Ecocidio, crimen internacional

El tres de septiembre de 2020 seis j¨®venes portugueses de nueve a veinti¨²n a?os demandaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la mayor¨ªa de los Estados miembros del Consejo de Europa. Apoyados por el Global Legal Action Network (¡°Haciendo frente a la injusticia a trav¨¦s de estrategias jur¨ªdicas internacionales¡± es su lema), alegaron como justificaci¨®n de la demanda y de acuerdo a los art¨ªculos 2 y 8 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos el profundo y da?ino impacto que el cambio clim¨¢tico est¨¢ teniendo tanto en su vida personal como en la familiar.

Afortunadamente, a causa del galopante cambio clim¨¢tico y los serios da?os que determinadas multinacionales est¨¢n provocando, la preocupaci¨®n de la sociedad ha crecido enormemente en a?os recientes. Buen ejemplo, aunque no el ¨²nico, es el de los j¨®venes litigantes lusos. Diversos Gobiernos, instituciones internacionales, parlamentos nacionales y el europeo, el Vaticano y por supuesto ONG, se han movilizado para lograr el reconocimiento del ecocidio como crimen internacional. Jur¨ªdicamente la tarea no es f¨¢cil, dado que existe un vac¨ªo legal internacional y hasta ahora los Estados no han concordado una definici¨®n legal com¨²n.

No obstante, se avanza. Polly Higgins, la eficaz activista escocesa, desgraciadamente fallecida de c¨¢ncer a los cincuenta a?os en 2019, defin¨ªa el ecocidio como ¡°el da?o generalizado, la destrucci¨®n de o p¨¦rdida del ecosistema de un territorio dado, por causa de actividad humana o por otras, hasta el punto de que el disfrute pac¨ªfico de ese territorio por sus habitantes ha sido o ser¨¢ severamente afectado¡±. Se trata de un da?o a la naturaleza de car¨¢cter generalizado, severo y sistem¨¢tico.

Personajes ilustres e instituciones relevantes contribuyeron hace d¨¦cadas a facilitar el clima que ha hecho posible iniciativas como la de los j¨®venes portugueses. Sin duda, el pionero fue el norteamericano Arthur Galston (1920-2008), bi¨®logo bot¨¢nico. En 1943 estudi¨® el uso del ¨¢cido triyodobenzoico (TIBA) para estimular la floraci¨®n de la soja, pero advirti¨® que su uso en niveles altos ten¨ªa un efecto defoliante. Ulteriormente EE UU convirti¨® el TIBA en el denominado agente naranja que arras¨® ingentes cantidades de selva vietnamita. Galston denunci¨® este uso mortal en la Conferencia sobre la Guerra y la Responsabilidad Nacional, Washington, 1970, donde acu?¨® el t¨¦rmino ecocidio y propuso un acuerdo internacional para prohibirlo. Dos a?os despu¨¦s, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Entorno Humano, el primer ministro de Suecia, Olof Palme (1927-1986), ante los bombardeos norteamericanos con el agente naranja en Vietnam, exigi¨® a la comunidad internacional un acuerdo sobre el crimen de ecocidio, con estas palabras: ¡°El aire que respiramos no es propiedad de ninguna naci¨®n. Lo compartimos. Los oc¨¦anos no est¨¢n divididos por fronteras nacionales. Son propiedad com¨²n nuestra. En el campo del ambiente humano no hay futuro individual, ni para los humanos ni para las naciones. Nuestro futuro es com¨²n. Hemos de compartirlo. Juntos tenemos que configurarlo¡±.

M¨¢s informaci¨®n

Nace un delito contra el planeta: el ecocidio

Personas e instituciones que abrieron el camino y que recientemente muchas otras est¨¢n contribuyendo a consolidar. No es precisamente un caminante menor el papa Francisco, quien en noviembre de 2019, en su alocuci¨®n en el Congreso Internacional de Derecho Penal, abog¨® por que el ecocidio sea incluido en la lista de cr¨ªmenes internacionales. Importantes son asimismo los alegatos de las Rep¨²blicas de Vanuatu y Maldivas, acosadas por el alarmante crecimiento de las aguas del Pac¨ªfico e ?ndico respectivamente, que, en cuanto miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) se han dirigido a la Asamblea de Estados Partes de la misma pidiendo que el ecocidio sea incorporado al Estatuto de Roma, carta fundadora del Tribunal. Hay numerosos ejemplos. Citemos por cercan¨ªa la resoluci¨®n aprobada (22-12-2020) por la Comisi¨®n de Exteriores del Congreso espa?ol solicitando del Gobierno la inclusi¨®n del delito de ecocidio en la legislaci¨®n espa?ola y el apoyo a la iniciativa de Vanuatu y Maldivas para incorporarlo al Estatuto de Roma.

En esta misma l¨ªnea acaba de hacerse p¨²blico el informe del equipo de juristas coordinado por Philippe Sands y Dior Fall Sow, con el patrocinio de la Stop Ecocide Foundation, oportunamente expuesto en estas p¨¢ginas por Guillermo Altares. Al igual que otras voces autorizadas, insisten en la necesidad de que la CPI tome cartas en el asunto. Pienso que esa es la v¨ªa. El pre¨¢mbulo de su carta fundacional habla de los graves cr¨ªmenes que ¡°constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad¡± y sin duda la alteraci¨®n clim¨¢tica es la mayor amenaza para la paz, la seguridad y los derechos humanos de quienes habitamos el planeta. La comunidad internacional ¡ªapoyando sin fisuras a la CPI¡ª debe sin dilaci¨®n emprender acciones concretas y efectivas para hacer frente a los crecientes peligros y al da?o desproporcionado que sufren innumerables comunidades en el mundo, especialmente las m¨¢s vulnerables, incluida la de los seis j¨®venes portugueses.

Emilio Men¨¦ndez del Valle es embajador de Espa?a.