas o s¨®lo los alumnos).

M¨¢s que preocupante resulta la supresi¨®n del mandato de covehicularidad en las comunidades con lengua propia. Es de toda l¨®gica que la cooficialidad de las lenguas exige la covehicularidad en la escuela, ya que la lengua es el primer objetivo, el medio dominante y el principal producto de ¨¦sta, y que la promesa de que los alumnos saldr¨¢n de la escuela dominando las dos lenguas s¨®lo es un brindis al sol; si con eso bastara, ?por qu¨¦ no permitir la escolarizaci¨®n en casa de los alumnos cuyas familias puedan asegurarles el mismo nivel que la escuela? La respuesta viene sola: convivencia, socializaci¨®n, los iguales¡­ o sea, la ciudadan¨ªa. Negar al espa?ol la condici¨®n de lengua vehicular en las escuelas de Catalu?a es un mensaje gran¨ªtico: aqu¨ª s¨®lo somos y formamos catalanes. Est¨¢ por ver su alcance jur¨ªdico: lleg¨® con la LOMCE, no estaba en la LOE, luego mal podr¨¢ apreciar inconstitucionalidad el Alto Tribunal si no lo hizo entonces. No hay sombra de duda de que el Constitucional ha dicho y repetido que cooficialidad significa covehicularidad, aunque pueda modularse a favor de la lengua m¨¢s vulnerable; pero el Tribunal lo ha dicho, la Generalitat ha desobedecido, la Alta Inspecci¨®n no estaba y los Gobiernos de Espa?a, casi siempre necesitados de unos pocos votos nacionalistas, se han puesto de perfil: la ciudadan¨ªa por un plato de lentejas. Con la letra de la ley en la mano, esta (re)omisi¨®n no blinda, como se afirma, la sumersi¨®n ¡ªmal llamada inmersi¨®n¡ª ling¨¹¨ªstica, pero no hay duda de que quiere hacer cambiar el esp¨ªritu ni de que debilita a quienes reclaman una escuela biling¨¹e, deslegitima a los constitucionalistas y enardece a los nacionalistas.

Sin pretender exhaustividad, terminar¨¦ se?alando dos carencias. Primera, que la ley apenas roza un problema esencial del sistema: su gobernanza, es decir, la distribuci¨®n de competencias entre las distintas autoridades; de un lado, con la configuraci¨®n del ¡°auton¨®mico¡± el Gobierno cedi¨® masivamente competencias y presupuesto a las autonom¨ªas, que se enrocaron para no pasarlo a los entes municipales ni a los centros; del lado opuesto, los docentes siguen reinando en sus aulas ante la impotencia de las direcciones y ¨®rganos de participaci¨®n social. Federalismo sin poderes federales y centros que no centralizan nada, lo que ha tra¨ªdo el espect¨¢culo de inoperancia y reproches mutuos al que, salvo excepciones, asistimos desde el comienzo de la pandemia. Segunda, un impulso mucho m¨¢s potente a la innovaci¨®n y la transformaci¨®n digital, objetivos en los que est¨¢n empe?adas las empresas, a los que ya se suman las Administraciones p¨²blicas, pero a los que todav¨ªa se resisten una mayor¨ªa de nuestras escuelas, las llamadas a formar a los ciudadanos del ma?ana.

Mariano Fern¨¢ndez Enguita es catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa en la Universidad Complutense. Actualmente es director del Instituto Nacional de Administraci¨®n P¨²blica (INAP).