Escala la presi¨®n judicial contra la vicepresidenta de Ecuador con la posibilidad de un juicio pol¨ªtico

La fiscal de Ecuador, Diana Salazar, ya tiene en sus manos el expediente judicial contra la vicepresidenta, Ver¨®nica Abad, y ha realizado las primeras diligencias para apresurar el proceso. Ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia que le asigne un d¨ªa y una hora para vincular en la causa que se abri¨® en marzo a la segunda mandataria. Adem¨¢s, ha cambiado el delito. Abad no ser¨¢ procesada por oferta de tr¨¢fico de influencias, lo...

La fiscal de Ecuador, Diana Salazar, ya tiene en sus manos el expediente judicial contra la vicepresidenta, Ver¨®nica Abad, y ha realizado las primeras diligencias para apresurar el proceso. Ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia que le asigne un d¨ªa y una hora para vincular en la causa que se abri¨® en marzo a la segunda mandataria. Adem¨¢s, ha cambiado el delito. Abad no ser¨¢ procesada por oferta de tr¨¢fico de influencias, lo que motiv¨® a la investigaci¨®n desde un inicio, sino por concusi¨®n; es decir, ser¨¢ acusada de usar su cargo para exigir un pago a otra persona a cambio de un puesto de trabajo. Con este cambio, Abad no solo podr¨ªa ser procesada penalmente, sino tambi¨¦n abre la posibilidad para que la Asamblea pueda iniciar un juicio pol¨ªtico en su contra e inhabilitarla a cualquier cargo p¨²blico.

El caso fue bautizado por la Fiscal¨ªa como Nene, porque el ¨²nico implicado era el hijo de la segunda mandataria, Sebasti¨¢n Barreiro Abad. Seg¨²n la investigaci¨®n del fiscal que recogi¨® las primeras pruebas, el delito se configur¨® en una suite de un hotel de la capital. El denunciante es un joven comunicador Rommel P., quien acudi¨® a la cita convocada una noche en la suite del hotel. Lo esperaban Barreiro y Daniel R., un asesor de la vicepresidenta. La reuni¨®n era para negociar el puesto de coordinador de comunicaci¨®n en la Vicepresidencia de la Rep¨²blica. El cargo de coordinador tiene un salario de 3.200 d¨®lares, pero le ofrecieron ganar 1.200 d¨®lares. Al final cerraron el negocio en 1.500 y la diferencia deb¨ªa entregarlo en efectivo y en las manos del hijo de la segunda mandataria. Para garantizar los pagos mensuales, seg¨²n el denunciante, lo obligaron a firmar una letra de cambio por 30.000 d¨®lares. Rommel firm¨®.

En la ampliaci¨®n de la versi¨®n, el denunciante ha asegurado que la vicepresidenta estaba al tanto de todo, y mostr¨® los chats de sus conversaciones. La investigaci¨®n acumula por lo menos nueve testimonios de diferentes testigos, desde empleados del hotel hasta funcionarios de la Vicepresidencia, entre esos el del exsecretario quien dijo que Abad dispuso la contrataci¨®n de Rommel P. para el cargo de coordinador de comunicaci¨®n.

Para obtener las pruebas, la fiscal Salazar ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia una autorizaci¨®n para extraer y analizar la informaci¨®n del tel¨¦fono m¨®vil de Rommel P., donde asegura que est¨¢n las conversaciones con la segunda mandataria. Salazar tambi¨¦n ha pedido que tanto Abad como su asesor Daniel R. rindan su versi¨®n el 13 de junio. Lo har¨¢n v¨ªa telem¨¢tica desde la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, a donde fue enviada la vicepresidenta como embajadora de la paz en la guerra de Israel contra Palestina.

Pero para continuar con el proceso judicial contra la vicepresidenta, los jueces deber¨¢n solicitar autorizaci¨®n a la Asamblea, que deber¨¢ aprobarlo con m¨ªnimo 92 votos de los legisladores. Si el Legislativo no aprueba la autorizaci¨®n, Abad no podr¨¢ ser procesada penalmente. Pero con el cambio de delito a concusi¨®n, Abad no s¨®lo enfrentar¨ªa un posible juicio penal, sino tambi¨¦n pol¨ªtico. La Constituci¨®n de Ecuador establece tres causas para que la Asamblea lleve al banquillo del Pleno al presidente o vicepresidenta: por delitos contra la seguridad del Estado, delitos de genocidio, tortura, desaparici¨®n forzada de personas, secuestro u homicidio por razones pol¨ªticas y por concusi¨®n, cohecho, peculado o enriquecimiento il¨ªcito.

No es la primera vez que se ventila un posible juicio pol¨ªtico contra la segunda mandataria en los pasillos del parlamento, pero en ese entonces no ten¨ªan causales para proponerlo. El tr¨¢mite de un juicio pol¨ªtico requiere de un acusador y el respaldo de 46 firmas. El Gobierno tiene asegurados al menos a 34 asamble¨ªstas. Ahora el futuro de la vicepresidenta est¨¢ en la Asamblea y sobre todo en las manos de la Revoluci¨®n Ciudadana, el movimiento pol¨ªtico de Rafael Correa, al que ella ha criticado y ha acusado de desmantelar el pa¨ªs en los 10 a?os que gobern¨®. Abad tambi¨¦n se opuso desde el inicio al pacto pol¨ªtico que negoci¨® Noboa con el corre¨ªsmo para gobernar sin obst¨¢culos en el Congreso, un acuerdo con el que consigui¨® pasar cinco leyes econ¨®micas urgentes y que termin¨® tras ordenar ingresar a la fuerza en la Embajada de M¨¦xico en Quito para capturar a Jorge Glas.

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