Juicio a la c¨²pula del PP de Camps por financiaci¨®n ilegal
Ricardo Costa, Vicente Rambla y otros tres excargos ser¨¢n juzgados por delito electorales
El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha abierto este viernes juicio oral a cinco miembros de la c¨²pula del PP valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps por tres supuestos delitos electorales (financiaci¨®n ilegal) en los comicios de 2007 y 2008. El magistrado sienta tambi¨¦n en el banquillo de los acusados a una decena de empresarios de la construcci¨®n y la obra p¨²blica que recibieron adjudicaciones de la Generalitat, as¨ª como a los cabecillas de la red G¨¹rtel, incluido su l¨ªder, Francisco Correa. Camps nunca ha estado imputado en este caso.
Los empresarios, seg¨²n recoge el auto judicial, pagaron supuestamente actos electorales del PP regional en las campa?as de las elecciones municipales de 2007, las auton¨®micas de ese mismo a?o y las generales de 2008 a Orange Market, la empresa en Valencia de G¨¹rtel que se ocupaba en exclusiva de montar los m¨ªtines y dem¨¢s convocatorias del partido.
Para encubrir los pagos ¡ªprohibidos por la legislaci¨®n electoral¡ª, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, ¡°que no ten¨ªan una sustantividad real al modo de la contraprestaci¨®n de servicios¡±.
Adem¨¢s de financiaci¨®n ilegal, el juez De la Mata aprecia indicios de supuesta falsedad documental en los exdirigentes populares y varios delitos contra la Hacienda p¨²blica en el caso de los cabecillas de G¨¹rtel. Y fija fianzas ¡°para la cobertura de eventuales responsabilidades pecuniarias¡± que suman cerca de 35 millones de euros.
Penas de hasta 27 a?os de prisi¨®n y casi 35 millones de euros en fianzas
Direcci¨®n regional. Cinco de los 20 acusados que ser¨¢n juzgados integraban la c¨²pula del PP valenciano en 2007 y 2008, a excepci¨®n del expresidente Francisco Camps. Son el director de campa?a, el secretario general, la gerente, el vicesecretario de organizaci¨®n y la tesorera.
Penas de prisi¨®n. Las penas pedidas por la fiscal¨ªa oscilan entre los 27 a?os de prisi¨®n para los jefes de G¨¹rtel, los casi ocho a?os para los pol¨ªticos y los entre dos y seis a?os para los empresarios.
Responsabilidad pecuniaria. Las fianzas impuestas por el juez a los acusados suman casi 35 millones de euros. Pero casi todo el importe corresponde a los cabecillas de G¨¹rtel. Las fianzas para Francisco Correa y Pablo Crespo suman 8,8 millones. La de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, 10,2 millones. La de Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, 8,7 millones. Y la de C¨¢ndido Herrero, 6,9 millones. Las de los empresarios y pol¨ªticos resultan bajas en comparaci¨®n. La de Vicente Rambla suma 52.800 euros, la de la extesorera ¡ªque apenas particip¨® en los hechos porque estuvo de baja¡ª 867 euros, y las de los empresarios rondan los 30.000 euros.
Delitos fiscales. La diferencia entre la eventual responsabilidad pecuniaria que se exige garantizar a unos y otros ¡ªas¨ª como en la gravedad de las penas¡ª se debe a que a los miembros de G¨¹rtel se les acusa tambi¨¦n de fraude en el IVA, IRPF e impuesto de sociedades en cuatro ejercicios.
Los exdirigentes populares que se sentar¨¢n en el banquillo constitu¨ªan el n¨²cleo m¨¢s cercano a Camps, que dirigi¨® el Gobierno valenciano de 2003 a 2011. Se trata de los entonces vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa; gerente regional del partido, Cristina Ib¨¢?ez, y el vicesecretario de Organizaci¨®n, David Serra ¡ªdetenido en enero en la operaci¨®n Taula¡ª, quienes afrontan peticiones de pena por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que se elevan a siete a?os y nueve meses de prisi¨®n. Y tambi¨¦n de la que fue tesorera Yolanda Garc¨ªa, para quien solicita solo seis meses de c¨¢rcel.
Los 10 empresarios que ser¨¢n juzgados eran responsables de varias de las mayores compa?¨ªas valencianas de su sector en la etapa del boom inmobiliario y de infraestructuras que precedi¨® a la crisis, como Sedesa, Lubasa, Facsa, Enrique Ortiz e Hijos y Piaf. Los constructores se enfrentan a peticiones de pena de entre dos y seis a?os de c¨¢rcel por parte del ministerio p¨²blico. El magistrado ha declarado a sus mercantiles responsables civiles subsidiarias.
Los empresarios que ser¨¢n enjuiciados son Enrique Gimeno, Antonio Pons, Alejandro Pons, Rafael Mart¨ªnez Berna ¡ªexpresidente de la patronal de Alicante¡ª, Tom¨¢s Mart¨ªnez Berna, Gabriel Batalla Raigada, Enrique Ortiz ¡ªprocesado tambi¨¦n en el caso Brugal¡ª, Jos¨¦ Francisco Bevia Garc¨ªa, Enrique Fresquet y Vicente Cotino ¡ªsobrino del exvicepresidente valenciano Juan Cotino, imputado en la pieza de G¨¹rtel sobre la visita del Papa¡ª.
La fiscal¨ªa solicita las condenas m¨¢s altas, hasta 27 a?os de c¨¢rcel, para los cabecillas de G¨¹rtel: Correa, su lugarteniente Pablo Crespo y el delegado en Valencia y director de Orange Market, ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. Camps llamaba a P¨¦rez ¡°amiguito del alma¡± en una de las grabaciones policiales autorizadas por el entonces titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n.
El reverso de la Operaci¨®n Taula
Los investigadores de Taula (la ¨²ltima operaci¨®n que afecta al PP valenciano) creen que la rama valenciana de G¨¹rtel es otra cara de la actividad il¨ªcita presuntamente desarrollada por el partido. La cara a, la de G¨¹rtel, investiga la financiaci¨®n irregular en virtud de la relaci¨®n de los adjudicatarios de obras con la red de Francisco Correa. Taula, la cara b, pone el foco en la relaci¨®n de adjudicatarios, Administraci¨®n y partido. Una empresa, Cyes, cuyos responsables estuvieron investigados por G¨¹rtel, est¨¢ ahora en el foco de los investigadores de Taula.
Para el asesor fiscal de la red, Jos¨¦ Ram¨®n Blanco Bal¨ªn, y para el empleado de Orange Market C¨¢ndido Herrero, la fiscal¨ªa ha pedido 17 a?os y medio y 19 a?os de prisi¨®n, respectivamente. Las condenas solicitadas por la acusaci¨®n popular que ejercen los socialistas son inferiores en todos los casos.
Fondos para la caja b
El juez De la Mata concluye de la investigaci¨®n iniciada en 2008 que el PP valenciano pag¨® a Orange Market ¡°presuntamente de forma dual¡± por organizar sus actos. ¡°Al menos una parte relevante se abon¨® con cantidades econ¨®micas ajenas al circuito econ¨®mico legal¡±. Unos fondos que, seg¨²n los indicios reunidos en el sumario, eran denominados por los implicados ¡°Barcelona¡±. Y supuestamente engrosaron ¡°la caja b de Orange Market y la del grupo¡± de Correa.
¡°Con el prop¨®sito de obtener un mayor despliegue en el proceso electoral¡±, mantiene el juez instructor, ¡°tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008 los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular¡±.
Los actos electorales fueron presuntamente satisfechos ¡°en parte en efectivo y en parte a trav¨¦s de terceros¡±. Y, tanto en un caso como en otro, ¡°tales pagos no quedaron reflejados en facturaci¨®n ni en contabilidad¡±, incumpliendo la normativa que establece ¡°l¨ªmites de gasto as¨ª como requisitos y prohibiciones a las donaciones privadas¡±.
De la Mata se?ala que la empresa que dirig¨ªa El Bigotes se encarg¨® en las tres campa?as sospechosas de montar todos los m¨ªtines y contratar la propaganda. Y cobr¨® de empresas adjudicatarias de la Generalitat. ¡°Aparte de infringir la gen¨¦rica prohibici¨®n legal de abono de los gastos de los partidos pol¨ªticos por terceras personas, quienes abonaron a Orange Market parte de los servicios eran grupos que por tener contratos con las Administraciones no pod¨ªan hacer donaciones al PP¡±, se?ala el magistrado.
A la vista de los documentos incautados en los registros y de las conversaciones grabadas por la polic¨ªa, el juez observa que la deuda que el PP manten¨ªa con su proveedor de actos electorales se reduc¨ªa a medida que los empresarios acusados pagaban a Orange Market por actividades como dise?o de marcas, ¡°asesoramiento de relaciones p¨²blicas¡± y ¡°estudios de impacto¡±, ¡°que realmente no se hab¨ªan producido¡±.
El juez atribuye tambi¨¦n a los cabecillas de G¨¹rtel fraude fiscal en varios ejercicios en los pagos de IVA, IRPF e impuesto de sociedades.
La rama valenciana de G¨¹rtel tiene otras tres piezas separadas que se centran en las adjudicaciones de la Generalitat a la trama. El juicio de una de ellas, sobre los contratos de Fitur, concluir¨¢ en marzo.
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