5.000 viviendas de la Comunidad de Madrid fueron vendidas a fondos de inversi¨®n

La venta en octubre de 2013 por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas p¨²blicas a dos fondos buitre no es un caso aislado. Este tipo de operaciones fueron una pr¨¢ctica repetida por el Partido Popular de Madrid no solo en gobiernos municipales , sino tambi¨¦n en el de la comunidad aut¨®noma a trav¨¦s del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).

El caso m¨¢s parecido se produjo tambi¨¦n en 2013, cuando el organismo auton¨®mico vendi¨® 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales p¨²blicos repartidos por la capital (m¨¢s de un tercio) y otros 16 municipios. Los compr¨® un fondo de inversi¨®n vinculado al grupo Goldman Sachs a trav¨¦s de una empresa instrumental creada espec¨ªficamente para esta operaci¨®n. Pag¨® 210 millones por todo el lote. Fuentes socialistas estimaron el precio de mercado del conjunto en m¨¢s de 400 millones.

Un juzgado anul¨® en mayo pasado esta venta, pero la Comunidad recurri¨® la decisi¨®n, pese al compromiso adquirido por el actual presidente regional, ?ngel Garrido, (PP) de que jam¨¢s se volver¨ªa a realizar una operaci¨®n similar. Este caso est¨¢ adem¨¢s siendo investigado por el Juzgado de Instrucci¨®n 48 de Madrid a ra¨ªz de una querella presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de la comunidad. El juzgado mantiene como investigados por prevaricaci¨®n a la ex directora gerente del Ivima Ana Gomendio y a su antecesor, Juan Van Halen, pero la Secci¨®n de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid acaba de pedir que se archive el caso.

En el municipio de Tres Cantos se ha dado tambi¨¦n una casu¨ªstica parecida con la venta de 1.000 viviendas de protecci¨®n oficial promovidas con dinero privado en suelo p¨²blico y bajo un r¨¦gimen de alquiler con opci¨®n a compra. Antes de que se cumplieran los siete a?os de alquiler acordados, las viviendas fueron vendidas al fondo de inversi¨®n Fidere, que no ha respetado las condiciones pactadas con los adjudicatarios. Los inquilinos tienen ahora que decidir si compran o siguen en alquiler con un precio superior o se marchan.

Esta operaci¨®n llev¨® a Tres Cantos, a principios de diciembre, a declarar non grato al fondo de inversi¨®n Fidere. Se convirti¨® as¨ª en el segundo municipio que adopta esta medida. El primero fue, en octubre pasado, San Sebasti¨¢n de los Reyes. En este caso el fondo reprobado era Lazora, al que los vecinos reprochan pr¨¢cticas abusivas por incumplir una petici¨®n institucional que le instaba a negociar con las 37 familias que viv¨ªan de alquiler en su propiedad. Los vecinos se negaban a pagar un aumento mensual de hasta un 68% para seguir en las casas, que dejaron de estar protegidas en 2016. La decisi¨®n fue simb¨®lica y no acarreaba consecuencias econ¨®micas ni jur¨ªdicas para la empresa, pero sirvi¨® para dar ejemplo.

Fuera de Madrid, apenas se han producido episodios similares. En Valencia, el fondo brit¨¢nico Anacap Financial Partners compr¨® el pasado septiembre a la Sociedad de Garant¨ªa Rec¨ªproca (SGR) de la comunidad aut¨®noma ¡ªentidad financiera encargada de avalar a las peque?as y medianas empresas y participada por la Generalitat valenciana¡ª una cartera de m¨¢s de 700 activos inmobiliarios por cerca de 29 millones de euros. Eran pisos, naves industriales, garajes, suelos o, incluso, un chal¨¦ con piscina. Constitu¨ªan los activos m¨¢s t¨®xicos derivados de avales dados sin excesivo rigor por la sociedad en la etapa del anterior Gobierno del PP y que la SGR, que ha tenido que ser rescatada por el actual Ejecutivo aut¨®nomo, debi¨® ejecutar, informa Cristina V¨¢zquez.?