El Superior balear autoriza que se mantenga el toque de queda y la limitaci¨®n de reuniones a seis personas en las islas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avanzado este jueves que autoriza las medidas de restricci¨®n aprobadas por el Gobierno de las islas tras la finalizaci¨®n el pr¨®ximo domingo del estado de alarma y entre las que se encuentra el toque de queda, con la prohibici¨®n de circular por las calles entre las 23.00 y las 6.00, y la limitaci¨®n a seis personas de las reuniones en espacios p¨²blicos y privados. El Gobierno balear aprob¨® de urgencia el mi¨¦rcoles una serie de medidas excepcionales para prevenir y contener la pandemia que hasta ahora estaban bajo el paraguas del estado de alarma y que tras el dictamen de los jueces se mantendr¨¢n en vigor hasta el 23 de mayo. Es la primera autonom¨ªa que consigue el respaldo judicial a las restricciones antes de que decaiga el estado de alarma.

El Gobierno de las islas pidi¨® el aval a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia para aplicar una serie de medidas que quedaban en cuesti¨®n a partir del pr¨®ximo 9 de mayo. Sin embargo, los jueces rechazaron admitir la petici¨®n del Ejecutivo regional porque se trataba de ¡°una propuesta de medidas¡± y no de unas normas que estuvieran plenamente en vigor, por lo que instaron al Ejecutivo de la socialista Francina Armengol a aprobarlas en un Consejo de Gobierno y remitir el acuerdo de nuevo al tribunal para obtener el aval jur¨ªdico. Este jueves, la sala ha avanzado esa decisi¨®n favorable, que contar¨¢ con dos votos contrarios de los cinco miembros que componen la sala en una resoluci¨®n que se notificar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas, cuando se podr¨¢n conocer los argumentos jur¨ªdicos que apoyan la decisi¨®n.

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El Consejo de Gobierno de las islas acord¨® este mi¨¦rcoles en una reuni¨®n extraordinaria limitar los desplazamientos y la circulaci¨®n por v¨ªas p¨²blicas entre las 23.00 y las 6.00, excepto para casos espec¨ªficamente permitidos. Adem¨¢s, se acord¨® mantener la limitaci¨®n de seis personas en las reuniones tanto p¨²blicas como privadas, restringi¨¦ndose a dos n¨²cleos de convivencia en los recintos interiores. El aval de los jueces tambi¨¦n permitir¨¢ a la comunidad mantener los controles para la entrada en las islas, con la obligaci¨®n para los viajeros de someterse a controles sanitarios y sobre el motivo del desplazamiento, as¨ª como restringir al 50% los aforos en los lugares de culto. La aplicaci¨®n de estas cuatro medidas estaba en cuesti¨®n cuando finalizara el amparo jur¨ªdico del estado de alarma.

En las ¨²ltimas semanas, la presidenta Armengol se hab¨ªa mostrado especialmente preocupada por la posibilidad de que el toque de queda no se pudiera aplicar y hab¨ªa pedido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo central que articulara un marco jur¨ªdico para que las principales restricciones se mantuvieran en vigor a partir del 9 de mayo. Una demanda que cay¨® en saco roto y que oblig¨® a la comunidad a pedir amparo a los tribunales. A partir del domingo no cambiar¨¢n las principales medidas en las islas, que cuentan con una de las mejores situaciones epidemiol¨®gicas de Espa?a (la incidencia acumulada este jueves era de 61,29 casos por cada 100.000 habitantes en las ¨²ltimas dos semanas, frente a la media nacional de 205,52), pero con algunas de las restricciones m¨¢s severas sobre todo en la hosteler¨ªa, que solo puede ofrecer servicio en terraza y est¨¢ obligada a cerrar desde las cinco de la tarde de viernes a domingo, con un permiso para servir cenas de ocho a diez y media de la noche de lunes a jueves.

La primera comunidad con aval judicial

Otras comunidades han empezado tambi¨¦n el periplo burocr¨¢tico para mantener las restricciones m¨¢s duras tras el fin del estado de alarma. Lo habitual es que el aval judicial se d¨¦ antes de que se ejecute la orden auton¨®mica, aunque los juristas consultados se?alan que hay casos excepcionales ¡ªque deben justificarse y quedan a la interpretaci¨®n de los jueces¡ª, en los que pueden ratificarse una vez emitida la directriz. Y esto es lo que prev¨¦ hacer Navarra, que firmar¨¢ una orden cuando decaiga el estado de alarma en la que, si bien levanta el confinamiento auton¨®mico, contempla prorrogar el toque de queda y las reuniones en los domicilios a un m¨¢ximo de seis personas de dos unidades convivenciales hasta el 20 de mayo.

Catalu?a, como Baleares, tambi¨¦n tante¨® sin ¨¦xito a su Tribunal Superior de Justicia sobre futuras restricciones tras el estado de alarma, pero les contestaron que no pod¨ªan anticipar decisiones sobre nuevas normas. En cualquier caso, el Govern, que por ahora ha renunciado a prolongar el toque de queda, s¨ª ha enviado al tribunal la resoluci¨®n para aplicar a partir del d¨ªa 9, y que contempla limitar las reuniones privadas a seis personas y restringir los aforos en actividades de culto. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat conf¨ªa en que su Superior de Justicia, que ya antes del estado de alarma aprob¨® las restricciones horarias adoptadas por el Gobierno auton¨®mico, vuelva a avalar estas medidas.

Castilla-La Mancha, Canarias y el Pa¨ªs Vasco tambi¨¦n se han mostrado favorables a mantener las restricciones que amparaba el estado de alarma, pero todav¨ªa buscan el encaje jur¨ªdico. Otras autonom¨ªas consultadas, como Cantabria, Galicia o Castilla y Le¨®n dan por hecho que el d¨ªa 9 decaer¨¢n todas las restricciones que limitan derechos fundamentales. Con todo, estas tres, y Madrid y La Rioja todav¨ªa no han concretado sus planes a aplicar a partir del domingo. Extremadura tampoco contempla las medidas m¨¢s severas, aunque mantendr¨¢ el control sobre los aforos de la restauraci¨®n y los comercios. Andaluc¨ªa, por su parte, prepara un plan de actuaci¨®n que incluye el confinamiento de municipios con una incidencia acumulada superior a 500 o 1.000 casos, siempre previa autorizaci¨®n judicial.

Los Tribunales Superiores exigen ¡°mayor certeza y previsibilidad¡±

La posibilidad de que las comunidades puedan restringir derechos fundamentales cuando se levante el estado de alarma fue debatida por los presidentes de las Salas de lo Contencioso Administrativo de los 17 Tribunales Superiores de Justicia y el de la Audiencia Nacional en una reuni¨®n celebrada el pasado lunes, justo un d¨ªa antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto que deja en manos del Supremo la respuesta definitiva sobre as restricciones. Los magistrados no llegaron a una respuesta un¨¢nime, pero la mayor¨ªa consider¨® que las leyes sanitarias vigentes s¨ª habilitan a las autoridades sanitarias a tomar este tipo de medidas, aunque siempre supeditadas al control judicial para asegurar que son ¡°necesarias, id¨®neas y proporcionales¡±. El impacto en la limitaci¨®n de derechos debe ser ¡°el m¨ªnimo¡± necesario para garantizar la salud de los ciudadanos y le corresponde a la Administraci¨®n correspondiente (en este caso, las comunidades) ¡°exponer, explicar y justificar¡± las razones que acrediten la necesidad de esas medidas, informa Reyes Rinc¨®n.

En el documento de conclusiones elaborado tras la reuni¨®n, los presidentes de las salas de lo Contencioso exigen reformas legales para dar ¡°mayor certeza y previsibilidad¡± a las limitaciones de derechos que puedan adoptar los gobiernos auton¨®micos. Adem¨¢s, piden un mecanismo para que se unifique doctrina en esta materia a trav¨¦s de recursos de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo, justo la v¨ªa por la que ha optado el Gobierno en el decreto aprobado el pasado martes.