Por el inter¨¦s general

El Consejo de Ministros aprobar¨¢ este martes una medida de calado: la reducci¨®n de una parte de los sobrecostes que los consumidores el¨¦ctricos hemos soportado, de forma injustificada, durante los ¨²ltimos 15 a?os en Espa?a. Desde 2005, las centrales t¨¦rmicas (principalmente, carb¨®n y gas) tienen que cubrir sus emisiones de CO? con derechos de emisi¨®n, cuyo coste repercuten al precio de la electricidad. Este mayor p...

El Consejo de Ministros aprobar¨¢ este martes una medida de calado: la reducci¨®n de una parte de los sobrecostes que los consumidores el¨¦ctricos hemos soportado, de forma injustificada, durante los ¨²ltimos 15 a?os en Espa?a. Desde 2005, las centrales t¨¦rmicas (principalmente, carb¨®n y gas) tienen que cubrir sus emisiones de CO? con derechos de emisi¨®n, cuyo coste repercuten al precio de la electricidad. Este mayor precio lo perciben tambi¨¦n otras centrales no emisoras que, al no tener que comprar derechos, han visto aumentar sus ingresos sin que aumentaran sus costes. Para las centrales anteriores a 2005 (principalmente, nucleares e hidroel¨¦ctricas) estos beneficios cayeron del cielo porque no fueron producto del buen hacer de sus propietarios, sino del cambio regulatorio.

Las familias, algunas en situaci¨®n de vulnerabilidad, han tenido que hacer frente a facturas el¨¦ctricas crecientes, que han reducido su capacidad de consumo e inversi¨®n en otros sectores. Los empresarios, por este efecto, han visto c¨®mo la demanda de sus bienes y servicios era menor, mermando su capacidad de crecer y de generar empleo, al tiempo que aumentaban sus facturas y se reduc¨ªa su competitividad. Los trabajadores, por todo ello, han percibido menores salarios, y los desempleados han tenido m¨¢s dif¨ªcil encontrar empleo.

La culpa no la ha tenido el precio del CO?: las emisiones generan un elevado coste social que debe ser incorporado a los precios para promover la reducci¨®n de emisiones. La culpa es de la regulaci¨®n. Una regulaci¨®n que nos hace pagar por la electricidad como si el 100% fuera producida en centrales contaminantes, desincentivando la electrificaci¨®n como principal v¨ªa para la descarbonizaci¨®n. Se puede discutir si es necesario primar a las nuevas inversiones limpias v¨ªa el precio del CO?, y en su caso, si es la mejor manera. Pero lo que es dif¨ªcilmente justificable es que esta sobrerretribuci¨®n incentive la inversi¨®n en centrales previas a la regulaci¨®n.

A los precios actuales del CO? ¡ªprevisiblemente al alza¡ª estas rentas regulatorias podr¨ªan superar los 1.000 millones de euros anuales. Detraerlas ser¨ªa equivalente, por ejemplo, a que familias y empresas dispusieran de forma perpetua de 100.000 millones sin coste financiero, que quedar¨ªa sufragado por los 1.000 millones en los que se reducir¨ªa su factura el¨¦ctrica anual.

Estamos ante la pieza que faltaba en las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para impulsar la transici¨®n energ¨¦tica. El precio de la electricidad seguir¨¢ incorporando otras rentas regulatorias generadas por la Ley del Sector El¨¦ctrico del 1997, pero esta medida constituye un paso importante para mitigar su cuant¨ªa.

A falta de la lectura del texto, solo cabe poner un pero a lo anunciado: que no se tramite por v¨ªa de urgencia. Seguiremos pagando 1.000 millones de euros de m¨¢s al a?o por la electricidad mientras se demore su aprobaci¨®n. Estimados diputados y diputadas, por favor, tengan en cuenta todo lo anterior, por el inter¨¦s general.

Natalia Fabra es catedr¨¢tica de Econom¨ªa en la Universidad Carlos III de Madrid.