El incesante asesinato de l¨ªderes sociales persigue al Gobierno de Petro

El asesinato de l¨ªderes sociales no se detiene en Colombia. Indepaz, la ONG que lleva el conteo de estas muertes, ha informado de que en lo que va de 2022, 171 defensores sociales han sido asesinados, la misma cifra de homicidios cometidos en todo el a?o anterior contra l¨ªderes ambientales, sindicales y de derechos humanos. El rostro de Nicodemus Luna Mosquera, un reconocido l¨ªder sindical que fue asesinado en Dibulla, La Guajira, marca ese doloroso hito. En esa zona, agrega la Defensor¨ªa del Pueblo en una alerta de riesgo, operan el Clan del Golfo, Los Pachenca y otras bandas locales. Luna hab¨ªa sido dirigente de la Uni¨®n Sindical Obrera USO, en Tib¨²; y ahora estaba afiliado a la Asociaci¨®n Nacional de Pensionados Petroleros. Hab¨ªa sido v¨ªctima de distintos atentados.

La incapacidad de detener esos asesinatos fue una de las principales cr¨ªticas del entonces senador Gustavo Petro contra el expresidente Iv¨¢n Duque. Desde que se firm¨® el acuerdo de paz con las FARC, en 2016, los grupos armados han asesinado a 1.298 l¨ªderes sociales, violencia que se acentu¨® durante el Ejecutivo de Duque. Petro tampoco ha logrado parar el ba?o de sangre en los tres primeros meses de su Gobierno.

Embarcado en una pol¨ªtica de paz total, que busca negociar con todos los grupos armados, incluidos las bandas de crimen organizado, Petro y sus funcionarios han exigido a esas organizaciones que detengan los asesinatos a defensores y respeten a las comunidades. Varias han mostrado su disposici¨®n a acercarse a las negociaciones, pero hasta ahora no est¨¢n cumpliendo y los homicidios contin¨²an.

De acuerdo con Human Rights Watch, en los tres primeros meses del Gobierno Petro han sido asesinados 35 l¨ªderes sociales. La situaci¨®n m¨¢s grave sigue concentrada en los departamentos de Nari?o, Choc¨®, Cauca y Valle. ¡°Para frenar la mataz¨®n de l¨ªderes sociales en Colombia no basta con iniciar negociaciones de paz y de sometimiento con grupos armados. Es urgente establecer una pol¨ªtica de seguridad que proteja a la poblaci¨®n civil, ampliar la presencia estatal e implementar los mecanismos del acuerdo de paz con las FARC para proteger a l¨ªderes sociales y avanzar en estrategias de desmantelamiento integral de organizaciones delictivas¡±, dice a EL PA?S, Juan Pappier, investigador senior de HRW para las Am¨¦ricas.

Octubre, el peor mes

Octubre fue el mes m¨¢s mort¨ªfero de este a?o. Distintas hip¨®tesis se?alan que disidencias de las FARC como el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia, al mando de Iv¨¢n M¨¢rquez, ejercen presi¨®n a las comunidades, resguardos y cabildos ind¨ªgenas en una lucha por el control social que tiene en medio los altos precios de la coca. Hab¨ªa ocurrido un pico de asesinatos en abril, baj¨® en septiembre, pero en octubre volvi¨® a subir.

Aunque cada organizaci¨®n maneja cifras diferentes, todas coinciden en el aumento de los casos. ¡°Lo que vemos es que las personas m¨¢s afectadas son los miembros de las Juntas de Acci¨®n Comunal, las autoridades ind¨ªgenas y afrodescendientes que protegen la tierra y el territorio, as¨ª como los defensores del medio ambiente. Tambi¨¦n hemos identificado que los actores no estatales siguen siendo los responsables de gran parte de los homicidios¡±, asegura la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Reci¨¦n posesionado, Petro tambi¨¦n dio una orden a trav¨¦s de Twitter, en la que anunciaba que los jefes militares se medir¨ªan por disminuci¨®n de muertes y no solamente por bajas o capturas. ¡°La comisi¨®n de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectar¨¢ la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicci¨®n debe velar por neutralizar al m¨¢ximo la comisi¨®n de masacre y muerte de l¨ªderes sociales¡±, dijo en su momento. Sin embargo, hasta ahora, no se conoce c¨®mo eso ha impactado la protecci¨®n de los defensores. El Ministerio de Defensa tampoco ha presentado a¨²n su pol¨ªtica de seguridad. Se espera que tenga el documento para diciembre.

Existe un Plan de Emergencia para la protecci¨®n de defensores, l¨ªderes sociales y firmantes de paz, que fue impulsado por distintas organizaciones de derechos humanos y la Comisi¨®n de Paz del Senado, acompa?adas por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Plan fue presentado el 5 de agosto y el presidente lo sum¨® a su plan de Gobierno.

Una de las 49 medidas de ese plan son los Puestos de Mando Unificado por la Vida que buscan ser espacios operativos interinstitucionales para dar respuestas concretas a las situaciones de riesgo de los l¨ªderes y excombatientes de los municipios con mayores ¨ªndices de violencia. Otra es la conformaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Garant¨ªas de Seguridad, que deber verificar que se cumpla la estrategia y recomendar c¨®mo aplicarla, as¨ª como evaluar y sacar a las personas m¨¢s amenazadas de los territorios.

La ONU dice que a¨²n es prematuro hacer un balance en tres meses del impacto que han tenido los PMUVs en la disminuci¨®n de la violencia. ¡°Esta es una medida de un plan m¨¢s amplio cuyo impacto se debe analizar en su conjunto. Las causas de la violencia en contra de las personas defensoras son m¨²ltiples y estructurales. Es dif¨ªcil revertir din¨¢micas de violencia en los territorios, cambiar la forma de trabajo de las autoridades en el nivel local, generar la confianza necesaria con sociedad civil para identificar situaciones de riesgo y ampliar la capacidad y coordinaci¨®n de las instituciones del Estado en las regiones¡±, aseguran en Naciones Unidas.

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