¡®Lobbies¡¯, m¨¢s que palabras

La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha recordado por cuarto a?o consecutivo a los miembros del Parlamento su obligaci¨®n de informar sobre sus contactos con representantes de grupos de inter¨¦s ¡ªpopularmente conocidos como lobbies, por el t¨¦rmino ingl¨¦s de pasillo¡ª, una medida adoptada en 2020 tras las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa. Los avisos han sido m¨¢s en¨¦rgicos cada a?o conforme pasaba el tiempo sin que sus se?or¨ªas hayan seguido las exigencias de la Oficina.

En 2024, solo uno de cada cuatro senadores hab¨ªa hecho p¨²blica su agenda completa. En el Congreso, la cifra era a¨²n m¨¢s reducida: uno de cada siete. El problema fundamental es que, a falta de un desarrollo reglamentario que penalice a los parlamentarios que no cumplan con su obligaci¨®n, lo que deber¨ªa ser una exigencia se convierte, en la pr¨¢ctica, en una recomendaci¨®n.

La falta de acci¨®n real en Espa?a contrasta con otras c¨¢maras europeas, empezando por el propio Parlamento Europeo, que desde hace m¨¢s de una d¨¦cada obliga a publicar todos los contactos de los eurodiputados en sus despachos.

Hace apenas unas semanas el Gobierno present¨® un proyecto para regular los lobbies y su relaci¨®n con los altos cargos del Ejecutivo y el personal de confianza. Es la tercera vez que lo hace: dos proyectos presentados la anterior legislatura decayeron sin llegar a prosperar. Seg¨²n las proyecciones del Ministerio de Transformaci¨®n Digital, el n¨²mero de profesionales del lobby en Espa?a puede ascender a 28.000 personas, sin contar con sindicatos, patronales y colegios profesionales.

Puede ser dif¨ªcil extirpar de la pol¨ªtica espa?ola la mentalidad de reservado de restaurante, la borrosa l¨ªnea entre lo p¨²blico y lo privado que ha caracterizado la actividad de algunos diputados y senadores pr¨¢cticamente desde el principio de nuestra vida parlamentaria, pero los votantes merecen saber a qui¨¦nes escuchan sus representantes. Y no solo en las instalaciones del Congreso y el Senado. Es evidente que las Cortes necesitan aprobar medidas m¨¢s robustas para garantizar mejor la transparencia en el proceso legislativo. Hasta que ese d¨ªa llegue, los pol¨ªticos siguen teniendo una obligaci¨®n que cumplir: rendir cuentas de lo que hacen como pol¨ªticos.