El TSJ abre otras tres investigaciones sobre la trama G¨¹rtel
El juez ampl¨ªa la investigaci¨®n a la visita del Papa, y los contratos del Consell y la red Ordena diligencias a Hacienda, UDEF e Intervenci¨®n del Estado
El juez Jos¨¦ Ceres, que instruye la vertiente del caso G¨¹rtel en Valencia, ha abierto tres nuevas l¨ªneas de investigaci¨®n. En un auto conocido este mi¨¦rcoles, el magistrado dict¨® la apertura de tres nuevas piezas separadas sobre la relaci¨®n de la red corrupta con la Generalitat y la direcci¨®n del PP regional, presididas en aquellos a?os por Francisco Camps.
La primera pieza se refiere a la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006, que seg¨²n la investigaci¨®n permiti¨® a la red corrupta y al entonces director de Canal 9, Pedro Garc¨ªa, repartirse ilegalmente m¨¢s de tres millones de euros en comisiones. La segunda pieza investigar¨¢ los muchos contratos (hasta 76) que la red corrupta recibi¨® a dedo de la Generalitat, para lo cual fueron presuntamente troceados con el objetivo de que no superasen el l¨ªmite de 12.000 euros. Y la tercera, sobre los delitos fiscales que la trama habr¨ªa cometido mientras participaba en la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, unos hechos que tambi¨¦n indaga Ceres.
El juez ordena en el auto diligencias a la UDEF (Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal), Onif (la unidad Antifraude de Hacienda) y la Intervenci¨®n General del Estado.
El nuevo alud de supuesta corrupci¨®n se suma a la pieza separada sobre la contrataci¨®n de la Consejer¨ªa de Turismo con la trama, para que montase el pabell¨®n valenciano en Fitur, por cinco millones de euros. En esta pieza el juez ha dado por concluida la instrucci¨®n y pr¨¢cticamente solo falta que se se?ale la fecha del juicio. La fiscal¨ªa pide por estos hechos 11 a?os de c¨¢rcel para Milagrosa Mart¨ªnez, exconsejera de Camps, expresidenta de las Cortes valencianas y a¨²n diputada auton¨®mica y alcaldesa de Novelda. Y penas de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n para otra exconsejera de Camps y cinco cargos intermedios del Gobierno valenciano.
La extensi¨®n de la actividad delictiva que la red de Francisco Correa desarroll¨® presuntamente en Valencia, avaladas por todos los jueces que desde hace cuatro a?os han conocido las denuncias de Anticorrupci¨®n, parece enterrar definitivamente la estrategia que Camps y el PP valenciano utilizaron inicialmente: que todo se limitaba a la acusaci¨®n por haber aceptado prendas de ropa. Un jurado absolvi¨® a Camps de aquello con cinco votos a cuatro, pero sus subordinados se enfrentan ahora a largos procesos judiciales y graves penas. Varios de ellos, que previsiblemente ser¨¢n imputados, declararon como testigos a favor del expresidente valenciano en el juicio de los trajes.
La causa entierra la estrategia del PP de limitarlo todo a tres trajes
El desembarco completo del caso G¨¹rtel en Valencia parece encarrilar definitivamente una parte sustancial de la investigaci¨®n que ha dado tumbos entre los tribunales superiores de Madrid y Valencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo desde que hace cuatro a?os el entonces juez Baltasar Garz¨®n ordenase la detenci¨®n de los cabecillas de G¨¹rtel y varios registros, entre ellos el de la Agencia Valenciana de Turismo.
El accidentado avance de la causa se ha debido, en parte, a la estructura del sistema judicial espa?ol, que establece como aforados a los tribunales superiores de sus comunidades a los miembros de los Gobiernos y parlamentos auton¨®micos.
El resultado es que cuatro a?os despu¨¦s de destaparse el caso los presuntos responsables de fraccionar decenas de contratos con Orange Market y otras empresas de la red, por ejemplo, todav¨ªa no han sido llamados a declarar, ni se han practicado apenas diligencias al respecto.
No es el caso de los supuestos delitos fiscales, ya que los jueces s¨ª han rastreado el complejo entramado econ¨®mico de la red. Ni de la visita del Papa, donde ya hay m¨¢s de una decena de imputados. En esta pieza separada, adem¨¢s, varios de los altos cargos de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana imputados en su momento por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, han responsabilizado de los hechos a Pedro Garc¨ªa.
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