Bosques manchados de sangre: Am¨¦rica Latina registra cerca de 1200 ambientalistas asesinados en una d¨¦cada

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Am¨¦rica Latina presume de ser una de las regiones con mayor riqueza natural del mundo. Cuenta con el 40% de la biodiversidad global resguardada en lugares tan diversos como la Patagonia, la selva amaz¨®nica, los arrecifes de coral del Caribe, los lagos y monta?as andinas o los bosques mesoamericanos. Pero defenderlos est¨¢ costando sangre. Y mucha. En la ¨²ltima d¨¦cada, el 68% de los cr¨ªmenes a ambientalistas del planeta (cerca de 1200) se produjeron en esta regi¨®n, seg¨²n el informe que publica desde 2012 Global Witness.

En total, la organizaci¨®n document¨® 1733 activistas asesinados por defender su tierra y sus recursos en diez a?os, uno cada dos d¨ªas. Y advierte de que esto es solo la punta del iceberg, ya que muchos casos no llegan a denunciarse por producirse en zonas de conflicto o donde hay ¡°restricciones a la libertad de prensa o la sociedad civil y por falta de independencia en el monitoreo en los ataques¡±. Brasil y Colombia est¨¢n a la cabeza de esa lista, con 342 y 322 cr¨ªmenes de defensores respectivamente, mientras que Filipinas ocupa el tercer lugar con 270, M¨¦xico el cuarto, con 154, y Honduras, un peque?o pa¨ªs que no alcanza los diez millones de habitantes, el quinto, con 117 defensores muertos.

Brasil ha sido el pa¨ªs m¨¢s mortal para los defensores de la tierra desde que Global Witness comenz¨® a hacer esta lista en 2012, un puesto que en los ¨²ltimos a?os le hab¨ªa arrebatado Colombia. Ambos han sido este a?o superados por M¨¦xico. En total, tres cuartas partes de los 200 ambientalistas asesinados en 2021 eran de Am¨¦rica Latina.

En el caso de las 342 muertes documentadas en Brasil en la ¨²ltima d¨¦cada, cerca de un tercio de las v¨ªctimas pertenec¨ªan a miembros de comunidades ind¨ªgenas o afrodescendientes, y casi un 85% de los cr¨ªmenes se produjeron en la Amazonia, un territorio resguardado principalmente por pueblos originarios y donde campa una ¡°violencia e impunidad creciente¡±, seg¨²n el informe. La organizaci¨®n atribuye este alto n¨²mero, en parte, ¡°a una mayor conciencia y un mejor monitoreo de la sociedad civil en comparaci¨®n a otras partes del mundo¡±.

¡°El conflicto por la tierra y los bosques es el principal motivo detr¨¢s de estos cr¨ªmenes. Los pueblos ind¨ªgenas tienen un rol importante como guardianes de la Amazonia, en prevenir las emisiones de la deforestaci¨®n y la degradaci¨®n forestal y en ayudar a mitigar la crisis clim¨¢tica¡±, se lee en el reporte. ¡°Con los poderosos intereses agr¨ªcolas en el coraz¨®n de la econom¨ªa brasile?a tan enfocada en las exportaciones, hay una batalla por la tierra y los recursos que se ha intensificado con la elecci¨®n del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, en 2018¡å, a?ade.

Global Witness denuncia que, desde su llegada al poder, Bolsonaro ha impulsado la tala ilegal y la miner¨ªa, as¨ª como los ataques a los grupos conservacionistas, ha quitado protecciones a los pueblos ind¨ªgenas sobre la tierra y ha desmantelado los presupuestos y recursos de las agencias de protecci¨®n de la selva y los pueblos originarios, lo que ha motivado la invasi¨®n ilegal de tierras. ¡°La incapacidad del Estado para defender a los ambientalistas mientras da luz verde a la extracci¨®n ilegal de recursos ha llevado a algunos a sugerir que el Gobierno de Brasil ha sido secuestrado por intereses criminales¡±, se lee en el informe.

Para el grupo, el asesinato del indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips en junio pasado es un gran ejemplo del ¡°asalto a los pueblos ind¨ªgenas y quienes tratan de defenderlos¡±. Pereira fue destituido de la estatal Fundaci¨®n Nacional del Indio (Funai) durante los primeros meses del Gobierno de Bolsonaro tras dirigir una megaoperaci¨®n contra la miner¨ªa ilegal.

En 2021, Colombia logr¨® descender al segundo lugar en cuanto a ambientalistas asesinados tras liderar la lista por dos a?os consecutivos, al bajar de 65 cr¨ªmenes mortales a 33. En total, desde que Global Witness inici¨® este recuento, en el pa¨ªs que alberga la mitad de los p¨¢ramos del planeta, que est¨¢ ba?ado por dos oc¨¦anos y que tiene un 30% de territorio amaz¨®nico, se han documentado 322 asesinatos de l¨ªderes ambientales.

¡°El programa de la sociedad civil Somos Defensores, que documenta y reporta ataques contra ambientalistas, ha condenado repetidamente la poca acci¨®n estatal, incluyendo a los ¨®rganos judiciales para acabar con el clima de impunidad y miedo¡±, se lee en el informe. ?scar Sampaio, un activista ambiental que defiende la tierra frente a las operaciones de fracking en la zona del Magdalena Medio denunci¨® durante la rueda de prensa de presentaci¨®n de los resultados del informe de Global Witness que los ecologistas son v¨ªctimas de ¡°una guerra civil, pol¨ªtica y social que a¨²n se vive en Colombia¡±.

Tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC hace casi cinco a?os, muchas partes del pa¨ªs a¨²n est¨¢n tomadas por la violencia de sus disidencias y otros grupos armados. En el Magdalena Medio, dice Sampaio, varios de estos colectivos tienen presencia en el territorio donde hay diferentes industrias extractivas, lo que pone en riesgo de agresi¨®n y muerte a los l¨ªderes ambientales y las personas que defienden la naturaleza.

M¨¦xico y la marca de la impunidad

La violencia que impera en el pa¨ªs, esta vez la del narcotr¨¢fico, es tambi¨¦n uno de los motivos que se achacan al fuerte incremento de los asesinatos de ambientalistas en M¨¦xico en los ¨²ltimos tres a?os. 131 de los 154 cr¨ªmenes registrados en la ¨²ltima d¨¦cada se produjeron entre los a?os 2017 y 2021. Ese ¨²ltimo a?o, dos tercios de los 54 asesinatos de defensores de la naturaleza tuvieron que ver con conflictos por la pertenencia de la tierra y la miner¨ªa.

La organizaci¨®n tambi¨¦n advierte que las desapariciones forzadas perpetradas por ¡°funcionarios estatales corruptos y grupos del crimen organizado¡± son cada vez m¨¢s comunes entre los defensores de la tierra: en 2021 registraron 19. Entre ellas, menciona el hallazgo en septiembre de 2021 de los restos humanos de seis personas pertenecientes al pueblo yaqui en Sonora. ¡°Las autoridades atribuyeron el crimen a los c¨¢rteles de la droga, pero algunos en la comunidad tienen sospechas del Gobierno y de corporaciones interesadas en la tierra y los recursos¡±, se lee en el informe.

De las 54 v¨ªctimas de este a?o, casi la mitad pertenec¨ªan a pueblos ind¨ªgenas que, seg¨²n denuncia Global Witness, son un grupo ¡°altamente vulnerable ante la proliferaci¨®n de proyectos extractivistas llevados a cabo por empresas nacionales y extranjeras y por el Gobierno mexicano¡±. ¡°La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos ha hecho saber su preocupaci¨®n por la falta de consultas adecuadas a las comunidades potencialmente afectadas y los subsecuentes ataques a quienes se levantan contra estos proyectos¡±, se lee en el informe.

Y, como sucede en el resto de la regi¨®n, estos cr¨ªmenes est¨¢n marcados por la impunidad: el 94% no fueron denunciados y solo un 0,9% han sido resueltos, seg¨²n los datos de Global Witness. ¡°El tema de la impunidad es una constante¡±, lamenta Citlalli Gonz¨¢lez, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en declaraciones a Am¨¦rica Futura. Seg¨²n explica, rara vez se sigue el eje de los conflictos ambientales en las investigaciones por asesinatos de defensores, unas pesquisas que, denuncia, a menudo est¨¢n permeadas por la corrupci¨®n.

Aunque M¨¦xico ratific¨® en 2021 el Acuerdo de Escaz¨², que busca garantizar el acceso a la informaci¨®n, a la participaci¨®n ciudadana y a la Justicia en asuntos ambientales y que entr¨® en vigor en abril de este a?o, Global Witness lamenta que ¡°no hay mucha capacidad estatal ni presupuesto para apoyar a los ambientalistas¡±. La organizaci¨®n, que ha pedido a los Gobiernos y las compa?¨ªas implementar medidas para defender a los defensores de los recursos, conf¨ªa en que la implementaci¨®n de tratado pueda mejorar su situaci¨®n.

¡°Creemos que el Acuerdo de Escaz¨² puede abrir las avenidas para pol¨ªticas de transparencia, de acceso a la informaci¨®n, de participaci¨®n y tambi¨¦n de protecci¨®n y prevenci¨®n de abusos en contra de personas defensoras de tierra y medio ambiente¡±, apunta Francisca Stuardo, asesora de la organizaci¨®n. A su juicio, los pa¨ªses tienen por delante un camino para lograr la ratificaci¨®n e implementaci¨®n del acuerdo ¡°a trav¨¦s de una hoja de ruta clara que cuente con recursos, instituciones pertinentes, con una mirada interseccional y una perspectiva de derechos¡±.