Francia sobreact¨²a

La nueva ¡°ley de seguridad global¡± de Francia, que el martes empez¨® a debatirse en la Asamblea Nacional, ha hecho saltar las alarmas en las redacciones de los medios de comunicaci¨®n y en las organizaciones que velan por la defensa de los derechos fundamentales. El peligro es que la ley limite el derecho a la informaci¨®n y que dificulte la denuncia de excesos policiales como los que se han documentado en los a?os recientes. El art¨ªculo 24 de la ley, impulsada por el Gobierno franc¨¦s, prev¨¦ un a?o de prisi¨®n y 45.000 euros de multa para quien difunda ¡°con el objetivo de atentar contra su...

La nueva ¡°ley de seguridad global¡± de Francia, que el martes empez¨® a debatirse en la Asamblea Nacional, ha hecho saltar las alarmas en las redacciones de los medios de comunicaci¨®n y en las organizaciones que velan por la defensa de los derechos fundamentales. El peligro es que la ley limite el derecho a la informaci¨®n y que dificulte la denuncia de excesos policiales como los que se han documentado en los a?os recientes. El art¨ªculo 24 de la ley, impulsada por el Gobierno franc¨¦s, prev¨¦ un a?o de prisi¨®n y 45.000 euros de multa para quien difunda ¡°con el objetivo de atentar contra su integridad f¨ªsica o ps¨ªquica¡± im¨¢genes del rostro de un agente de las fuerzas del orden.

El art¨ªculo responde a una preocupaci¨®n justificada de los polic¨ªas y gendarmes franceses, sometidos desde hace a?os a una enorme tensi¨®n por la lucha contra el terrorismo y por las revueltas sociales que con frecuencia han derivado en el ensa?amiento contra los funcionarios y en campa?as de odio en las redes sociales. Pero, tal como est¨¢ redactado, representa, seg¨²n el razonado dictamen de Claire H¨¦don, la Defensora de los Derechos ¡ªequivalente en Francia al Defensor del Pueblo en Espa?a¡ª, ¡°una vulneraci¨®n de la libertad de expresi¨®n que ni es necesaria, ni adaptada ni proporcionada, y que al mismo tiempo ser¨ªa un obst¨¢culo para el control de las fuerzas de seguridad¡±.

H¨¦don se?ala tres problemas en el texto. El primero es que no hacen falta nuevas leyes: las actuales ya protegen a polic¨ªas y gendarmes ante amenazas, injurias, difamaci¨®n o violaci¨®n de la vida privada. El segundo es la ambig¨¹edad del redactado. Seg¨²n el art¨ªculo 24 solo se castigar¨¢ a quienes difundan im¨¢genes con el objetivo de da?ar, pero no queda claro c¨®mo se demostrar¨¢ la mala intenci¨®n. El ministro del Interior, G¨¦rald Darmanin, ha dado a entender que la soluci¨®n podr¨ªa ser difuminar los rostros de los agentes, aunque esto no es lo que dice el art¨ªculo. El tercer problema es la amenaza que, si se asume la interpretaci¨®n restrictiva de Darmanin, pesar¨ªa sobre los periodistas, y que podr¨ªa llevarles a autocensurarse y a no publicar im¨¢genes necesarias para el escrutinio de los poderes p¨²blicos.

Cualquier limitaci¨®n de la libertad de informaci¨®n requiere el m¨¢ximo escr¨²pulo y no debe hacerse nunca a la ligera ni por imperativos coyunturales. El Gobierno, al proponer una enmienda que especificar¨ªa que el art¨ªculo no entorpecer¨¢ la libertad de informaci¨®n, parece haber entendido que, en su estado actual, la ley no es aceptable. Es una cuesti¨®n de principios democr¨¢ticos, pero tambi¨¦n de credibilidad para un presidente como Emmanuel Macron que, con acierto, ha hecho bandera de la defensa de la libertad de expresi¨®n en su lucha declarada contra el islamismo radical.