Per¨² sufri¨® m¨¢s de mil derrames en la costa, selva y sierra durante los ¨²ltimos 25 a?os

El jurista Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre t¨®xicos y derechos humanos, escuch¨® durante seis d¨ªas a m¨¢s de 100 peruanos afectados por derrames de petr¨®leo y desechos de la miner¨ªa. Le entregaron fotos, peritajes e informes para que traslade sus peticiones a instancias internacionales y al Gobierno, porque el Estado y las empresas ¡ªdenunciaron¡ª no se hacen cargo. ¡°Los testimonios de exposici¨®n a t¨®xicos dan cuenta de ...

El jurista Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre t¨®xicos y derechos humanos, escuch¨® durante seis d¨ªas a m¨¢s de 100 peruanos afectados por derrames de petr¨®leo y desechos de la miner¨ªa. Le entregaron fotos, peritajes e informes para que traslade sus peticiones a instancias internacionales y al Gobierno, porque el Estado y las empresas ¡ªdenunciaron¡ª no se hacen cargo. ¡°Los testimonios de exposici¨®n a t¨®xicos dan cuenta de un nivel de contaminaci¨®n severo y extendido por muchas regiones del pa¨ªs. La p¨¦rdida de vida por enfermedades terminales, la privaci¨®n de agua limpia, el abandono y la falta de asistencia m¨¦dica revelan una amenaza dram¨¢tica y alarmante para los derechos humanos¡±, dijo Orellana en entrevista con EL PA?S tras su visita al pa¨ªs andino.

El relator viaj¨® a dos zonas de ¡°sacrificio ambiental¡± que define como lugares tan contaminados donde es ¡°imposible o muy dif¨ªcil una vida con dignidad¡± porque la cercan¨ªa de petroqu¨ªmicas, grandes mineras u otras formas de industrializaci¨®n contaminante comprometen la salud de las personas y derechos como la alimentaci¨®n. Orellana visit¨® la comunidad Nuevo Andoas en Loreto ¡ªla regi¨®n amaz¨®nica que m¨¢s derrames de petr¨®leo padece desde hace d¨¦cadas¡ª y en Lima recibi¨® denuncias de pescadores de la costa norte y del centro afectados por hidrocarburos en el mar. El m¨¢s reciente es el grave vertido de Repsol del 15 de enero, de 11.900 barriles que contaminaron 116 kil¨®metros cuadrados de mar y litoral entre la provincia del Callao y la regi¨®n Lima, incluidas dos ¨¢reas naturales protegidas.

¡°He quedado impactado por las cifras de m¨¢s de mil derrames en la costa, selva y sierra durante los ¨²ltimos 25 a?os. Un desastre siempre impone una gran tensi¨®n a la capacidad de respuesta del Estado, pero la falta de coordinaci¨®n, la demora en responder, y la falta de atenci¨®n humanitaria ante estos derrames, como en el caso del derrame de Ventanilla (Callao), dejan en evidencia la debilidad institucional y normativa para la protecci¨®n del medio ambiente y las personas que de ¨¦l dependen¡±, apunt¨® el tambi¨¦n catedr¨¢tico de la Universidad George Washington.

El representante del Gobierno aut¨®nomo de la regi¨®n Wampi, Juan Nunningo, le dijo al relator el viernes que a pesar de las reclamaciones al Gobierno ¡°no hay ning¨²n resultado positivo¡±. ¡°Esperamos nos apoye en difundir a nivel internacional porque el Gobierno no respeta los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. Los ni?os tienen enfermedades desconocidas y no los atienden¡±, a?adi¨® Nunningo, que le explic¨® los da?os a la pesca por contaminaci¨®n de crudo en el norte de la Amazon¨ªa.

Luis D¨ªaz, damnificado por el vertido de crudo del pasado enero en la costa, le cont¨® a Orellana que pertenece a la tercera generaci¨®n de su familia dedicada a la pesca artesanal en Aucallama, 50 kil¨®metros al norte del punto del derrame. ¡°Nos est¨¢n enga?ando: el Estado no se est¨¢ haciendo responsable, no est¨¢ siendo tajante con Repsol. La tecnolog¨ªa que est¨¢n usando para limpiar no es adecuada¡±, cuestion¨®. El relator especial de Naciones Unidas lleg¨® a Per¨² por invitaci¨®n de organizaciones de la sociedad civil, y tiene pendiente una visita oficial, que depende de una decisi¨®n del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¡°Soy viuda, somos 30 mujeres que trabaj¨¢bamos en el control de peque?as embarcaciones, estamos perjudicadas y nos alimentamos de ollas comunes hace m¨¢s de un mes. En marzo empiezan las clases de nuestros hijos y no tenemos de d¨®nde aportar a la familia. Pida a las autoridades que pongan mano dura: que nos den una soluci¨®n al da?o del petr¨®leo¡±, reclam¨® Fanny Tamayo, trabajadora de Chancay, la playa m¨¢s al norte contaminada el mes pasado.

La noche del viernes, Orellana fue invitado a la comisi¨®n parlamentaria que investiga el vertido de Repsol para exponer y responder preguntas. Antes de su turno, uno de los dirigentes de los pescadores inform¨® que la empresa les ofreci¨® trabajo en la limpieza de la poluci¨®n, pero para contratarlos les exig¨ªan certificados de antecedentes policiales. ¡°Llev¨¢bamos de ocho a 10 d¨ªas sin trabajo, ninguno ten¨ªa dinero para cumplir ese requisito [solicitar el certificado]. Y hasta ahora nos siguen pidiendo otros requisitos para demostrar que somos pescadores¡±, describi¨® Eleazar Medina, representante de un gremio de pesca artesanal de Ventanilla.

En su intervenci¨®n en el Congreso, el relator ONU mostr¨® su preocupaci¨®n por la vulnerabilidad de las personas afectadas, especialmente quienes dependen del mar. ¡°Cuando alguien no tiene ingresos y no tiene qu¨¦ comer, ?en qu¨¦ posici¨®n se encuentra para negociar indemnizaciones? Aqu¨ª hay responsabilidades de la empresa, sin lugar a dudas, pero la primera responsabilidad del Estado es la de garantizar el goce efectivo de derechos¡±, anot¨®.

Orellana sostuvo ante la comisi¨®n investigadora que si bien est¨¢n en curso las evaluaciones ambientales sobre el derrame, no hay estudios sobre la afectaci¨®n social, y el marco normativo en torno al desastre ambiental es deficiente. ¡°Ahora Repsol exige que el reclamante pruebe que ha sufrido da?o, y de acuerdo al ordenamiento jur¨ªdico en muchos pa¨ªses debe probar la negligencia de la empresa. Estas cargas probatorias son casi imposibles de cumplir. Cuando suceden da?os, una persona que lo sufre tiene derecho a recibir compensaciones¡±, precis¨®.

Afectados por t¨®xicos en Cusco

El otro punto de sacrificio ambiental que recorri¨® Orellana fue Huisa, una comunidad campesina a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Espinar (Cusco). En 2019, 150 personas de esa localidad fueron muestreadas y el 78% ten¨ªa mercurio, ars¨¦nico, plomo y manganeso en el cuerpo, producto de la contaminaci¨®n causada por mineras.

La comunera Melchora Surco encabez¨® una demanda contra el Estado que termin¨® en 2020 con una sentencia judicial a favor de la poblaci¨®n de Huisa. El juez orden¨® al Gobierno regional de Cusco aplicar una estrategia de salud p¨²blica de emergencia para los afectados por metales pesados, pero a¨²n siguen esperando. En Huisa, una faja transportadora de mineral de la empresa Antapaccay ha partido en tres a la comunidad, y los vertidos de la operaci¨®n al r¨ªo y la tierra han contaminado a las personas y sus animales. Cerca, hay dos monta?as de desechos de otra mina que ya cerr¨®.

¡°La empresa nos mira como paquetes feos. Aqu¨ª no tenemos agua ni electricidad¡±, cuenta uno de los comuneros mientras espera la reuni¨®n con el relator y se?ala el contraste con la infraestructura moderna de la mina. Durante el di¨¢logo, los testimonios coinciden en la muerte de los familiares por c¨¢ncer y el da?o a la tierra. ¡°De ni?a tomaba agua del r¨ªo y no sab¨ªamos que estaba contaminado. Tengo 30 a?os, pero me siento como de 50. ?Qu¨¦ desarrollo puede haber si no hay salud? Queremos nuestras aguas limpias como antes, esa vida quiero. En el hospital no nos curan, solo nos dan pastillas. No voy a morir postrada, hasta el ¨²ltimo d¨ªa voy a reclamar: si no es para m¨ª, ser¨¢ para otros. Soy Esmeralda Larota de Huancan¨¦ Bajo¡±, dijo una ciudadana.

Melchora Surco lleva una especie de mantilla que cubre su cabeza, y relata que casi ya no tiene cabello, que constantemente le duele la cabeza y el cuerpo, y que sus hijos tambi¨¦n tienen problemas en el cerebro que les impiden estudiar. ¡°Gracias a la autorizaci¨®n del Estado a esa planta minera, tomamos agua envenenada. Queremos un seguro de vida y que nos pongan agua, tendr¨ªan que repartirnos agua que no tenga metales pesados. Se me han muerto dos vacas, cada una cost¨® seis mil soles (1.600 d¨®lares). Hemos sembrado quinoa y papa y crece chiquito. ?C¨®mo vamos a vivir?¡±, pregunta Surco.

Otra campesina de Huisa, Francisca Choquehuanca, habla en quechua sobre sus s¨ªntomas en el coraz¨®n y en la piel, y las medicinas que necesita. Mostr¨® al relator fotos de los da?os en los animales que criaba para producir lana, y le entreg¨® la imagen de una ovejita que naci¨® con cinco patas y no sobrevivi¨®. ¡°El desarrollo, para ser verdaderamente desarrollo, debe respetar los derechos humanos: si genera t¨®xicos no lo es¡±, concluy¨® Orellana tras escuchar a la comunidad contaminada en Espinar.

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