Los homicidios que no disminuyen en el inicio del gobierno Petro
Las medidas que se est¨¢n tomando para reducir las muertes violentas repiten errores del pasado
En el inicio del gobierno de Gustavo Petro, de agosto a octubre, los homicidios descendieron 8%, en comparaci¨®n con los mismos meses de 2021. Sin embargo, esta baja no ha sido uniforme y podr¨ªa revertirse en lo que queda del a?o.
La buena noticia es que para el presidente Petro disminuir los homicidios es una prioridad. Semanas atr¨¢s ¨¦l afirm¨®: ¡°En este momento tenemos una reduc...
En el inicio del gobierno de Gustavo Petro, de agosto a octubre, los homicidios descendieron 8%, en comparaci¨®n con los mismos meses de 2021. Sin embargo, esta baja no ha sido uniforme y podr¨ªa revertirse en lo que queda del a?o.
La buena noticia es que para el presidente Petro disminuir los homicidios es una prioridad. Semanas atr¨¢s ¨¦l afirm¨®: ¡°En este momento tenemos una reducci¨®n del 4% (anual) muy insuficiente todav¨ªa. Y aqu¨ª se mide la pol¨ªtica de la Paz Total¡±. La mala es que las medidas que se est¨¢n tomando repiten errores del pasado y dejan muchas preguntas sobre la capacidad de contener las muertes violentas.
Preocupa lo que est¨¢ sucediendo en el Caribe. Mientras que en el resto del pa¨ªs en el per¨ªodo de agosto a octubre los homicidios descendieron 12%, en los departamentos que hacen parte de esta regi¨®n el incremento fue del 23%. Mientras que en Bogot¨¢, Medell¨ªn y Cali, los homicidios han bajado, con excepci¨®n de Barranquilla, las ciudades principales de la costa tuvieron alzas: en Cartagena del 52%, en Santa Marta del 15%, en Valledupar del 80%, en Monter¨ªa del 230% y en Sincelejo del 22%.
En un reciente Consejo de Seguridad para abordar la situaci¨®n de seguridad en la costa Caribe se se?al¨® como una de las causas principales la disputa entre organizaciones criminales por tener el control para la salida de coca¨ªna del pa¨ªs y la entrada de contrabando. Acorde a este diagn¨®stico se decidi¨® aumentar el control sobre los puertos, incrementar las incautaciones de drogas e identificar a los ¡°due?os¡± del narcotr¨¢fico.
Como se?alan los investigadores de la Universidad del Norte, analizando lo que ocurre en el departamento del Atl¨¢ntico, el mercado de las drogas ilegales es un factor importante pero el asunto es m¨¢s complejo. La violencia letal no solo tiene que ver con las rutas, sino tambi¨¦n con din¨¢micas ligadas a la extorsi¨®n y el microtr¨¢fico, bajo el control de pandillas y facciones locales. No hay un ¨²nico actor, ni tampoco una sola explicaci¨®n. No todo se resuelve en las historias alrededor de las disputas ni solo se ¡°matan entre ellos¡±, sino que hay un lado de esta violencia que afecta directamente a las poblaciones.
El otro lunar en el inicio del Gobierno Petro es el incremento de los homicidios de los l¨ªderes sociales. As¨ª lo advierten organizaciones como la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP), Somos Defensores y Human Rights Watch (HRW). Esto ha sido un golpe de realidad para quienes atribu¨ªan estas muertes violentas a la incapacidad - e incluso complicidad - del Gobierno de Iv¨¢n Duque. Dentro de las hip¨®tesis vuelven a destacar las disputas e incursiones que buscan el control de territorios que son claves para los grupos criminales y las econom¨ªas ilegales. De nuevo, cuando se miran los casos con lupa, aparecen tambi¨¦n las tensiones intracomunitarias, denuncias por corrupci¨®n y el uso de la violencia para preservar poderes locales. No todo lo explica el narcotr¨¢fico.
Existe un Plan de Emergencia para la protecci¨®n de defensores, l¨ªderes sociales y firmantes de paz, que fue impulsado por distintas organizaciones de derechos humanos y la Comisi¨®n de Paz del Senado, acompa?adas por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque bien intencionadas, las 49 medidas que plantea el Plan no se compaginan con las capacidades reales del Estado, ni distinguen lo que se puede hacer ahora de la implementaci¨®n en el mediano y en largo plazo. El que se pretend¨ªa que fuera un plan de choque no ha dado los resultados esperados. Lo que s¨ª ha quedado claro es que revertir las din¨¢micas de la violencia en los territorios no solo es un asunto de buena voluntad y liderazgo.
Respecto a la violencia organizada, diferentes fuentes coinciden en se?alar en que las masacres han disminuido, mientras que la confrontaci¨®n entre grupos al margen de la ley y facciones criminales sigue dinamizando la violencia en distintas zonas del pa¨ªs. La FIP advierte que ¡°Comparando con los ¨²ltimos meses del Gobierno Duque, estos primeros cien d¨ªas del Gobierno Petro son los de mayores enfrentamientos en lo corrido del a?o¡±.
En los primeros tres meses del Gobierno se incrementaron las muertes violentas en el departamento del Cauca, y en Putumayo permanecieron estables. Si bien en Arauca disminuyeron los homicidios, en Saravena y Tame ascendieron. Adem¨¢s, destacan alzas en algunos municipios del Bajo Cauca, y en Cartago y Jamund¨ª en el norte del Valle.
La principal apuesta en la ¡°Paz Total¡± es el cese al fuego multilateral que, de acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, ha logrado contener la violencia en algunas zonas del pa¨ªs. Como se?al¨¦ en una columna anterior, con pocas claridades sobre su alcance y sin un mecanismo de verificaci¨®n independiente, es dif¨ªcil poder sacar conclusiones sobre su cumplimiento. Por el momento, los efectos del ¡°cese¡± parecen ser heterog¨¦neos, y en algunas regiones contraproducentes.
Para seguir disminuyendo el homicidio, el Gobierno deber¨ªa considerar tres asuntos claves. Primero, no caer en el error de volver a convertir la pol¨ªtica antinarc¨®ticos en la pol¨ªtica de seguridad. La evidencia ha mostrado que las acciones contra las econom¨ªas legales no se traducen autom¨¢ticamente en reducciones de la violencia y, de hecho, la pueden aumentar. Por esto la prioridad debe ser reducir el impacto de estas econom¨ªas, acompa?ado de la reducci¨®n de sus dimensiones tanto como se pueda.
Lo segundo es no poner todos los huevos en el cese bilateral. Si bien esta medida tiene el potencial de conseguir reducciones del homicidio a partir de la negociaci¨®n con los actores de la violencia, no deja de ser transitoria e inestable. La ¡°paz total¡± requiere de inteligencia y capacidad de disuasi¨®n, con l¨ªneas rojas sobre lo que el Estado est¨¢ dispuesto a tolerar. Los llamados a cesar la violencia necesitan tambi¨¦n de advertencias sobre las implicaciones que tiene su uso, y de una sanci¨®n cre¨ªble cuando esto ocurre.
Lo tercero es romper la inercia de los consejos de seguridad como medida reactiva y en muchos casos centralista y uniforme. Es urgente avanzar en la formulaci¨®n de estrategias locales que, construidas con las autoridades y actores del territorio, se propongan generar y fortalecer capacidades estatales y comunitarias.
Reducir el homicidio debe ser una prioridad, pero para hacerlo hay que tener un plan coherente y flexible, con una mirada diferenciada entre lo urbano y lo rural, que no deje esto en manos de la voluntad de los grupos, ni tampoco en la falsa expectativa de que cerrando rutas y aumentando incautaciones, los homicidios descender¨¢n.
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