Veinte colectivos piden al Congreso que la Iglesia devuelva los inmuebles inmatriculados
Estrasburgo ha condenado a Espa?a a pagar 600.000 euros por violaci¨®n del derecho de propiedad
La Coordinadora Estatal para la Recuperaci¨®n del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Cat¨®lica, que agrupa a 26 colectivos de todo el pa¨ªs, llevar¨¢ al Congreso de los Diputados la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que conden¨® al Estado por no defender los derechos de propiedad de una empresa ganadera frente al Opispado de Palencia. A trav¨¦s de la petici¨®n, la coordinadora?exige al Congreso de los Diputados la creaci¨®n de una comisi¨®n que determine el procedimiento m¨¢s adecuado para restaurar la que consideran ¡°legalidad conculcada por esta violaci¨®n continuada de los derechos humanos¡± y la publicaci¨®n del listado de todos los bienes?que Iglesia Cat¨®lica inmatricul¨® a su nombre antes de la reforma de la ley hipotecaria de 2015. Es decir, cuando los diocesanos pod¨ªan inscribir las propiedades a su nombre sin otro requerimiento que un certificado del mismo Obispado.
El fallo de Estrasburgo, conocido el pasado 20 de diciembre, condena al Estado a indemnizar en 600.000 euros a la?Sociedad An¨®nima del Ucieza por no?haber llevado a cabo un juicio equitativo en la querella, durada casi dos d¨¦cadas, entre la empresa y el Opispado de Palencia que, en 1994, inscribi¨® a su nombre una capilla que se encontraba en la propiedad de la sociedad. "Tenemos derecho a saber y a reclamar", explica el portavoz de la coordinadora, Jorge Garc¨ªa, "la sentencia representa un hito extraordinario despu¨¦s de a?os de opacidad" y?representa "un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiaci¨®n de miles de inmuebles",?entre ellos la Mezquita Catedral de C¨®rdoba.
El Govern Central defensa les operacions de les immatriculacions massives irregulars de l¡¯esgl¨¦sia cat¨°lica. ¨C... https://t.co/JqJkOsCD35
— Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) January 8, 2017
Seg¨²n un comunicado difundido por la coordinadora, la semana pasada el Ejecutivo volvi¨® a negar la informaci¨®n requerida por el senador de Comprom¨ªs, Carles Mulet, sobre inmatriculaciones en dos preguntas escritas. En su respuesta, el Gobierno defendi¨® que "el Ministerio de Justicia no dispone de los datos relativos a las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia Cat¨®lica [...]" y tampoco la tienen los decanatos Auton¨®micos o Territoriales. Garc¨ªa, sin embargo, afirma que cuanto declarado por el Gobierno "es mentira".
El portavoz de la plataforma defiende que en Navarra y Pa¨ªs Vasco la informaci¨®n se tramit¨® a trav¨¦s de los decanatos territoriales de los registradores, a ra¨ªz de las peticiones de los parlamentos auton¨®micos. La coordinadora considera que los tribunales espa?oles est¨¢n obligados a aplicar la sentencia de Estrasburgo conforme al principio de Convencionalidad, que se desprende del art¨ªculo 96 de la Constituci¨®n Espa?ola. "Es inadmisible que un Estado como Espa?a tenga que responder de la violaci¨®n de derechos humanos a Estrasburgo", concluye Garc¨ªa.
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