Andr¨¦s Cruz, exfiscal, sobre la violencia en el Biob¨ªo: ¡°Si las FF.AA. carecen de respaldo pol¨ªtico decidido para actuar, es obvio que el estado de excepci¨®n es m¨¢s bien simb¨®lico¡±

El asesinato de tres carabineros, que fueron baleados y luego quemados dentro de su camioneta de patrullaje la madrugada del 27 de abril en la ruta P-72 S que une Tir¨²a con Ca?ete, en la provincia de Arauco, ha puesto nuevamente a una zona de la regi¨®n del Biob¨ªo, en el sector centro-sur de Chile,...

El asesinato de tres carabineros, que fueron baleados y luego quemados dentro de su camioneta de patrullaje la madrugada del 27 de abril en la ruta P-72 S que une Tir¨²a con Ca?ete, en la provincia de Arauco, ha puesto nuevamente a una zona de la regi¨®n del Biob¨ªo, en el sector centro-sur de Chile, en el foco. Por m¨¢s de una d¨¦cada ha sufrido violencia rural, con atentados tanto de grupos radicales mapuche, que armados han incendiado predios y casas, y de bandas, algunas asociadas a estas agrupaciones, dedicadas al robo de madera. Con el tiempo tambi¨¦n han surgido otras organizaciones, que trafican drogas y roban autom¨®viles.

Como lo ha descrito el martes el fiscal nacional ?ngel Valencia, ¡°en la zona muchas veces hay grupos que son calificables como terroristas, pero a la vez hay bandas de delincuentes comunes que son tanto o m¨¢s violentas, que recurren a la violencia simplemente para tener control territorial, como el crimen organizado¡±, se?al¨® a radio Cooperativa.

Para quienes han investigado en esa zona, el crimen de los tres carabineros ha sido el dram¨¢tico corolario de la violencia que comenz¨® hace al menos 16 a?os, cuando varios hechos alertaron de que esa violencia solo podr¨ªa crecer. Testigo de eso es el exfiscal Andr¨¦s Cruz (Concepci¨®n, 1973), quien hall¨® en agosto de 2007 un fusil M-16 en manos de un hombre en Tir¨²a. Y, en 2008, indag¨® el atentado, tambi¨¦n en Tir¨²a del fiscal Mario Elgueta, cuya comitiva de dos carabineros y tres detectives sufri¨® una emboscada a balazos. ¡°Hubo funcionarios con lesiones graves que, hasta hoy, sufren las consecuencias. Uno usaba un casco, y los proyectiles que ten¨ªa denotaban que les dispararon a matar¡±, dice Cruz.

Pero el atentado a Elgueta, por el que fue condenada la c¨²pula de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el primer grupo radical que comenz¨® a operar en la zona, no fue la primera alerta. En 2005, recuerda Cruz, en Ranquilhue, un grupo armado ingres¨® a un campamento, sac¨® a familias completas de rodillas, y quem¨® sus casas y sus autos. ¡°Ya en ese tiempo hab¨ªa antecedentes del uso de armamento pesado y de subametralladoras¡±, dice a EL PA?S.

Cruz, abogado de la Universidad de Concepci¨®n y profesor de derecho procesal de la misma universidad, fue fiscal por m¨¢s de diez a?os, hasta 2011, y en Talcahuano, regi¨®n del Biob¨ªo, se especializ¨® en investigaci¨®n de lavado de activos, crimen organizado y tr¨¢fico de drogas. En 2022, fue convencional constituyente por el Partido Socialista.

Pregunta. ?Cu¨¢les son los hitos que han marcado la violencia en la regi¨®n del Biob¨ªo?

Respuesta. En 2001 hubo un atentado a una hacienda en Lleu Lleu. Y en 2005, en Ranquilhue, recuerdo que las v¨ªctimas hablaban de sujetos que obraban con uniformes y armados. Y que hab¨ªa un liderazgo, alguien que daba instrucciones y sujetos que guardaban silencio y hac¨ªan. Ranquilhue fue bien brutal, y junto con la hacienda Lleu Lleu, que est¨¢ a 50 kil¨®metros de Ca?ete, son un paradigma, pues marcaron un hito.

P. Usted investig¨® el hallazgo de un fusil M-16 en 2007 ?eso fue sorprendente o ya hab¨ªa indicios de armas pesadas?

R. En 2005, en Ranquilhue, ya hab¨ªa denuncias respecto de que los sujetos portaban subametralladoras y fusiles, y luego, con el descubrimiento que se hizo del M-16, se le dio credibilidad al asunto. Hay que tomar en consideraci¨®n el contexto, porque todos estos grupos ten¨ªan un apoyo pol¨ªtico tremendo. En esa ¨¦poca se dec¨ªa que todo era montaje, y que hab¨ªa una reivindicaci¨®n absolutamente justificada de la utilizaci¨®n de la fuerza y de la violencia para reivindicar el territorio.

P. ?De parte de la izquierda?

R. Yo me siento parte de la izquierda hasta hoy. Y en esa ¨¦poca yo comprend¨ªa que pudiese existir un ¨¢nimo de rabia y resentimiento tomando en consideraci¨®n el hecho de que se trataba de un grupo de personas que viv¨ªan en la marginalidad, que no eran reconocidas y que eran oprimidas. Pero cuando me correspondi¨® intervenir en estas investigaciones, me di cuenta de que hab¨ªa mucho de c¨¢scara ideol¨®gica muy superficial y que, si bien hab¨ªa fan¨¢ticos, como en toda causa, la mayor¨ªa actuaba porque obten¨ªa r¨¦ditos econ¨®micos del robo y venta de madera y de la defensa que recib¨ªan de grupos armados. Y finalmente, la mayor¨ªa de las personas que viv¨ªan en el lugar estaban aterradas, con miedo. La v¨ªa armada no se puede comprender ni justificar.

P. ?Qu¨¦ signific¨® el atentado al fiscal Elgueta?

R. Fue complejo, porque a mi juicio fue una vuelta de mano porque el fiscal hab¨ªa avanzado mucho en su investigaci¨®n y estaba logrando el objetivo de encerrar al grupo. Y da la impresi¨®n de que la CAM en ese tiempo dijo: ¡®este es nuestro territorio, y como es nuestro, vamos a actuar impidiendo que la autoridad chilena se constituya en el lugar, por lo que expulsamos por la fuerza¡±.

P. ?Ya hab¨ªa en 2008 robo de madera?

R. Hab¨ªa mucha sustracci¨®n de madera. Recuerdo un aserradero m¨®vil, y se estableci¨® que estos individuos trabajaban sobre la base de un grupo que cortaba y sustra¨ªa madera, y luego hab¨ªa otro grupo, un anillo, que los proteg¨ªa. Se desplazaban encapuchados y armados.

P. ?Exist¨ªan entonces indicios de tr¨¢fico de drogas?

R. Yo no lo vi nunca, tiene que haber sido posterior. Lo que vi fue una organizaci¨®n muy bien montada para sustraer madera.

P. ?Cree que a las autoridades les cost¨® asumir que hab¨ªa robo de madera en medio de la reivindicaci¨®n del conflicto?

R. No es que costara. Todos sab¨ªan, pero no hab¨ªa voluntad para poder actuar contra estos grupos porque hab¨ªa simpat¨ªas pol¨ªticas y eso dificulta el poder actuar. Pero eso se rompi¨® con el ataque a Mario Elgueta, porque un hecho con esas caracter¨ªsticas tiene obligaciones para las autoridades, y el Gobierno se querell¨® por ley antiterrorista.

P. ?C¨®mo describir¨ªa la ruta P 72 donde fueron asesinados los tres carabineros el 27 de abril?

R. Es extremadamente dif¨ªcil obtener alg¨²n tipo de antecedente si no es con aplicaci¨®n de herramientas distintas a las destinadas a perseguir un delito com¨²n.

P. ?Le sorprendi¨® el ataque a los tres carabineros?

R. Lamentablemente, no. Es extremadamente grave, pero han habido muchos hechos anteriores y no son los primeros carabineros que mueren. Est¨¢ la tragedia del molino Grollmus en Contulmo; est¨¢n los controles vehiculares, est¨¢ el hecho de que a un fiscal lo hayan emboscado. Es decir, hay un patr¨®n, y ese patr¨®n implica que por dejar de que estos sujetos se desenvolvieran sin ning¨²n tipo de control, hace que hasta este momento sea extremadamente rentable operar en la zona. No solo desde el punto de vista econ¨®mico, sino porque est¨¢ asegurada la impunidad. Por eso ya no tenemos solo a la CAM, que est¨¢ muy debilitada y golpeada, sino que hay otros grupos que, aprovech¨¢ndose de las circunstancias, como descolgados o individuos que puede que no tengan ninguna vinculaci¨®n con la reivindicaci¨®n del conflicto, aprovechen el vac¨ªo.

P. ?Cu¨¢l es ese vac¨ªo?

R. La ausencia de Estado de derecho y el complejo para aplicar la fuerza p¨²blica. Hoy estamos hablando de un contexto donde hay estado de excepci¨®n constitucional, pues hay fuerzas armadas en el lugar. Pero si carecen de un respaldo pol¨ªtico decidido para poder actuar, es obvio que estas sean medidas m¨¢s simb¨®licas, sin perjuicio de que se han logrado resultados en t¨¦rminos de disminuir la cantidad de hechos punibles. Pero no es suficiente.

P. ?Qu¨¦ efecto ha tra¨ªdo esta situaci¨®n?

R. Permite que estos grupos ejerzan control territorial, y que existan centenares de personas que hayan sido obligadas a desplazarse, a irse de ese lugar. Esa es una violaci¨®n a los derechos humanos, tomando en consideraci¨®n de que hay grupos organizados que pueden actuar bajo la impunidad y teniendo, en cierta medida, control sobre el territorio. Yo tengo casos [como abogado privado] en que a dos adultos mayores, uno de ellos con parkinson, se los oblig¨® a salir en pijama y de rodillas, en las orillas del lago Lanalhue, y un sujeto encapuchado, con un fusil, los oblig¨® a ver c¨®mo quemaban su casa. Son profesores, no son grandes forestales. Y, lamentablemente, esto no es excepcional. Se supone que uno tiene una tendencia pol¨ªtica, pero cuando uno ve que esto se escapa de la racionalidad y del sentido com¨²n, esto ya no es de izquierda o derecha, sino de respetar la dignidad humana y de entender que hay gente sufriendo desde hace mucho tiempo.

P. ?A qu¨¦ atribuye que hoy, como dijo el fiscal Valencia, existan distintas organizaciones en la zona?

R. Hoy puede que haya otro tipo de organizaciones, distintas, paralelas o que se desenvuelven al alero o en conjunto, pero que se aprovechan de la falta de Estado de derecho. Esto es consecuencia de haber abandonado ese lugar. Investigar delitos en zonas rurales es complejo, totalmente distinto a hacerlo en zonas urbanas. Los indicios desaparecen con mayor facilidad; los testigos tienen una mayor exposici¨®n frente a los espacios donde viven; es m¨¢s dif¨ªcil la aplicaci¨®n de tecnolog¨ªa y los sujetos que se desenvuelven en esos lugares, conocen muy bien el territorio, algo que muchas veces no ocurre con los funcionarios que intervienen en este tipo de investigaciones.

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