Los tres ex m¨¢ximos directivos de ONO se enfrentan a un embargo de 18 millones por el fraude del IVA
La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de Vodafone contra Castellano, Portela y Sagasta y les condena a pagar parte de la multa de Hacienda
La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de Vodafone contra los tres antiguos m¨¢ximos directivos de ONO ¡ªel expresidente Jos¨¦ Mar¨ªa Castellano, la exconsejera delegada Rosal¨ªa Portela y el exdirector financiero Carlos Sagasta¡ª, obligando a los mismos a afrontar parte del pago de una sanci¨®n de Hacienda por no haber declarado el impuesto del valor a?adido (IVA). Aunque la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PA?S, no fija una cantidad precisa, Vodafone ha solicitado el embargo...
La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de Vodafone contra los tres antiguos m¨¢ximos directivos de ONO ¡ªel expresidente Jos¨¦ Mar¨ªa Castellano, la exconsejera delegada Rosal¨ªa Portela y el exdirector financiero Carlos Sagasta¡ª, obligando a los mismos a afrontar parte del pago de una sanci¨®n de Hacienda por no haber declarado el impuesto del valor a?adido (IVA). Aunque la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PA?S, no fija una cantidad precisa, Vodafone ha solicitado el embargo de bienes por valor de 18 millones de euros.
Los hechos se remontan a marzo de 2014, cuando la operadora brit¨¢nica adquiri¨® ONO por 7.200 millones de euros, pero la Agencia Tributaria destap¨® un fraude por las cuotas no ingresadas por la compa?¨ªa de cable en la liquidaci¨®n del IVA entre los a?os 2011 y 2014, por el negocio de reventa de tr¨¢fico para llamadas internacionales. La inspecci¨®n deriv¨® en una sanci¨®n de 72,4 millones de euros (m¨¢s 256.000 euros de sobrecostes) que tuvo que afrontar Vodafone.
A consecuencia de ello, la operadora inici¨® en 2015 un procedimiento judicial contra los tres directivos por el que ejercitaba una acci¨®n social de responsabilidad al entender que hab¨ªan incumplido sus deberes de diligencia y lealtad por no haber investigado y evitado la participaci¨®n ¡°en un fraude carrusel de IVA en relaci¨®n con el crecimiento desmesurado y sin control del ¨¢rea de reventa de voz internacional de la compa?¨ªa¡±. No obstante, en marzo de 2018, el Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 3 de Madrid desestim¨® ¨ªntegramente la demanda y la compa?¨ªa recurri¨® la sentencia.
La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido en parte el criterio adoptado por el juzgado, condenando a los exdirectivos, de manera solidaria, a abonar las cuotas de IVA indebidamente deducidas, pero solo entre el 4 de febrero y el 31 de agosto de 2014, per¨ªodo durante el cual considera acreditado el incumplimiento de su deber de diligencia, que pudo facilitar la generaci¨®n del fraude de IVA y del consiguiente perjuicio econ¨®mico. La reclamaci¨®n de Vodafone que abarca un per¨ªodo mayor, desde 2011 a agosto de 2014, sigue en discusi¨®n ante el Tribunal Supremo.
La Sala de la Audiencia Provincial, en una sentencia del 23 de abril de 2021 que se ha conocido ahora, indica que los ex directivos de ONO eran conscientes del crecimiento desmedido del ¨¢rea de reventa de voz internacional, ¨¢rea sobre la que ten¨ªan capacidad de intervenci¨®n y, sin embargo, no implantaron medidas para revertir la situaci¨®n.
La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido recurrida por todas las partes ante el Tribunal Supremo. Vodafone considera que el incumplimiento de los exdirectivos de su deber de diligencia se extiende en el tiempo m¨¢s all¨¢ del per¨ªodo que considera la Audiencia Provincial y entiende, as¨ª, que la indemnizaci¨®n debe ser de 72 millones de euros. Por su parte, los exdirectivos de Ono sostienen que no hubo falta de diligencia, y piden la absoluci¨®n.
En este contexto, y sin perjuicio de los recursos mencionados ante el Tribunal Supremo, Vodafone present¨® el pasado 13 de abril de 2022 una demanda de ejecuci¨®n provisional de la sentencia de la Audiencia Provincial, por la que pide que se despache la ejecuci¨®n frente a los exdirectivos, que se localicen de cuantos bienes sean propietarios y que se ordene su inmediato embargo, con el fin de hacer frente a la condena (solidaria) que Vodafone cifra, en vista del fallo de la sentencia de la Audiencia, en unos 18 millones, informaron fuentes del proceso.
Paralelamente, Vodafone mantiene otros pleitos por los bonus de 60 millones de euros pactados por los tres m¨¢ximos directivos por la venta de ONO, y cuya devoluci¨®n reclama la operadora brit¨¢nica por estimar que actuaron negligentemente, causando un perjuicio econ¨®mico al comprador. El Tribunal Supremo dio en 2021 la raz¨®n a Castellano y a Sagasta, que han recibido 19,2 y 12,5 millones de euros netos, respectivamente.