La renovaci¨®n de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos abre un nuevo frente con Bruselas
El Supervisor Europeo de Protecci¨®n de Datos no descarta que la UE tome medidas en caso de que finalmente salgan elegidos los candidatos acordados por PSOE y PP, cuyos nombres se anunciaron antes de iniciarse el proceso reglado
El proceso de renovaci¨®n de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEDP) amenaza con abrir un nuevo frente con Bruselas. La CE ya llam¨® la atenci¨®n a Espa?a por la reforma legal que plante¨® el Gobierno para renovar el Poder Judicial sin los votos del PP y, una vez descartada esa reforma, ha urgido a desbloquear cuanto antes el ¨®rgano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se qued¨® fuera del acuerdo que anunciaron PSOE y PP el 21 de octubre para renovar varios ¨®rganos que llevaban tiempo con el mandato vencido, como el Tribunal Constitucional y el de Cuentas.
En ese paquete s...
El proceso de renovaci¨®n de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEDP) amenaza con abrir un nuevo frente con Bruselas. La CE ya llam¨® la atenci¨®n a Espa?a por la reforma legal que plante¨® el Gobierno para renovar el Poder Judicial sin los votos del PP y, una vez descartada esa reforma, ha urgido a desbloquear cuanto antes el ¨®rgano. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se qued¨® fuera del acuerdo que anunciaron PSOE y PP el 21 de octubre para renovar varios ¨®rganos que llevaban tiempo con el mandato vencido, como el Tribunal Constitucional y el de Cuentas.
En ese paquete s¨ª entr¨® la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD), que pasar¨ªa a tener una presidenta, Bel¨¦n Cardona -catedr¨¢tica de Derecho del Trabajo y actual subsecretaria de Justicia, Interior y Administraci¨®n P¨²blica de la Generalitat valenciana- propuesta por los socialistas, y un presidente adjunto, Borja Adsuara -abogado y consultor en derecho digital- a iniciativa popular. Pero la difusi¨®n de esos nombres se produjo antes de que se iniciara el procedimiento oficial de renovaci¨®n, que incluye una convocatoria p¨²blica de candidatos. Esa convocatoria no se public¨® hasta el 18 de noviembre. Bruselas mostr¨® recelos sobre el procedimiento y el Supervisor Europeo de Protecci¨®n de Datos, Wojciech Wiewi¨®rowski, asegura a EL PA?S que la UE no descarta intervenir en caso de que finalmente salgan elegidos los candidatos acordados por PSOE y PP.
¡°No puedo comentar cuestiones nacionales, pero s¨ª le dir¨¦ que me sorprendi¨® saber que se hab¨ªa decidido qui¨¦n sustituir¨ªa a la actual direcci¨®n, porque seg¨²n tengo entendido hay que seguir un procedimiento de selecci¨®n riguroso¡±, afirma Wiewi¨®rowski. ¡°Estoy contento de saber que ese proceso ha empezado ya y sigue su curso. La influencia pol¨ªtica en las autoridades de protecci¨®n de datos ha aumentado en algunos pa¨ªses en los ¨²ltimos a?os. Y eso suele ser extremadamente peligroso¡±, a?ade el eurobur¨®crata.
?Qu¨¦ har¨¢ Bruselas si se impone en la c¨²pula de la AEPD el acuerdo de los dos grandes partidos? ¡°Puede que las instituciones de la UE tomen medidas si el proceso transparente basado en m¨¦ritos que prev¨¦ el Reglamento General de Protecci¨®n de Datos (RGPD) no es respetado. Las autoridades de protecci¨®n de datos deber¨ªan ser totalmente independientes de cualquier tipo de interferencia pol¨ªtica¡±, responden desde el gabinete de Wiewi¨®rowski.
La actual directora de la agencia espa?ola, Mar Espa?a Mart¨ª, quien lleva en el cargo desde 2015, fue designada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Agot¨® su mandato de cuatro a?os en 2019, pero la AEPD ha sido una m¨¢s de tantas instituciones cuya renovaci¨®n se ha visto paralizada ante la falta de acuerdo entre los principales partidos. Hasta ahora, la elecci¨®n de la presidencia de la agencia espa?ola era totalmente discrecional. Pero la ley org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos Personales y Garant¨ªa de los Derechos Digitales (LOPDGDD) fij¨® en 2018 un nuevo procedimiento adaptado a las directrices europeas que desdobla el cargo de director en el de presidente y presidente adjunto. Y, aunque su nombramiento sigue siendo competencia del Consejo de Ministros a propuesta del titular de Justicia, ahora debe ser ratificado en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso, previa audiencia de los candidatos, por mayor¨ªa de tres quintos en primera votaci¨®n o por mayor¨ªa absoluta en segunda.
Pero el aspecto que m¨¢s revuelo ha generado ha sido la introducci¨®n de una convocatoria p¨²blica para los aspirantes al puesto. El Ejecutivo conserva la potestad de proponer al Congreso los nombres del presidente y su adjunto, pero la propuesta debe hacerla ¡°previa evaluaci¨®n del m¨¦rito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos¡± por parte de un comit¨¦ de selecci¨®n presidido por el secretario de Estado de Justicia.
El Estatuto de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, aprobado en junio pasado, imprime una sensaci¨®n de meritocracia al proceso, si bien en la pr¨¢ctica sigue controlada por el Gobierno, que es quien propone a los candidatos, y est¨¢ sujeta al acuerdo de las grandes fuerzas pol¨ªticas: ¡°Una vez valoradas las solicitudes de participaci¨®n en el procedimiento de selecci¨®n, el comit¨¦ de selecci¨®n propondr¨¢ una candidatura la Presidencia de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos y a la Adjunt¨ªa a la Presidencia de entre aquellas que cumplan los requisitos establecidos (...) y atendidos los m¨¦ritos y criterios de valoraci¨®n establecidos en la convocatoria¡±. La propuesta sale del Ministerio de Justicia, pasa al Consejo de Ministros y de ah¨ª, al Congreso.
El proceso de admisi¨®n se cerr¨® la semana pasada y este martes se public¨® la lista de candidatos admitidos. Ahora es turno de que el comit¨¦ de selecci¨®n acredite o no que los candidatos re¨²nen los requisitos para optar al cargo. Fuentes de Justicia aseguran por su parte que este departamento ha estado al margen de la negociaci¨®n de los nombres entre PSOE y PP y defienden que se ha abierto el procedimiento conforme a la legalidad y que se resolver¨¢ con transparencia.
El asunto ha llegado a las m¨¢s altas instituciones europeas. La eurodiputada espa?ola Maite Pagazaurtund¨²a, independiente integrada en la delegaci¨®n Ciudadanos Europeos, pregunt¨® al comisario de Justicia, Didier Reynders, si intervendr¨ªa ante lo que consideraba una ¡°violaci¨®n de las regulaciones europea y espa?ola de protecci¨®n de datos¡±. La respuesta fue que ¡°los ¡°Estados miembros est¨¢n obligados a disponer que cada miembro de sus autoridades de control sea nombrado¡±, aunque reconoce que la normativa comunitaria no especifica ¡°las modalidades de preselecci¨®n de los candidatos¡±. En todo caso, ser¨¢n los tribunales espa?oles los que deban decidir si hay alguna irregularidad. Sin embargo, el hecho de que el comisario respondiera en tan solo seis semanas deja entrever que es una cuesti¨®n que interesa en Bruselas.
Las declaraciones de Wiewi¨®rowski a EL PA?S son m¨¢s directas. La oficina de este jurista polaco goza de independencia dentro del complejo entramado institucional europeo, pero carece de poderes ejecutivos. No obstante, su opini¨®n es muy escuchada tanto por la Comisi¨®n como por el Consejo y el propio Parlamento.
Ciudadanos entra en escena
El Supervisor Europeo de Protecci¨®n de Datos (EDPS) sigue la elecci¨®n de la nueva c¨²pula de la AEPD con especial inter¨¦s porque el director del EDPS, el n¨²mero dos de Wiewi¨®rowski, es el espa?ol Leonardo Cervera-Navas, un funcionario con una larga trayectoria en Bruselas, donde ha trabajado dos d¨¦cadas en asuntos de protecci¨®n de datos. La suya fue una de las 15 candidaturas presentadas a la presidencia o presidencia adjunta de la AEPD. Seg¨²n fuentes conocedoras del proceso, la concurrencia de Cervera-Navas en el proceso ha sido apoyada e impulsada por Edmundo Bal, vicesecretario general de Ciudadanos y abogado del Estado.
La Fundaci¨®n Hay Derecho present¨® la semana pasada un recurso frente al Ministerio de Justicia solicitando la anulaci¨®n de la orden ministerial mediante la que se convoca el proceso selectivo para la designaci¨®n de los dos cargos de direcci¨®n de la AEPD al considerar que ¡°las bases del proceso selectivo incurren en diversas irregularidades¡±. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el recurso tiene poco recorrido al no concurrir la citada fundaci¨®n en el proceso.
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