Interior responsabiliza a la Guardia Civil de no proteger a la v¨ªctima de un crimen machista e indemniza a sus hijos

El Ministerio del Interior responsabiliza a la Guardia Civil de no haber aplicado medidas de auxilio y protecci¨®n para evitar el asesinato de Luc¨ªa Patrascu a manos de su marido el 29 de mayo de 2016 en la localidad mallorquina de Pollen?a. En una resoluci¨®n administrativa, Interior indemniza a los dos hijos de la v¨ªctima con un total de 80.000 euros, al apreciar un funcionamiento ¡°anormal¡± de los servicios p¨²blicos en el tratamiento y asistencia a la mujer.

¡°Reviste suficiente entidad...

El Ministerio del Interior responsabiliza a la Guardia Civil de no haber aplicado medidas de auxilio y protecci¨®n para evitar el asesinato de Luc¨ªa Patrascu a manos de su marido el 29 de mayo de 2016 en la localidad mallorquina de Pollen?a. En una resoluci¨®n administrativa, Interior indemniza a los dos hijos de la v¨ªctima con un total de 80.000 euros, al apreciar un funcionamiento ¡°anormal¡± de los servicios p¨²blicos en el tratamiento y asistencia a la mujer.

¡°Reviste suficiente entidad como para apreciar que de haberse adoptado las medidas de protecci¨®n cabr¨ªa haber evitado el suceso¡±, concluye la resoluci¨®n firmada por el secretario general t¨¦cnico del Ministerio, Jos¨¦ Antonio Puigserver. Pocas horas antes de ser asesinada, a las seis de la ma?ana del 29 de mayo de 2016, Luc¨ªa Patrascu acudi¨® al puesto de la Guardia Civil de Pollen?a por el temor que ten¨ªa a su marido, que seg¨²n afirm¨®, le acosaba y persegu¨ªa. Sin embargo, tras hablar con los cinco agentes que hab¨ªa en el cuartel y con los miembros de la patrulla ciudadana que a esa hora cambiaban el turno en el exterior de las dependencias, su denuncia no fue en ning¨²n momento recogida por escrito.

Tras hacerla esperar casi cinco horas en las dependencias policiales, Patrascu fue invitada a marcharse del lugar sin que se activara en ning¨²n momento el protocolo VIOGEN de protecci¨®n a las v¨ªctimas de violencia machista. Al regresar a su casa, pasadas las once de la ma?ana, fue asesinada a cuchilladas por su marido, Ioan Ciotau, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Palma a 22 a?os de prisi¨®n.

Durante la investigaci¨®n se siguieron diligencias penales contra cinco agentes de la Guardia Civil por presuntos delitos de omisi¨®n del deber de perseguir delitos y denegaci¨®n de auxilio, pero las actuaciones fueron sobrese¨ªdas y posteriormente archivadas. Los dos hijos de Patrascu consideran que la actuaci¨®n de la Guardia Civil result¨® an¨®mala y cre¨ªan que, de haberse activado los protocolos de protecci¨®n, quiz¨¢s no se habr¨ªa producido el asesinato de su madre. Los hijos de la v¨ªctima reclamaron, a trav¨¦s de su abogado Antoni Monserrat, una indemnizaci¨®n al Gobierno por los da?os y perjuicios soportados como consecuencia del asesinato de su progenitora.

Ahora, el Ministerio del Interior les ha dado la raz¨®n al constatar que no se adoptaron las medidas de auxilio y de protecci¨®n estipuladas y que, en este caso concreto, ¡°pudieron muy probablemente¡± haber evitado el fatal desenlace. La resoluci¨®n del Ministerio se basa, principalmente, en las conclusiones de un informe sobre el caso reclamado por Interior al Consejo de Estado que analiz¨® el caso de forma pormenorizada. Este documento relata que no se recogieron las manifestaciones de la v¨ªctima en forma de denuncia, informaci¨®n que ya hab¨ªa sido trasladada a otros agentes que se encontraban en un coche en la calle de forma verbal.

¡°De las im¨¢genes recogidas del cuartel se desprende que la atenci¨®n recibida a la v¨ªctima se produjo en la sala de espera, estando ella de pie, sin que en ning¨²n momento se le hiciera pasar a una dependencia para que, de manera tranquila y sosegada y dedic¨¢ndole el tiempo necesario, pudiera sincerarse y explicar pormenorizadamente y con todo lujo de detalles los motivos de su comparecencia en las dependencias a esas horas intempestivas y la raz¨®n por la que se mostraba sentirse asustada y temerosa de que su marido le pudiera llegar a causar alg¨²n mal¡±, recoge el texto.

El informe del Consejo de Estado recopil¨®, a su vez, varios atestados elaborados por distintos estamentos implicados. En uno de ellos, el capit¨¢n jefe de la Unidad Org¨¢nica de la Polic¨ªa Judicial de la zona de Baleares destaca que ¡°no estaba claro¡± por qu¨¦ la v¨ªctima abandon¨® las dependencias policiales sin formular denuncia, puesto que el atestado no recog¨ªa su testimonio ni el de ning¨²n testigo directo que no fueran los agentes. Sin embargo, alude al testimonio de un testigo indirecto conocido, el de una vecina que en su momento declar¨® haber visto a la v¨ªctima al volver del cuartel y le traslad¨® que hab¨ªa ido temprano a denunciar a su marido, pero que no le hab¨ªa sido posible ¡°porque le hab¨ªan dicho que si no ten¨ªa golpes ni le hab¨ªa pegado no pod¨ªan hacer nada¡± y que su intenci¨®n era marcharse de la isla porque no pod¨ªa vivir as¨ª.

Este capit¨¢n indica que lo procedente en este caso habr¨ªa sido recoger la denuncia y seguir los protocolos, llevando a la mujer a las dependencias adecuadas, elaborando la denuncia, reflejando su relato e instruyendo un atestado poniendo en marcha el dispositivo correspondiente. El informe del Consejo de Estado concluye que el modo de proceder no se corresponde con un ¡°est¨¢ndar adecuado¡± de funcionamiento de los servicios policiales.

¡°La v¨ªctima no fue atendida de forma debida, ni se le permiti¨® dar cuenta de su relato en los t¨¦rminos y el lugar adecuado, ni fue atendida por un especialista en violencia de g¨¦nero, tal como recomiendan los propios protocolos y procedimientos de actuaci¨®n aplicables que aconsejan en estos casos un trato personalizado y la toma de declaraci¨®n de la v¨ªctima en el momento del conocimiento de los hechos¡±, detalla el documento.

La resoluci¨®n del Ministerio del Interior subraya que el an¨¢lisis de la actuaci¨®n de la Guardia Civil estima que se han incumplido ¡°los deberes positivos¡± de actuaci¨®n para ¡°prevenir, detectar, aminorar o detener¡± los riesgos de la violencia de g¨¦nero. A pesar de todo, la resoluci¨®n de Interior no otorga los 240.000 euros reclamados por los hijos de la v¨ªctima al considerar que la muerte de su madre se deriva de ¡°una concurrencia de causas¡± de las que algunas son imputables a la Administraci¨®n y otras ajenas a ella, ¡°lo que implica ponderar la gravedad de cada una¡± para distribuir las responsabilidades econ¨®micas.

Por eso, tomando como referencia los 100.000 euros de indemnizaci¨®n que el asesino fue condenado a pagar a los dos hijos de la v¨ªctima, el Ministerio estipula que debe indemnizar a los hijos de Patrascu con 40.000 euros a cada uno. El Consejo de Estado hace en su informe una ¨²ltima consideraci¨®n y recuerda a la Administraci¨®n ¡°la importancia¡± de extremar el rigor y la diligencia ante episodios similares, valorando adecuadamente las situaciones de riesgo: ¡°El Consejo no puede dejar de llamar la atenci¨®n sobre la necesidad de reforzar los medios de formaci¨®n de los profesionales encargados de la asistencia a las v¨ªctimas relacionadas con la violencia de g¨¦nero¡±.