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Juan Carlos I, rey de Espa?a entre 1975 y 2014, ha anunciado esta semana un pago a Hacienda por valor de 678.000 euros para regularizar su situaci¨®n fiscal en relaci¨®n con una de las investigaciones que le afectan y tratar de evitar as¨ª ser sometido a un proceso judicial. Se trata de un episodio con importantes repercusiones. El pago busca saldar una deuda tributaria por el uso de fondos de procedencia opaca no declarados debidamente y constituye por tanto el reconocimiento de una actitud reprobable por parte del rey em¨¦rito. El comportamiento incorrecto es una responsabilidad individual. Es c...

Juan Carlos I, rey de Espa?a entre 1975 y 2014, ha anunciado esta semana un pago a Hacienda por valor de 678.000 euros para regularizar su situaci¨®n fiscal en relaci¨®n con una de las investigaciones que le afectan y tratar de evitar as¨ª ser sometido a un proceso judicial. Se trata de un episodio con importantes repercusiones. El pago busca saldar una deuda tributaria por el uso de fondos de procedencia opaca no declarados debidamente y constituye por tanto el reconocimiento de una actitud reprobable por parte del rey em¨¦rito. El comportamiento incorrecto es una responsabilidad individual. Es cierto, como dice el presidente S¨¢nchez, que se juzgan personas y no instituciones. Pero ser¨ªa un error obviar las consecuencias sist¨¦micas que tiene esta cuesti¨®n. Yerran quienes intentan relativizar el asunto y pretenden esperar a que el temporal amaine; yerran mucho ¡ªo algo peor¡ª quienes, aprovechando las conductas reprobables del rey em¨¦rito, buscan reventar el pacto constitucional que tanto progreso ha permitido a Espa?a, en una aventura pol¨ªtica peligrosa. Es preciso reconocer sin ambages la seriedad y los riesgos de una crisis que nubla el horizonte; y considerar lo necesario para contenerla.

Las circunstancias que han ido aflorando, como es notorio, son graves. Adem¨¢s del uso opaco de fondos aparentemente donados por un empresario mexicano que se ha querido regularizar esta semana, las autoridades investigan si don Juan Carlos pudo cobrar comisiones por la construcci¨®n del AVE a La Meca, adjudicado a empresas espa?olas, y si estas estar¨ªan relacionadas con la donaci¨®n de 65 millones de euros a Corinna Larsen, adem¨¢s de supuestas sociedades a su nombre en el para¨ªso fiscal de la isla de Jersey. Es probable que estas dos investigaciones acaben archivadas, por gozar de inmunidad en la primera y por falta de fundamento en la segunda, pero eso no resta gravedad a la situaci¨®n. Felipe VI adopt¨® tras su proclamaci¨®n una serie de importantes y apreciables decisiones, tomando distancia de su padre, retir¨¢ndole la asignaci¨®n p¨²blica, renunciando a la herencia de activos no declarados y fomentando la transparencia en la Casa del Rey. Pero es preciso considerar m¨¢s aspectos.

En primer lugar, al margen de una regularizaci¨®n que es un paso adecuado en el sentido de saldar cuentas con la Hacienda, es evidente que el rey em¨¦rito, que es todav¨ªa miembro de la Familia Real, debe a la ciudadan¨ªa y a las autoridades explicaciones. Apartarse de la vida p¨²blica era oportuno y necesario; eludir explicaciones, no. En segundo lugar, la actuaci¨®n de las autoridades judiciales y fiscales debe ser impecable en todo el recorrido que puedan tener los hechos sospechosos aflorados. Es necesario despejar cualquier m¨ªnima posible duda de trato de favor, como las que ha generado la aparente demora en la notificaci¨®n plena y formal de las investigaciones, que puede favorecer la resoluci¨®n sin juicio del fraude regularizado. En ese sentido, es importante que la Fiscal¨ªa haya anunciado que las pesquisas contin¨²an. En tercer lugar, hay que asumir que los elementos que se han conocido de la conducta del rey em¨¦rito inevitablemente cuestionan el r¨¦gimen de inviolabilidad de los monarcas en Espa?a. Es razonable reflexionar sobre si el deseable intento constitucional de proteger la figura del jefe de Estado debe entra?ar un escudo potencialmente vitalicio y total sobre sus actividades privadas. Cabe ponderar una forma de protecci¨®n acotada a los actos institucionales.

La Constituci¨®n de 1978, que consagra al monarca como jefe de Estado, cristaliza un pacto pol¨ªtico que es el pilar de la Espa?a moderna y su progreso. El sentimiento republicano es leg¨ªtimo y comprensible. Pero intentar volar el pacto constitucional por la v¨ªa de promover un cambio de la forma de Estado, como est¨¢n haciendo algunos dirigentes de Unidas Podemos, es irresponsable. Por ello, resulta oportuna una reflexi¨®n sosegada y compartida sobre posibles mejoras en cuanto a transparencia y rendici¨®n de cuentas. En ning¨²n caso est¨¢ en cuesti¨®n el decisivo papel que jug¨® Juan Carlos I para que la democracia echara s¨®lidas ra¨ªces en Espa?a, pero es cierto que la honorabilidad y la altura moral han sufrido una mancha. Los poderes del Estado deben emplearse a fondo para que esa mancha quede encapsulada.