Una ley pospandemia para la sanidad espa?ola

Quienes han investigado la pobre respuesta de EE UU, el pa¨ªs m¨¢s rico y dotado t¨¦cnicamente, a la pandemia han se?alado que ¡°la fortaleza del liderazgo sanitario en un pa¨ªs, y la confianza de la poblaci¨®n en su Gobierno y sus dirigentes, es tan importante, si no m¨¢s, como las capacidades t¨¦cnicas¡± para que, mientras falten vacunas y tratamientos, funcionen las medidas de salud necesarias ante una situaci¨®n as¨ª.

En Espa?a se ha producido tambi¨¦n una p¨¦rdida de confianza en las instituciones que gobiernan la sanidad, que explica parcialmente la incertidumbre de la poblaci¨®n espa?ola ante ...

Quienes han investigado la pobre respuesta de EE UU, el pa¨ªs m¨¢s rico y dotado t¨¦cnicamente, a la pandemia han se?alado que ¡°la fortaleza del liderazgo sanitario en un pa¨ªs, y la confianza de la poblaci¨®n en su Gobierno y sus dirigentes, es tan importante, si no m¨¢s, como las capacidades t¨¦cnicas¡± para que, mientras falten vacunas y tratamientos, funcionen las medidas de salud necesarias ante una situaci¨®n as¨ª.

En Espa?a se ha producido tambi¨¦n una p¨¦rdida de confianza en las instituciones que gobiernan la sanidad, que explica parcialmente la incertidumbre de la poblaci¨®n espa?ola ante la pandemia. Sin embargo, no siempre ha sido as¨ª. Pese al innegable retraso en su adopci¨®n, tras la declaraci¨®n inicial del estado de alarma la confianza de la poblaci¨®n en las medidas adoptadas por el Gobierno fue mayoritaria. El resultado fue el control moment¨¢neo de la pandemia. Finalizado el estado de alarma el 21 de junio, y tras perder los apoyos necesarios para su prolongaci¨®n, el Gobierno manifest¨®, sin embargo, que a partir de entonces la gesti¨®n del sistema sanitario correspond¨ªa a las comunidades aut¨®nomas.

Este criterio parec¨ªa justificar que la intervenci¨®n estatal s¨®lo se deb¨ªa al car¨¢cter extraordinario de las medidas adoptadas, que inclu¨ªan limitaciones de libertades y derechos fundamentales; y no, por el contrario, al car¨¢cter extraordinario en s¨ª mismo de la pandemia, cuya misma definici¨®n implica ser no s¨®lo supraauton¨®mica, sino supranacional, e incluso supracontinental. Se reafirmaba as¨ª que el Gobierno, salvo para adoptar medidas excepcionales, es ajeno al gobierno de la sanidad, incluso en situaciones excepcionales. El Gobierno reforz¨® incluso este criterio con la atribuci¨®n a las comunidades aut¨®nomas de la responsabilidad del manejo exclusivo de los Fondos Covid para financiar el incremento de gasto provocado por la pandemia, sin control por su parte sobre su utilizaci¨®n.

Pese a todo, conforme fue evolucionando la pandemia se hizo evidente la necesidad de la intervenci¨®n estatal, pues bajo la responsabilidad exclusiva de las autonom¨ªas ¨¦sta se hab¨ªa descontrolado a lo largo del verano. Todo ello deriv¨® en la adopci¨®n de una Estrategia Nacional para la covid-19, y la declaraci¨®n de un nuevo estado de alarma, de seis meses de duraci¨®n.

Las actuaciones previstas de la Estrategia Nacional, expuestas como ejemplo de ¡°cogobernanza¡± del sistema, se caracterizan por llevarse a cabo por acuerdo entre el Gobierno y las autonom¨ªas. Sin embargo, esto no ha evitado el desacuerdo p¨²blico entre el Gobierno y algunas comunidades. Por su parte, la posible adopci¨®n de estas medidas por las autonom¨ªas mediante una modificaci¨®n limitada de las leyes sanitarias, propuesta por el PP, ha sido ya rechazada por el Congreso. Los diversos enfrentamientos y recursos, incluso ante tribunales, en especial por parte de la Comunidad de Madrid, constatan que el sistema sanitario no dispone de estructura y mecanismos claros y eficaces para resolver situaciones de conflicto entre gobiernos sanitarios de distinto nivel. Ello provoca una p¨¦rdida de confianza de la ciudadan¨ªa en el gobierno del Sistema Nacional de Salud.

Pero, adem¨¢s, la pandemia ha puesto de relieve d¨¦ficits estructurales manifiestos de los sistemas de informaci¨®n epidemiol¨®gica y de funcionamiento del sistema sanitario asistencial, defectos importantes de los sistemas de compras, y ausencia de mecanismos de garant¨ªa de igualdad en el acceso y libre circulaci¨®n de pacientes en el sistema nacional de salud. Carencias cuyo origen com¨²n estriba en la inseguridad jur¨ªdica de la distribuci¨®n y el ejercicio de las competencias sanitarias tanto por parte del Estado como por las comunidades aut¨®nomas, como consecuencia de su interpretaci¨®n desde la propia Constituci¨®n.

Si ¨¦sta atribuye al Estado la ¡°coordinaci¨®n general de la sanidad¡±, sin embargo, su desarrollo ha sido especialmente limitado, y su interpretaci¨®n reducida en la pr¨¢ctica desde la propia Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 a la b¨²squeda de acuerdo entre las autonom¨ªas para adoptar cualquier decisi¨®n, sin ninguna capacidad ejecutiva real por parte del Estado en el funcionamiento del sistema sanitario. Una interpretaci¨®n sostenida por todos los Gobiernos desde entonces, independientemente del partido pol¨ªtico en el poder.

Por su parte, ni la organizaci¨®n ni la financiaci¨®n del sistema sanitario que se derivan de tal interpretaci¨®n se sustentaron siquiera sobre una base legal expresa y razonada: las competencias ejecutivas en materia de salud p¨²blica se transfirieron a la totalidad de las autonom¨ªas antes de la LGS. La regulaci¨®n de la descentralizaci¨®n de la asistencia sanitaria tampoco se hizo en esa Ley, que se encontr¨® con el traspaso ya hecho a Catalu?a, en 1981, y a Andaluc¨ªa, en 1984. Fueron los intereses, principalmente econ¨®micos y organizativos de la primera, los que fijaron los l¨ªmites de coordinaci¨®n y organizaci¨®n del sistema sanitario, que no se complet¨® hasta 2001.

De esos problemas de confianza, estructurales y de funcionamiento del sistema sanitario observados durante la pandemia deriva la necesidad de una nueva Ley General Sanitaria que establezca una nueva organizaci¨®n y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud sobre una interpretaci¨®n de competencias sanitarias diferente, adecuada a su ordenamiento constitucional.

Javier Rey del Castillo es portavoz de la Plataforma por el gobierno federal de la sanidad universal.