Cuesti¨®n de (des)confianza

El pasado mes de diciembre, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya del Congreso present¨® una proposici¨®n no de ley instando a que el Gobierno se someta a una cuesti¨®n de confianza ante dicha c¨¢mara. Transcurrido m¨¢s de un mes, la proposici¨®n sigue varada en la Mesa del Congreso, a la espera de que los servicios jur¨ªdicos emitan un informe relativo a su admisi¨®n o no tr¨¢mite. Entre tanto, desde el Ejecutivo se ha ido afianzando una posici¨®n contraria al planteamiento de la cuesti¨®n de confianza, lo que ha generado un nuevo foco de tensi¨®n en el ya de por s¨ª tensionado contexto de la relaci¨®n con Junts, el m¨¢s d¨ªscolo de sus socios.

Act¨²a correctamente el Gobierno neg¨¢ndose a aceptar la exigencia formulada por los independentistas catalanes y m¨¢s all¨¢ de acudir al evidente subterfugio de ganar tiempo, que le viene impuesto por las dif¨ªciles circunstancias pol¨ªticas en las que se encuentra, no se entiende la tardanza de los letrados del Congreso en despejar la inc¨®gnita planteada en torno a la procedencia de tramitar la proposici¨®n presentada. La magnitud del desprop¨®sito jur¨ªdico e institucional que la misma implica conduce a rechazar de plano su viabilidad. Una breve mirada a la l¨®gica que sustenta nuestro sistema parlamentario as¨ª lo evidencia. El manual b¨¢sico del parlamentarismo nos ense?a que gobierna quien tiene mayor¨ªa en las c¨¢maras. A tal efecto, se prev¨¦ la existencia de la sesi¨®n de investidura (art¨ªculo 99 de la Constituci¨®n Espa?ola), a trav¨¦s de la que un candidato a la presidencia del Gobierno se presenta ante el Congreso de los diputados, solicitando su apoyo mayoritario. Solo si obtiene este imprescindible aval, se convertir¨¢ en el jefe del Ejecutivo. Pero una vez verificada efectivamente esa legitimidad de origen, la confianza parlamentaria debe mantenerse a lo largo de la legislatura, ya que el Gobierno, para sacar adelante sus iniciativas, requiere revalidar el aval inicial en cada una de las votaciones que tienen lugar en las c¨¢maras. Es as¨ª que a la ineludible legitimidad que se deriva de la mayor¨ªa requerida en el punto de partida se suma la no menos imprescindible legitimidad que debe acompa?ar al ejercicio de la actividad gubernamental. Atendiendo a tal planteamiento de fondo es evidente que en la presente legislatura concurre una situaci¨®n especialmente compleja para el Ejecutivo presidido por Pedro S¨¢nchez, puesto que se enfrenta a una incertidumbre pr¨¢cticamente constante sobre el ¨¦xito parlamentario de sus propuestas, la cual se deriva de la volatilidad en el mantenimiento de los apoyos de sus socios de investidura. La no presentaci¨®n del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente a?o o las dudas sobre si fundamentales decretos-leyes aprobados por el Ejecutivo ser¨¢n o no convalidados en el Congreso as¨ª lo dejan en evidencia, con la carga de inestabilidad que ello implica para el coherente desarrollo de la acci¨®n de gobierno.

Precisamente para verificar si ese apoyo inicialmente mostrado en la sesi¨®n de investidura se mantiene o ha dejado de existir, nuestro r¨¦gimen parlamentario, ajust¨¢ndose a la pauta com¨²n de otros sistemas de nuestro entorno, cuenta con dos instrumentos espec¨ªficos de car¨¢cter extraordinario. Por un lado, la moci¨®n de censura (art¨ªculo 114.2 CE), cuya iniciativa recae en el Congreso de los Diputados: concretamente, se requiere que su iniciativa sea avalada por una d¨¦cima parte de los miembros de dicha c¨¢mara. Ha de incorporar, asimismo, un candidato a la presidencia del Gobierno, que acceder¨¢ a la misma si la moci¨®n cuenta con el voto favorable de la mayor¨ªa absoluta de los diputados. De las distintas mociones de censura planteadas desde la entrada en vigor de la Constituci¨®n solo una ha salido adelante, en 2018, obligando a la dimisi¨®n del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y conduciendo a Pedro S¨¢nchez a la jefatura del Ejecutivo.

Pero hay una segunda v¨ªa de comprobaci¨®n de la subsistencia de apoyo al Gobierno en sede parlamentaria que es menos conocida, pero no por ello dotada de una menor importancia: la cuesti¨®n de confianza (art¨ªculo 112 CE). En este caso, la iniciativa recae sobre el presidente del Ejecutivo, al que la Constituci¨®n atribuye tal facultad, si bien antes de presentar la cuesti¨®n de confianza ante la c¨¢mara baja deber¨¢ someterse a deliberaci¨®n en el Consejo de Ministros. El objeto de la cuesti¨®n se vincula a la acci¨®n de Gobierno, pudiendo referirse gen¨¦ricamente a ¡°su programa¡± o bien, en t¨¦rminos m¨¢s espec¨ªficos, a ¡°una declaraci¨®n de pol¨ªtica general¡±. Si se obtuviera la mayor¨ªa simple de los votos del Congreso, el apoyo necesario para el Ejecutivo queda revalidado y, adicionalmente, sale reforzado con respecto a los temas a los que se vincul¨® la cuesti¨®n de confianza. L¨®gicamente, si la mayor¨ªa requerida no se logra, el Presidente est¨¢ obligado a dimitir (art¨ªculo 114.2 CE).

Sobre la base de la regulaci¨®n aludida, resulta meridianamente claro que no es jur¨ªdicamente aceptable que desde un grupo parlamentario se pretenda no ya solicitar sino forzar al presidente del Gobierno a presentar una cuesti¨®n de confianza, como sucede en el caso que comentamos. En modo alguno se puede obviar que estamos ante una facultad exclusiva de aquel cuyo ejercicio depende exclusivamente de su voluntad, seg¨²n dispone la Constituci¨®n. Pero m¨¢s all¨¢ de este supuesto puntual, en perspectiva institucional, no admite duda que un Gobierno solo acudir¨¢ a la v¨ªa de la cuesti¨®n de confianza si tiene la certidumbre de contar con el apoyo de la mayor¨ªa del Congreso, logrando un efecto de visibilizaci¨®n que vendr¨¢ a reforzarlo pol¨ªticamente. Salirse de tal guion y dar luz verde a este mecanismo en un contexto de mayor¨ªa incierta como el actual supondr¨ªa un absurdo ejercicio de autolesionismo, una suerte de inexplicable hara-kiri. Precisamente por tal raz¨®n, en nuestra experiencia constitucional actual, la figura de la cuesti¨®n de confianza solo ha sido utilizada en dos ocasiones y en fechas ya lejanas. Abri¨® la serie, la planteada por Adolfo Su¨¢rez en 1980 y qued¨® cerrada por el momento con la que activ¨® Felipe Gonz¨¢lez en 1990. En ambos casos, resultaron exitosas y, por lo tanto, no provocaron la ca¨ªda de los respectivos gobiernos.

As¨ª, pues, la pretensi¨®n esgrimida por Junts per Catalunya en su proposici¨®n no de ley se muestra despojada de base constitucional, ya que se arroga una competencia que, seg¨²n se ha visto, tan solo corresponde al Presidente del Gobierno. Desde tal perspectiva, nos enfrentamos a un sinsentido jur¨ªdico. Asimismo, tampoco podr¨ªa considerarse, como han aducido algunos, que estamos ante una moci¨®n de censura encubierta, puesto que no cumple ninguna de las exigencias establecidas por las normas constitucionales.

En realidad, con esta iniciativa de la cuesti¨®n de confianza el Gobierno se topa con otro movimiento del grupo parlamentario de Junts que parad¨®jicamente es fruto de la desconfianza. Una iniciativa que busca poner a aquel ante un nuevo episodio de seria dificultad en el ¨¢mbito parlamentario y que, al mismo tiempo, supone otro ejemplo de pretendida autoafirmaci¨®n de Junts, mediante el que se hace patente una voluntad pol¨ªtica que marca distancias no solo con los socialistas sino tambi¨¦n con Esquerra Republicana, otro de los socios de investidura de Pedro S¨¢nchez y directo competidor electoral en Catalu?a.

El tablero pol¨ªtico de esta legislatura sufre, pues, con la referida iniciativa una nueva vuelta de tuerca y la cuerda de la l¨®gica parlamentaria experimenta un ulterior tensionamiento. Frente a la incertidumbre sobre el futuro de la legislatura, dos certidumbres emergen: Primero, que la proposici¨®n de ley sobre el planteamiento de la cuesti¨®n de confianza resulta disparatada, careciendo de recorrido jur¨ªdico y pol¨ªtico. Segundo, que no tardar¨¢n en surgir nuevas iniciativas en pro del desgaste gubernamental. La negativa de Junts a apoyar la convalidaci¨®n del denominado decreto-ley ¨®mnibus supone un elocuente ejemplo ¡ªotro m¨¢s¡ª en este sentido.