Boicoteo da?ino

El presidente del PP, Pablo Casado, y otros dirigentes del partido han anunciado que utilizar¨¢n todos los instrumentos a su alcance para frenar la aplicaci¨®n de la nueva ley de Educaci¨®n, la LOMLOE. Adem¨¢s de recurrirla ante el Tribunal Constitucional y aprobar mociones en contra en Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos aut¨®nomos, aseguran que utilizar¨¢n los Gobiernos aut¨®nomos en manos del PP para neutralizar la norma. Algunos, como el de Madrid, amagan con una normativa propia ¡°que blinde¡± la ense?anza concertada y permita autorizar plazas nuevas en centros privados si existe demanda soc...

El presidente del PP, Pablo Casado, y otros dirigentes del partido han anunciado que utilizar¨¢n todos los instrumentos a su alcance para frenar la aplicaci¨®n de la nueva ley de Educaci¨®n, la LOMLOE. Adem¨¢s de recurrirla ante el Tribunal Constitucional y aprobar mociones en contra en Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos aut¨®nomos, aseguran que utilizar¨¢n los Gobiernos aut¨®nomos en manos del PP para neutralizar la norma. Algunos, como el de Madrid, amagan con una normativa propia ¡°que blinde¡± la ense?anza concertada y permita autorizar plazas nuevas en centros privados si existe demanda social aunque haya plazas libres en la red p¨²blica, cosa que la nueva ley no permite. De momento solo son declaraciones ante los medios y manifestaciones en sede parlamentaria, pero la insistencia en esta estrategia augura una conflictividad en la aplicaci¨®n de la ley que impedir¨¢ el normal funcionamiento del sistema educativo, algo que se sumar¨¢ a la inestabilidad normativa de los ¨²ltimos a?os y a las dificultades causadas por la pandemia. Mientras abona esta estrategia, Casado insiste en que la educaci¨®n debe quedar al margen de la confrontaci¨®n partidista, algo que evidentemente no practica.

Cualquier fuerza pol¨ªtica est¨¢ en su derecho de acudir a los tribunales o convocar protestas contra una normativa con la que disiente. Forma parte del juego democr¨¢tico en un Estado de derecho. Pero utilizar las competencias auton¨®micas de forma impropia para incumplir la ley supone un movimiento temerario en una direcci¨®n muy equivocada y merece el mismo rechazo que otras estrategias de desobediencia institucional que hemos denunciado. El PP est¨¢ cayendo en las mismas actitudes que tanto criticaba en el secesionismo catal¨¢n.

Una ley org¨¢nica no puede ser enmendada por una normativa de rango inferior, por lo que el recorrido de esa resistencia es limitado. Pero puede ahondar una deriva de deslealtad muy nociva para el equilibrio institucional que ya se apunt¨® con la LOMCE. En aquella ocasi¨®n, diversas comunidades gobernadas por el PSOE, Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco obstaculizaron la aplicaci¨®n de la ley por la v¨ªa de retrasar su implantaci¨®n en las partes que depend¨ªan de un desarrollo auton¨®mico, como no convocar las pruebas de nivel previstas, no desplegar la Formaci¨®n Profesional b¨¢sica o no aplicar los cambios introducidos en el curr¨ªculo escolar.

La situaci¨®n de alg¨²n modo se ha invertido. La LOMCE se aprob¨® con los votos del grupo popular y la oposici¨®n de todas las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas, que se comprometieron a derogarla en cuanto hubiera una mayor¨ªa en el Congreso que lo permitiera. El PP critic¨® entonces las resistencias a aplicarla, pero ahora se dispone a hacer lo mismo. Utilizar los Gobiernos regionales, no para la buena gesti¨®n del territorio sobre el que tienen responsabilidad, sino como arietes de la estrategia nacional para desgastar al Ejecutivo central, supone una perversi¨®n de la naturaleza del Estado auton¨®mico. Con este planteamiento, los partidos que lo practican subordinan las competencias auton¨®micas a una finalidad ajena a la expresada por los electores de esa comunidad, y la ponen al servicio de los objetivos de oposici¨®n del partido a nivel estatal. La falta de lealtad a la que esta estrategia aboca subvierte la armon¨ªa de las relaciones institucionales, que en un Estado compuesto son esenciales para una buena gesti¨®n.