Chile y Colombia llevan la emergencia clim¨¢tica a los tribunales: ?qu¨¦ implicaciones puede tener?

Durante la visita de Estado que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo a su hom¨®logo, Gabriel Boric, en Santiago de Chile a principios de mes, se conoci¨® que ambos pa¨ªses se hab¨ªan unido para pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una opini¨®n consultiva sobre cu¨¢l es el alcance que tienen los estados en cuanto a sus obligaciones sobre derechos humanos relacionados con la emergencia clim¨¢tica. Una consulta que, adem¨¢s, tildaron de in¨¦dita. El documento de la solicitud a¨²n no es p¨²blico, pero los equipos de prensa tanto de Chile como de Colombia han revelado parte de su coraz¨®n.

¡°Ambos pa¨ªses viven el desaf¨ªo cotidiano de lidiar con las consecuencias de la emergencia clim¨¢tica, incluyendo la proliferaci¨®n de sequ¨ªas, inundaciones, deslaves e incendios, entre otros. Dichos fen¨®menos ponen de manifiesto la necesidad de responder de manera urgente y sobre la base de los principios de equidad, justicia, cooperaci¨®n y sostenibilidad, con un enfoque de derechos humanos¡±, se lee en uno de los p¨¢rrafos del documento. En ¨¦l, los pa¨ªses argumentan, igualmente, que ¡°estas afectaciones al medio ambiente se extienden a lo largo y lo ancho de las Am¨¦ricas y del mundo, generando importantes impactos en los derechos de las personas y poniendo en riesgo a las generaciones futuras¡±.

?Pero en la pr¨¢ctica, en qu¨¦ se traduce esta petici¨®n? Como comenta Mauricio Madrigal, director de la Cl¨ªnica Jur¨ªdica Medio Ambiente y Salud P¨²blica de la Universidad de los Andes de Colombia, se podr¨ªa decir que el origen de esta opini¨®n consultiva es otro documento: la resoluci¨®n 3 de 2021 de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulada Emergencia clim¨¢tica: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos, en donde se se?ala que los Estados deben poner los derechos humanos en el centro a la hora de construir pol¨ªticas para enfrentar el cambio clim¨¢tico, incluyendo las que buscan disminuir las emisiones o el derecho a la informaci¨®n y las obligaciones extraterritoriales. Entonces, en palabras m¨¢s simples, lo que hicieron Chile y Colombia es pedirle a la Corte IDH que los ayude, tanto a ellos como a otros pa¨ªses, a entender mejor c¨®mo materializar esa resoluci¨®n. A que les d¨¦ una gu¨ªa.

A trav¨¦s de un correo, Ximena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explica que ya hay una serie de temas sobre los que se sabe que ambos pa¨ªses buscan obtener una respuesta, como los deberes de prevenci¨®n y garant¨ªa en derechos humanos vinculados a la emergencia clim¨¢tica; la preservaci¨®n del derecho a la vida y la sobrevivencia frente al tema y las obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los ni?os, las ni?as y las nuevas generaciones frente a la crisis clim¨¢tica.

Adem¨¢s, piden ayuda sobre c¨®mo garantizar los procedimientos de consulta y judiciales, las responsabilidades compartidas y diferenciadas entre Estados y la protecci¨®n a las personas defensoras del medio ambiente, incluyendo a las mujeres, los pueblos ind¨ªgenas y las comunidades afrodescendientes. Esto, teniendo en cuenta que, seg¨²n datos de organizaciones como Global Witness, Am¨¦rica Latina es la regi¨®n m¨¢s mort¨ªfera para los l¨ªderes ambientales.

¡°Vale destacar que se trata de una consulta que habla de intersecciones, como con los temas de g¨¦nero o temas ¨¦tnicos¡±, agrega Madrigal, quien ya est¨¢ trabajando con un semillero de investigaci¨®n para poder darle sus insumos a la Corte, de la cual se espera tener respuesta en alrededor de a?o y medio. ¡°Adem¨¢s, es importante porque pone por primera vez a [el acuerdo de] Escaz¨² en el centro¡±, afirma. Pese a que Colombia y Chile fueron de los ¨²ltimos en aprobar la ratificaci¨®n de este tratado, los nuevos Gobiernos de ambos pa¨ªses quieren llevar ahora el liderato para su implementaci¨®n

A pesar de que esta solicitud es importante y clave, Rodrigo Uprimmy, abogado y cofundador de Dejusticia, un centro de estudios jur¨ªdicos colombiano, aclara que no es el ¨²nico escenario en el que se est¨¢n elevando estas inquietudes. En julio del a?o pasado, por ejemplo, la Rep¨²blica de Vanuatu, en el oc¨¦ano Pac¨ªfico, hizo algo similar, pero ante la Corte Internacional de Justicia. ¡°Y varios ¨®rganos de comit¨¦s de derechos humanos en Naciones Unidas, tambi¨¦n est¨¢n mirando el tema del cambio clim¨¢tico con enfoque de derechos humanos¡±, asegura.

Esto, agrega, es un camino distinto al que se ha tomado en escenarios como las Cumbres de Cambio Clim¨¢tico (COPs) donde se negocia c¨®mo implementar el ic¨®nico Acuerdo de Par¨ªs, ya que all¨ª todos los compromisos son voluntarios.

Sobre la respuesta de la Corte IDH

Sobre el alcance que tendr¨¢ la respuesta de la Corte IDH se podr¨ªa decir que a¨²n hay dudas. Uprimmy comenta que en el mundo jur¨ªdico hay cierta pol¨¦mica sobre c¨®mo interpretar la respuesta de una opini¨®n consultiva. Por un lado, est¨¢n aquellos que lo consideran eso: una opini¨®n. Otros, en cambio, creen que lo que diga ser¨¢ obligatorio por el principio de buena fe en los tratados.

¡°Sin embargo, hay otra tesis y es la que yo seguir¨ªa. Y es que estos criterios que establece la Corte de manera m¨¢s generales, como respuestas a una opini¨®n consultiva, tienen cierta fuerza jur¨ªdica. No son solo una gu¨ªa que se pueda descartar, ni son obligatorias, sino algo en la mitad: interpretaciones autorizadas o lo que se conoce como derecho blando¡±, asegura. Lo cierto es que lo que diga la Corte deber¨¢ ser, por lo menos, escuchado por todos los pa¨ªses de la regi¨®n, m¨¢s all¨¢ de Colombia y Chile.