Ingreso m¨ªnimo vital: el drama social del laberinto burocr¨¢tico

La crisis social y econ¨®mica de 2008 y, por supuesto, la provocada por la actual crisis sanitaria han dibujado un panorama de pobreza y exclusi¨®n en Espa?a que han convertido en m¨¢s irrenunciable que nunca la obligaci¨®n de todo Gobierno de preservar la cohesi¨®n social mejorando sus pol¨ªticas de justicia social. Pero en el caso de Espa?a esta cuesti¨®n es todav¨ªa m¨¢s perentoria teniendo en cuenta dos factores ineludibles en cualquier an¨¢lisis: la enorme dispersi¨®n de ...

La crisis social y econ¨®mica de 2008 y, por supuesto, la provocada por la actual crisis sanitaria han dibujado un panorama de pobreza y exclusi¨®n en Espa?a que han convertido en m¨¢s irrenunciable que nunca la obligaci¨®n de todo Gobierno de preservar la cohesi¨®n social mejorando sus pol¨ªticas de justicia social. Pero en el caso de Espa?a esta cuesti¨®n es todav¨ªa m¨¢s perentoria teniendo en cuenta dos factores ineludibles en cualquier an¨¢lisis: la enorme dispersi¨®n de prestaciones econ¨®micas supuestamente orientadas a aquel objetivo de nuestro sistema de protecci¨®n y su clamorosa ineficacia para conseguirlo.

El ingreso m¨ªnimo vital ha sido una magn¨ªfica noticia que todos los que trabajamos por la justicia social hemos saludado con esperanza.

Pero lamentablemente, una vez m¨¢s, las expectativas de la gente que peor lo pasa se est¨¢n viendo frustradas. Los primeros pasos del ingreso m¨ªnimo vital, lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunci¨®, est¨¢n generando angustia y frustraci¨®n en las m¨¢s de 600.000 familias que han solicitado este nuevo derecho de ciudadan¨ªa y se encuentran atrapadas en el laberinto burocr¨¢tico de una norma con dise?o farragoso en los tr¨¢mites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas m¨¢s vulnerables.

A finales de junio el Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones comunicaba que 74.119 hogares de toda Espa?a cobraban el ingreso m¨ªnimo vital, se trataba de los hogares reconocidos de oficio, que ven¨ªan recibiendo la prestaci¨®n por hijo a cargo.

Pasado el mes de julio, el ministerio no ha publicado los datos y el propio ministro, Jos¨¦ Luis Escriv¨¢, ha reconocido que la mitad de las solicitudes no re¨²nen los requisitos. Por la informaci¨®n publicada en medios de comunicaci¨®n, las concesiones no llegan ni a 4.000 hasta principios de agosto, a?adiendo las dificultades de coordinaci¨®n con las rentas m¨ªnimas de las comunidades aut¨®nomas, que generan incertidumbre y desasosiego en miles de familias y que provocar¨¢n cobros indebidos o extinciones en muchas familias perceptoras.

La brecha digital y las dificultades en el cumplimiento de unos rigurosos requisitos impiden el acceso de las personas que se encuentran en los niveles m¨¢s altos de exclusi¨®n (haciendo real y tangible el denominado ¡°non take off¡±).

Mientras tanto, la imposibilidad material de acceder a las sedes de la Seguridad Social, la falta de acuerdo para que el ministerio financie los apoyos necesarios para el compromiso efectivo de los Ayuntamientos en el procedimiento, y la tozudez de la Administraci¨®n General del Estado por no arbitrar una pasarela directa para asumir de manera inmediata la gesti¨®n de las casi 300.000 familias beneficiarias de las rentas m¨ªnimas de las comunidades aut¨®nomas est¨¢n provocando la desesperaci¨®n de personas ilusionadas con un discurso gubernamental que, de nuevo, no se compadece con la cruda realidad.

Las zonas de sombra e incertidumbre del ingreso m¨ªnimo vital cubren una gesti¨®n imposible, que todo lo pospone a futuros desarrollos reglamentarios y al atrevimiento de entidades sociales que de manera voluntariosa se prestan a ayudar a los tortuosos procedimientos que se han establecido en una norma compleja. ?Se imaginan que, en otros pilares del Estado del Bienestar como la salud o la educaci¨®n, a las puertas de los hospitales o de las escuelas e institutos estuvieran algunas entidades sociales rellenando los papeles porque no hay personal funcionario que se encargue de la tramitaci¨®n?

Y mientras tanto las comunidades aut¨®nomas (salvo honrosas excepciones) aguardan regular una normativa que garantice que los 1.500 millones de euros que hasta ahora invert¨ªan en las rentas m¨ªnimas se orienten a la garant¨ªa del derecho a la inserci¨®n social reforzando los servicios sociales, para la lucha de la exclusi¨®n social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral.

A los servicios sociales lo que le sobran son procedimientos administrativos y lo que les sigue faltando son v¨ªas de financiaci¨®n claras y estables para reforzar sus plantillas y permitir que sus profesionales se dediquen, lejos de papeleos impropios, a las tareas de acompa?amiento para la inclusi¨®n que son las que verdaderamente les corresponde.

Y al ministerio le solicitamos que den los datos mensuales del ingreso m¨ªnimo vital, que financie el personal p¨²blico necesario para garantizar el acceso a la prestaci¨®n, que, de una vez por todas, pongan en marcha la pasarela con los solicitantes de las rentas m¨ªnimas de las comunidades y que, para no aumentar el agravio, no hablen del ingreso m¨ªnimo vital hasta que no saquen al medio mill¨®n de familias del laberinto burocr¨¢tico que han generado.

Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez Navarro es el presidente Asociaci¨®n Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.