La ¡®trama G¨¹rtel¡¯ vuelve a la carga para anular todo el proceso judicial

Los principales imputados del caso G¨¹rtel, una trama corrupta alimentada por cientos de contratos a dedo adjudicados por administraciones gobernadas por el PP durante al menos 10 a?os, vuelven a la carga para intentar anular todo el proceso judicial alegando problemas de forma en la investigaci¨®n.

Los intentos hechos por los principales encausados para enterrar el proceso se han estrellado hasta ahora con la oposici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, de la Abogac¨ªa del Estado, y con el rechazo de los jueces. Estos han resuelto los distintos recursos presentados a lo largo de los ¨²ltimos cuatro a?os desestimando las demandas de los supuestos corruptos para librarse del proceso judicial.

En los ¨²ltimos d¨ªas, el jefe de la red corrupta, Francisco Correa; el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas; los exdiputados madrile?os Alberto L¨®pez Viejo y Alfonso Bosch; y el empresario Alfonso Garc¨ªa Pozuelo, han presentado diversos escritos en el juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 5 solicitando la nulidad de todo el proceso. Alegan, en una estrategia judicial com¨²n, que no existe original de las cintas grabadas por Jos¨¦ Luis Pe?as, exconcejal del PP en Majadahonda, con las conversaciones que tuvo durante 2008 con Francisco Correa y otros miembros de su red.

En esas conversaciones, Correa admite gran parte de los delitos que desde entonces persigue la justicia. Entre ellos, el pago a B¨¢rcenas de seis millones de euros (1.000 millones de pesetas) para el extesorero y para su partido procedentes de comisiones ilegales recaudadas gracias a adjudicaciones de obras durante el periodo en que el Ministerio de Fomento estaba en manos de Francisco ?lvarez-Cascos. Las grabaciones tambi¨¦n destapan la adjudicaci¨®n a dedo de cientos de contratos en la Comunidad de Madrid a cambio de sobornos a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre; o de los tratos de favor del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps por los que la red corrupta recibi¨® decenas de regalos.

Cuando el exconcejal del PP Jos¨¦ Luis Pe?as, puso esas cintas, grabadas durante meses sin conocimiento de sus interlocutores, a disposici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, se inici¨® una investigaci¨®n judicial para comprobar que los detalles relatados por Correa y miembros de su trama eran ciertos.

El caso fue asumido por el juez Baltasar Garz¨®n en agosto de 2008, cuando abri¨® una causa secreta y dict¨® diversas ¨®rdenes para investigar las denuncias. Como consecuencia de la intervenci¨®n de las comunicaciones telef¨®nicas de los miembros de la red, la polic¨ªa descubri¨® que Correa preparaba una fuga a Panam¨¢ y el juez Garz¨®n dict¨®, en febrero de 2009, ¨®rdenes de detenci¨®n de los tres supuestos jefes de la trama: Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y su cu?ado Antoine S¨¢nchez, as¨ª como distintos registros en Ayuntamientos y comunidades gobernadas por el Partido Popular. As¨ª arranc¨® el caso G¨¹rtel que, cuatro a?os despu¨¦s, los principales imputados intentan anular con un recurso a la desesperada.

La causa judicial se sostiene con m¨²ltiples pruebas recabadas durante cuatro a?os de investigaci¨®n judicial que arranc¨® tras la denuncia del exconcejal Pe?as y sus conversaciones grabadas a la trama corrupta. Hay varias decenas de comisiones rogatorias ¡ªinvestigaciones judiciales en otros pa¨ªses¡ª que ya han destapado suficientes evidencias de delitos fiscales y de blanqueo de capitales cometidos por m¨¢s de una decena de imputados en el caso. Hay documentos requisados durante los registros en la sede central de la red corrupta que han puesto al descubierto la contabilidad b de la trama desde la que se sobornaba a pol¨ªticos. Hay numerosos testimonios judicializados que acreditan los delitos investigados y hay conversaciones telef¨®nicas grabadas con mandato judicial que apuntalan toda la acusaci¨®n que sostiene desde hace cuatro a?os la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

No es la primera vez que los distintos imputados del caso G¨¹rtel se ponen de acuerdo para impulsar recursos cuyo objetivo es poner fin a la causa antes de que se abra juicio oral.

Hace solo unos meses, el ¨²ltimo intento de anular la causa lo protagoniz¨® el empresario Jos¨¦ Luis Ulibarri, imputado por pagar comisiones ilegales a cambio de contratos en Ayuntamientos gobernados por el PP. En su recurso, aleg¨® que las escuchas en la c¨¢rcel a los abogados de la trama corrupta, retiradas de la causa tras determinarse su ilegalidad, ¡°son nulas, est¨¢n viciadas por la forma en que se obtuvieron¡± y contaminan toda la causa. Pero tanto la Fiscal¨ªa como la Abogac¨ªa del Estado defendieron entonces en sendos escritos que ¡°el alcance de la nulidad de esas pruebas afecta a un m¨ªnimo acervo indiciario incriminatorio que ha sido retirado de la causa¡±. Adem¨¢s, concluyeron, los indicios racionales de criminalidad que se imputa a los implicados ¡°no traen causa de aquellas pruebas declaradas nulas¡±.

La intervenci¨®n de las comunicaciones de los corruptos con sus abogados motiv¨® una querella contra el juez Garz¨®n que prosper¨® en el Tribunal Supremo. El magistrado fue condenado por prevaricaci¨®n, lo que provoc¨® su expulsi¨®n de la carrera judicial.

Los abogados de los corruptos lograron expulsar a Garz¨®n de la carrera judicial e intentan que la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n vinculada al PP y a instituciones gobernadas por este partido quede impune.