Ortega y Murillo legalizan los destierros y la negativa de salida o ingreso de cr¨ªticos a Nicaragua

El Parlamento leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reformado la Ley 761 o General de Migraci¨®n y Extranjer¨ªa para dotar de legalidad a una pr¨¢ctica que llevaban ejecutando de facto desde 2021 por razones pol¨ªticas: las negativas de entrada o salida de ciudadanos y residentes extranjeros a Nicaragua, as¨ª como de extranjeros. La modificaci¨®n de la normativa, aprobada sin chistar el 28 de noviembre por los diputados, tambi¨¦n legaliza los destierros que han aplicado a 450 personas, en su mayor¨ªa expresos pol¨ªticos, opositores, periodistas, activistas, campesinos, religiosos, escritores, m¨²sicos, universitarios y cr¨ªticos en general de la pareja presidencial.

La reforma ha infundido zozobra a los nicarag¨¹enses, ya que ha sido pasada por los parlamentarios en la v¨ªspera de las fiestas decembrinas, una ¨¦poca caracterizada por el alto flujo de ingreso y salida del pa¨ªs por las reuniones familiares de navidad y fin de a?o. En espec¨ªfico, m¨¢s terror a quienes acostumbran a cruzar irregularmente a Costa Rica, el pa¨ªs con el que Nicaragua comparte la frontera sur, y donde el paso por ¡°puntos ciegos¡± ha sido tolerado hist¨®ricamente por las din¨¢micas migratorias econ¨®micas.

Sin embargo, esos ¡°puntos ciegos¡± ¨Ctambi¨¦n en la frontera con Honduras¨C han sido utilizados a partir de 2018 por miles de opositores que huyen de la persecuci¨®n pol¨ªtica de los Ortega-Murillo para evitar que les decomisen sus pasaportes o los env¨ªen a prisi¨®n, tal cual ha sucedido con centenares de ellos. En ese sentido la reforma, de 75 p¨¢ginas, incluye una adici¨®n al C¨®digo Penal de Nicaragua para castigar con penas de dos a seis a?os de c¨¢rcel a los nicarag¨¹enses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular para cometer presuntamente ¡°menoscabo a la integridad nacional, la soberan¨ªa¡± o supuestos intentos para ¡°conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilizaci¨®n econ¨®mica y social de pa¨ªs¡±.

Es decir, todos los motes que el r¨¦gimen Ortega-Murillo utiliza para justificar una brutal represi¨®n que un grupo de expertos de Naciones Unidas ha catalogado como ¡°cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±. La reforma tambi¨¦n otorga facultades a la Direcci¨®n General de Migraci¨®n y Extranjer¨ªa (DGME), subordinada al Ministerio del Interior, de ¡°otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicarag¨¹ense adquirida¡± contra aquellos que ¡°realicen actividades que violenten la Constituci¨®n Pol¨ªtica de Nicaragua¡± o hayan sido condenados por delitos de ¡°terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado¡±.

El Ministerio del Interior, anteriormente llamado Ministerio de Gobernaci¨®n, est¨¢ a cargo de ¡°dirigir, administrar y coordinar a la DGME¡± con el objeto de coadyudar a la Seguridad Soberana y el orden interno del pa¨ªs¡±. Esta instancia es dirigida directamente por Luis Ca?as, uno de los principales operadores pol¨ªticos de la pareja presidencial y, seg¨²n fuentes sandinistas, uno de los principales arquitectos y ejecutores de este esquema represivo en el plano migratorio. Ca?as tambi¨¦n es el encargado de decidir a qu¨¦ nicarag¨¹enses les renueva el pasaporte, una pr¨¢ctica que ya deja a m¨¢s de un centenar de ciudadanos en una ¡°apatridia de facto¡±, han denunciado organismos de derechos humanos.

Legalizan actuaciones ¡®de facto¡¯

La mayor¨ªa de cambios en la ley de Migraci¨®n insisten en otorgar el poder al director de la DGME para ¡°denegar el ingreso al pa¨ªs de personas que puedan menoscabar la soberan¨ªa nacional o representen un riesgo social¡±, legalizando un esquema que funcionaba en la pr¨¢ctica y en coordinaci¨®n entre los puestos fronterizos, la oficina de mando del Ministerio del Interior y la presidencia sandinista.

Tambi¨¦n le dan sustento jur¨ªdico a la pr¨¢ctica notificar ¡°a las empresas de transporte internacional terrestre, a¨¦reo, mar¨ªtimo, fluvial y lacustres la prohibici¨®n de trasladar al territorio nacional a personas que su ingreso no est¨¦ autorizado o tenga restricci¨®n migratorias bajo apercibimiento de asumir los costos de retorno al lugar de origen o de procedencia¡±. Bajo este esquema han sido vetados de ingresar no solo nacionales como familiares de presos pol¨ªticos, catedr¨¢ticos, periodistas y defensores de derechos humanos, sino que hasta youtubers e influencers.

La reforma tambi¨¦n fija una serie de medidas para ¡°fortalecer¡± los controles fronterizos a nivel nacional. ¡°Esto con el objetivo de no permitir las salidas e ingresos irregulares¡±, insiste el texto legislativo. Fuentes migratorias consultadas por EL PA?S en la frontera de Pe?as Blancas ¨Cque comparten Nicaragua y Costa Rica¨C aseguraron que d¨ªas antes de la entrada en vigor de la reforma militares y agentes migratorios actualizaron las listas de nombres con personas consideradas opositoras a los Ortega-Murillo.

Adem¨¢s, la reforma al art¨ªculo 64 contempla la p¨¦rdida de nacionalidad adquirida en casos de ciudadanos condenados por ¡°actos de traici¨®n, cuando de manera directa o indirecta participen, promuevan, dirijan, incite, atenten, financiero, gestione acciones internas o externas que menoscaben la preservaci¨®n de la soberan¨ªa, independencia, orden interno, integridad territorial y autodeterminaci¨®n nacional¡±.

La Ley 761 todav¨ªa vigente establece en su art¨ªculo 47 que ning¨²n nacional puede ser privado de su nacionalidad, conforme a los tratados y el principio de reciprocidad. Sin embargo, la reforma ahora se?ala que las personas nicarag¨¹enses pueden perder su nacionalidad ¡°por las causales establecidas en la Constituci¨®n Pol¨ªtica y leyes de la materia¡±. Es decir, a quienes la pareja presidencial considere ¡°traidores a la patria¡±.

Esta reforma a la ley migratoria ocurren en la vor¨¢gine de reformas legales, empezando por el cambio radical de la Constituci¨®n Pol¨ªtica de Nicaragua, que Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado para atornillar jur¨ªdicamente su andamiaje de gobierno tildado como ¡°totalitario¡± por opositores y un Grupo de Expertos de Naciones Unidas, ya que ¡°otorgan al gobierno del presidente Daniel Ortega un poder pr¨¢cticamente ilimitado sobre la poblaci¨®n de la naci¨®n¡±.