El juez estima en 6,6 millones de metros c¨²bicos los presuntos vertidos de 49 empresas agr¨ªcolas al mar Menor

Medio centenar de empresas agr¨ªcolas del Campo de Cartagena (Murcia) podr¨ªan haber vertido al mar Menor un total de 6,6 millones de metros c¨²bicos de salmueras de manera ilegal, procedentes de la desalobraci¨®n no autorizada de unos 26,5 millones de metros c¨²bicos de agua extra¨ªda de los acu¨ªferos subterr¨¢neos de la zona.

As¨ª lo afirma en un auto notificado este martes el titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Murcia, ?ngel Garote, que est¨¢ al frente de la causa abierta contra esas empresas y organizaciones agrarias en el denominado ¡°caso Topillo¡±, que se inici¨® en diciembre de ...

Medio centenar de empresas agr¨ªcolas del Campo de Cartagena (Murcia) podr¨ªan haber vertido al mar Menor un total de 6,6 millones de metros c¨²bicos de salmueras de manera ilegal, procedentes de la desalobraci¨®n no autorizada de unos 26,5 millones de metros c¨²bicos de agua extra¨ªda de los acu¨ªferos subterr¨¢neos de la zona.

As¨ª lo afirma en un auto notificado este martes el titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Murcia, ?ngel Garote, que est¨¢ al frente de la causa abierta contra esas empresas y organizaciones agrarias en el denominado ¡°caso Topillo¡±, que se inici¨® en diciembre de 2017. El magistrado, que hace justo un a?o llam¨® a declarar como investigados a los responsables de 63 empresas agrarias por esos supuestos delitos de vertidos ilegales, ha sobrese¨ªdo ahora las actuaciones sobre 14 de ellas por falta de indicios, pero mantiene la investigaci¨®n sobre las otras 49, para las que ha pedido nuevas pruebas periciales que permitan individualizar cu¨¢nto da?o hicieron cada una de ellas al ya de por s¨ª afectado ecosistema del Mar Menor, en situaci¨®n de colapso desde hace a?os, y el posible perjuicio econ¨®mico causado.

La investigaci¨®n, que parti¨® de una dura denuncia del fiscal superior de la comunidad aut¨®noma, Jos¨¦ Luis D¨ªaz Manzanera, trata de esclarecer si estas empresas extrajeron agua contaminada por nitratos de los acu¨ªferos de Cartagena, que no sirve para el riego, y la trataron en desalobradoras ilegales. Ese tratamiento genera las denominadas ¡°salmueras¡±, residuos que se habr¨ªan desechado, bien a trav¨¦s de los propios acu¨ªferos, bien a trav¨¦s de la rambla del Albuj¨®n, que desemboca en el mar Menor, empeorando cada vez m¨¢s su situaci¨®n.

En enero de 2018, la Guardia Civil inspeccion¨® en el marco de esta operaci¨®n 67 fincas agr¨ªcolas y se precintaron 38 desalobradoras y 35 pozos que operaban sin autorizaci¨®n. Algunas de esas desalobradoras estaban escondidas en zulos y funcionando a pleno rendimiento.

Durante la instrucci¨®n se ha recabado numerosa documentaci¨®n que evidencia el consumo de sustancias que se emplean para el funcionamiento de las desalobradoras y se han elaborado informes periciales sobre los cultivos existentes en cada explotaci¨®n investigada, el d¨¦ficit h¨ªdrico que ten¨ªa cada una de ellas y los pozos de los que se podr¨ªa haber extra¨ªdo el agua.

El juez apunta en su auto a cinco criterios comunes a todas las empresas que contin¨²an siendo investigadas y que ¡°muestran una pluralidad de indicios que permiten afirmar con un alto grado de probabilidad que ha podido desalar agua y efectuar vertidos no autorizados¡±.

En concreto, se trata de empresas que ten¨ªan en sus explotaciones uno o m¨¢s pozos y una o m¨¢s desalobradoras, que hab¨ªan hecho acopio de consumibles que se emplean para el funcionamiento de esas m¨¢quinas, que sufr¨ªan d¨¦ficit h¨ªdrico seg¨²n los informes periciales y, en algunos casos, que hab¨ªan extra¨ªdo cantidades de agua cuantificadas y que no pueden ser usadas en su estado original para el riego.

El nuevo informe pericial que solicita ahora el juez para continuar con la instrucci¨®n pretende determinar, adem¨¢s de la cantidad de presuntos vertidos de cada una de las empresas, si las operaciones de desalaci¨®n de agua y vertido de salmueras presuntamente realizadas ¡°son susceptibles de da?ar o generar un grave riesgo a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas y si pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, y en concreto al ecosistema del mar Menor¡±. Tambi¨¦n busca saber si se ha podido crear un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas y cuantificar el perjuicio econ¨®mico causado por cada uno de los vertidos que se imputan a los investigados.

Este ¡°caso Topillo¡± ha pasado por diversas vicisitudes judiciales: tras iniciarse la investigaci¨®n, en febrero de 2018, la entonces titular del Juzgado N¨²mero 2, Miriam Mar¨ªn, decidi¨® dividir la causa en 26 partes diferentes, pero al ser sustituida por Garrote al frente del juzgado, este decidi¨® agruparla de nuevo, como ped¨ªan la fiscal¨ªa y la acusaci¨®n particular de Ecologistas en Acci¨®n. Adem¨¢s de las empresas agrarias, en la causa se investiga a una docena de funcionarios y ex altos cargos de la comunidad aut¨®noma y la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura, entre ellos, el exconsejero Antonio Cerd¨¢, o el expresidente de la CHS Salvador Fuentes Zorita.

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