Tensi¨®n en Pontevedra: el Supremo decide si la f¨¢brica de Ence al pie de la r¨ªa debe ser desmantelada

Quedarse o marchar. El futuro de la f¨¢brica de celulosas de Ence en Pontevedra (83.000 habitantes), ubicada desde 1959 en terrenos p¨²blicos al pie de la r¨ªa que se adentra en la ciudad, ha dividido durante a?os a los vecinos y a la clase pol¨ªtica frente a la unidad de una plantilla que, con el apoyo de los sindicatos, defiende la continuidad de los puestos de trabajo por encima de todo. La posibilidad de que esta factor¨ªa pueda seguir operando otros 60 a?os m¨¢s en suelo afectado por la Ley de Costas pende del dictamen que el Tribunal Supremo emitir¨¢ este martes.

Tras los recursos del Ay...

Quedarse o marchar. El futuro de la f¨¢brica de celulosas de Ence en Pontevedra (83.000 habitantes), ubicada desde 1959 en terrenos p¨²blicos al pie de la r¨ªa que se adentra en la ciudad, ha dividido durante a?os a los vecinos y a la clase pol¨ªtica frente a la unidad de una plantilla que, con el apoyo de los sindicatos, defiende la continuidad de los puestos de trabajo por encima de todo. La posibilidad de que esta factor¨ªa pueda seguir operando otros 60 a?os m¨¢s en suelo afectado por la Ley de Costas pende del dictamen que el Tribunal Supremo emitir¨¢ este martes.

Tras los recursos del Ayuntamiento y Greenpeace contra la pr¨®rroga que le otorg¨® el Gobierno del pontevedr¨¦s Mariano Rajoy en 2016, el alto tribunal debe decidir si se cierra la planta, lo que abrir¨ªa la puerta a un posible traslado que la empresa ve inviable en Galicia. ¡°Despu¨¦s de tres a?os de espera, nos sentimos marionetas de los pol¨ªticos, que han sido incapaces de negociar una alternativa al cierre para mantener los 5.000 puestos de trabajo que genera esta industria¡±, esgrimen los trabajadores sobre el impacto indirecto de una planta que emplea a unas 500 personas entre oficinas y f¨¢brica.

Los magistrados de lo Contencioso se reunir¨¢n este martes para votar y fallar sobre el recurso de casaci¨®n de Ence contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2021 anul¨® la pr¨®rroga que le hab¨ªa concedido el Gobierno de Rajoy cinco a?os antes y que extend¨ªa al a?o 2073 el l¨ªmite temporal para su actividad. El tribunal admiti¨® el recurso del Ayuntamiento de Pontevedra a la medida. El gobierno de izquierdas presidido por el BNG desde 1999 defiende el traslado de la pastera a otro emplazamiento para ¡°luchar contra la contaminaci¨®n¡±, en l¨ªnea con el movimiento ecologista Greeanpeace, que tambi¨¦n recurri¨®. Otro recurso, el de la Asociaci¨®n en Defensa de la R¨ªa (PDRA), est¨¢ pendiente de resoluci¨®n.

En este contencioso en el que el tribunal ha entendido que Ence no justific¨® que su emplazamiento a pie de r¨ªa fuese ¡°imprescindible¡±, el Gobierno de Pedro S¨¢nchez se allan¨®, lo que supuso un cambio de criterio de la Abogac¨ªa del Estado, que con Rajoy en La Moncloa hab¨ªa abierto la puerta a la pr¨®rroga de Costas. Ante este frente judicial, Ence congel¨® las inversiones millonarias para modernizar la factor¨ªa y naci¨® un movimiento social y sindical (CC OO, CIG y UGT) contra el cierre de la planta que nunca antes hab¨ªa provocado tanta divisi¨®n, aunque solo encontr¨® el apoyo de la Xunta del PP. Las pol¨¦micas instalaciones de la factor¨ªa empezaron a cuestionarse hace casi 20 a?os, durante el mandato del socialista Emilio P¨¦rez Touri?o al frente del Gobierno auton¨®mico.

El des¨¢nimo ha impregnado a la plantilla, que apela a la cordura del alto tribunal como ¨²nica salida: ¡°Se acerca el d¨ªa y estamos con los ¨¢nimos bajo cero porque la cosa pinta mal, ya nos lo han dicho los abogados, y nos sentimos marionetas de los pol¨ªticos que han sido incapaces de buscar una salida. Mientras, ellos defienden su sill¨®n y nosotros, nuestro trabajo, que es lo ¨²nico que est¨¢ en juego si hay cierre¡±, explica un trabajador a la salida de la f¨¢brica junto a otros tres compa?eros. ¡°No pongas nombres, ya tenemos bastantes problemas y no queremos represalias por estar en medio de esta guerra pol¨ªtica, la gente est¨¢ muy nerviosa porque esta incertidumbre ha durado mucho tiempo¡±, a?ade.

Hace apenas un a?o que hubo elecciones sindicales y CC OO volvi¨® a ser el sindicato mayoritario, seguido de la CIG y UGT. ¡°No hemos tenido ning¨²n tipo de apoyo de la Administraci¨®n central, parece que nuestros empleos son de segunda categor¨ªa en este pa¨ªs y aun as¨ª estamos esperanzados de que se imponga la cordura que no han tenido los pol¨ªticos, porque el impacto que tendr¨¢ est¨¢ decisi¨®n judicial es vital para el sector forestal gallego, no solo es un golpe para la plantilla¡±, proclama Rub¨¦n Fern¨¢ndez, secretario del comit¨¦ de empresa.

El representante de CC OO lamenta que el prometido estudio estatal sobre la posible reubicaci¨®n en Galicia de la planta sea papel mojado. ¡°No tenemos la m¨¢s m¨ªnima seguridad de futuro y da miedo pensar en el golpe econ¨®mico que pueda producirse, y no entendemos que hayan pasado estos a?os dejando un asunto tan trascendental en el ¨¢mbito laboral y de tejido industrial solo en manos de unos jueces. Por eso nos sentimos maniatados, sin apoyo y a expensas de los gobiernos de turno. Pero viendo c¨®mo responde la clase pol¨ªtica, ya no nos extra?a nada¡±, reprocha Fern¨¢ndez.

Hace m¨¢s de un a?o, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Mor¨¢n, se comprometi¨® en Pontevedra a buscar una posible reubicaci¨®n de la planta en una mesa de seguimiento con trabajadores y sindicatos. Mor¨¢n manifest¨® el pasado jueves que ¡°no hay un plan A o plan B, hay obligaci¨®n de ejecutar la sentencia en todos sus t¨¦rminos¡±, y garantiz¨® ¡°apoyo¡± a los trabajadores de la planta. Mor¨¢n delega la responsabilidad sobre el futuro de la f¨¢brica en la propia compa?¨ªa: ¡°Tratar de anticiparse a la sentencia ser¨ªa bastante osado, confiamos en que la empresa estar¨¢ pensando en su propia capacidad de continuidad en el tiempo y la garant¨ªa de los empleos, y, ah¨ª, Ence tendr¨¢ el apoyo de la Administraci¨®n del Estado para que no vaya en menoscabo de los empleos¡±.

El secretario de Estado se mostr¨® esc¨¦ptico con el informe t¨¦cnico que Ence elabor¨® en el que exploraba distintos pol¨ªgonos y ¨¢reas industriales de Galicia, susceptibles de una factor¨ªa similar a la de Louriz¨¢n. El documento no encuentra una ubicaci¨®n alternativa, argumentando factores t¨¦cnicos como el impacto visual, el volumen de agua requerida o la superficie.

Consecuencias en el sector maderero

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, particip¨® el pasado viernes en un coloquio en Santiago sobre la industria forestal con el director territorial en Galicia del grupo Ence, Antonio Casal. Dio su apoyo a la pastera y apost¨® por su permanencia en la r¨ªa de Pontevedra. ¡°Es una industria que desde el punto de vista medioambiental cumple todas las exigencias que se implementan por lo que su futuro es responsabilidad de todos¡±, subray¨®.

Un acto casi paralelo reuni¨® ese d¨ªa en Pontevedra a representantes de sectores empresariales y sindicales que reivindican un fallo del Supremo a favor de la continuidad de la pastera. ¡°Galicia como pa¨ªs no puede perder una empresa tractora como Ence¡±, se?ala Elier Ojea, presidente de la Federaci¨®n Empresarial de Asociaciones y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga), que vaticina el cierre de muchas pymes si el fallo es desfavorable para la factor¨ªa. Ojea pone encima de la mesa los datos del sector: Galicia corta la mitad de la madera de Espa?a, con el 7% de territorio de todo el Estado, y con 3.000 peque?as empresas que dependen de esta industria. ¡°Esto es m¨¢s grave de lo que parece, ya que este sector genera m¨¢s empleo que el textil o el pesquero en Galicia y se ver¨ªa seriamente da?ado con el cierre¡±, a?ade.

En el ¨¢mbito pol¨ªtico gallego las posturas siguen enfrentadas. El vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Econom¨ªa, Francisco Conde, acusa al Gobierno central de ¡°provocar esta situaci¨®n con la intenci¨®n de echar a la papelera de Galicia¡±. La posici¨®n de Conde encalla con la esgrimida por la portavoz nacional del BNG, Ana Pont¨®n. ¡°Esperamos que la sentencia de la Audiencia Nacional se ratifique porque lo contrario ser¨ªa sorprendente¡±, declar¨® recientemente en una visita a Pontevedra para apoyar al alcalde de su partido que se presenta en mayo a la reelecci¨®n.

Contestaci¨®n ecologista

Los colectivos ecologistas llevan d¨¦cadas reclamando el cierre de Ence. Activistas de Greenpeace, que ahora forma parte de la contienda judicial contra la planta, han protestado de muchas formas, incluida una ocasi¨®n en que se encadenaron en los a?os 90 a la fachada principal de las instalaciones y devolvieron parte de los residuos que vert¨ªa en la r¨ªa. Tambi¨¦n destaca la contestaci¨®n de la Asociaci¨®n pola Defensa da R¨ªa, que ha organizado manifestaciones a las que han acudido miles de personas. La empresa fue condena por delito ecol¨®gico continuado entre 1985 y 1992, al que se avinieron sus responsables, patente en una sentencia judicial de 2002. La compa?¨ªa defiende que se ha producido una mejora sustancial de la depuraci¨®n de residuos desde entonces.

En marzo de 2021 la Fiscal¨ªa de Pontevedra inici¨® una investigaci¨®n sobre las condiciones de seguridad de la planta, tras las declaraciones realizadas por el presidente de Ence, Ignacio Colmenares, ¡°sobre un riesgo ambiental con posible afectaci¨®n de las personas¡±. Colmenares hizo las pol¨¦micas declaraciones en un contexto interno de la compa?¨ªa, cuando este se dirig¨ªa a los trabajadores a prop¨®sito del futuro de la factor¨ªa. El ministerio p¨²blico solicit¨® informes sobre el estado de la planta a la Polic¨ªa Judicial de la Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) y a varias delegaciones de la Xunta, para valorar si las instalaciones entra?an un riesgo para la seguridad de la poblaci¨®n de su entorno. Poco despu¨¦s, la denuncia fue archivada por la Fiscal¨ªa e inadmitida por el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 2 de Pontevedra.