La interferencia

En la famosa escena de la noria de El tercer hombre, Harry Lime explica a su ingenuo amigo la l¨®gica que preside su actuaci¨®n delictiva al comerciar con penicilina adulterada. Vistos desde lo alto, los hombres pierden el perfil de su condici¨®n humana; son puntitos negros que impunemente pueden ser aplastados en beneficio propio.

Es lo que debi¨® pensar Urdangarin cuando puso en marcha la Fundaci¨®n Cultura-Deporte-Integraci¨®n Social, sobre los ni?os discapacitados que le iban a servir de gancho para supuestamente consumar la m¨¢s abyecta de sus supuestas ¡ªnormas obligan¡ª estafas. Contemplados desde su atalaya de miembro de la familia real, los discapacitados eran simples puntos negros, perd¨ªan la condici¨®n humana; hab¨ªa que darles lo m¨ªnimo posible, lo justo para seguir adelante con la apropiaci¨®n de los donativos y su colocaci¨®n en para¨ªsos fiscales.

No cuentan, pues, solo los delitos econ¨®micos, sino la profunda inmoralidad que ha marcado a la trayectoria iniciada con N¨®os y culminada con el episodio citado. En cuando al conocimiento de los hechos y a la implicaci¨®n de do?a Cristina de Borb¨®n, fundamento de la inculpaci¨®n del juez Castro, no existe dato alguno para arrojar dudas sobre ambas cosas. Con toda seguridad, no era ella la gestora de la trama, pero, simplemente por los signos externos, una persona no de sobresaliente inteligencia, sino simplemente normal, tiene que percibir que con los ingresos de ambos no era posible comprar el palacete de Pedralbes. Cristina dio por bueno que su marido utilizase a fondo las influencias derivadas de su condici¨®n real para los negocios, estuvo en condiciones de tomar nota de las advertencias de su padre, y asumi¨® el papel de cofundadora de Aiz¨®on, la sociedad que se encarg¨® de la desviaci¨®n de fondos. Si a esto a?adimos que ante la ley no le corresponde aforamiento alguno, carece de sentido cuestionar que el juez la interrogue sobre tales aspectos. Salvo que nos situemos en la esfera del privilegio y de la impunidad. Algo apunt¨® su desabrida respuesta a las periodistas que intentaban hablar con ella en Estados Unidos el mismo d¨ªa en que Urdangarin sali¨® corriendo: eran las culpables de lo que estaba pasando.

Es la Corona quien paga toda intervenci¨®n como la que est¨¢ en curso

Ante un escenario tan turbio, la l¨ªnea de conducta del Monarca debi¨® quedar trazada por sus propias palabras: primero, la ley es igual para todos; y segundo, la conducta de la familia real ha de ser ejemplar. Tal vez no pens¨® que las cosas llegar¨ªan tan lejos, pero lo cierto es que de forma creciente la Casa del Rey ha dado signos de malestar, lo cual, de cara a los jueces, supone una presi¨®n mucho m¨¢s fuerte que la que pudiera derivarse de la opini¨®n p¨²blica. La propia exclusi¨®n de Urdangarin del espacio regio no se debi¨® al conocimiento de sus actividades, sino al correo divulgado por Torres donde jugaba con su t¨ªtulo de duque ¡°em¡­¡±.

La reacci¨®n al auto del juez Castro se?ala un punto de no retorno, veros¨ªmilmente doblado con presiones ejercidas a trav¨¦s de medios pol¨ªticos conservadores, a pesar de la neutralidad inicial: esperp¨¦ntica oposici¨®n del fiscal anticorrupci¨®n a que se recaben datos sobre un caso grave de corrupci¨®n, ataques contra el juez. La declaraci¨®n p¨²blica de la Casa del Rey ¡ªabreviemos: del Rey¡ª disipa toda duda: lleg¨® el momento de arrojar todo el peso simb¨®lico de la Corona contra la marcha normal del procedimiento. El Rey puede sorprenderse en privado; la manifestaci¨®n p¨²blica indica disgusto, ?o es que el juez deb¨ªa hab¨¦rselo notificado antes? Y ¡°la absoluta conformidad¡± a la impugnaci¨®n del fiscal solo tiene una calificaci¨®n: interferencia. El Rey no es responsable; luego no debe cometer directa o indirectamente actos propios de una posici¨®n de responsabilidad, y menos condicionando una acci¨®n judicial.

Ni leones bajo el trono, como quer¨ªa Jacobo I, ni sometidos ahora a una presi¨®n cuyos promotores olvidan que el propio Rey, en el Estado de derecho, ha de comportarse como primer magistrado de la naci¨®n, no como cabeza de una familia, asumiendo encontrarse sub Deo et lege seg¨²n la f¨®rmula cl¨¢sica del juez Coke. Hoy dir¨ªamos que en el marco estricto del Estado de derecho, favoreciendo la aplicaci¨®n del mismo a un caso de corrupci¨®n en el cual el nombre del Rey ha sido recurrentemente utilizado para tr¨¢fico de influencias.

Una vez escuch¨¦ a don Juan Carlos relatar lo que le hab¨ªa costado acceder a la Corona. En la circunstancia presente, esa prioridad de la instituci¨®n debiera ser afirmada contra toda preferencia personal. Es la Corona quien paga la cuenta de toda intervenci¨®n arbitraria, como la actualmente en curso.