Ence sigue contaminando, pero menos

Entre las costumbres populares de los pontevedreses se ha ido afianzando en los ¨²ltimos a?os la de asistir a las peri¨®dicas manifestaciones de la Asociaci¨®n pola Defensa da R¨ªa (APDR) como la de ayer, a la que asistieron 4.000 personas seg¨²n los organizadores, y que esta plataforma convoca para reclamar el cierre del complejo de Ence-Elnosa en Louriz¨¢n. A siete a?os de la fecha tope que la Ley de Costas marca para que la f¨¢brica abandone su emplazamiento en el dominio p¨²blico, los tres grupos municipales apoyan formalmente el traslado de la planta. Las razones, sin embargo, han ido cambiando. De una ¨¦poca en la que el foco ciudadano estaba puesto en la contaminaci¨®n, el discurso ha ido derivando hacia la necesidad de recuperar el ¨¢rea, una parroquia costera que limita con Mar¨ªn. Que la planta mancha menos parece un hecho aceptado, pero no tanto que su efecto sobre el entorno sea nulo.

El olor no es igual que en los noventa pero contin¨²a llegando a la ciudad

La empresa saca pecho constantemente de su gesti¨®n medioambiental, en la que queda lejos la condena por delito ecol¨®gico continuado entre 1985 y 1992 a la que se avinieron sus responsables, patente en una sentencia judicial de 2002. "Pusimos en marcha un sistema de depuraci¨®n ambiental que nos sit¨²a en la vanguardia del sector mundial de la pasta", rezan los anuncios de la pastera en los medios de comunicaci¨®n. "En Ence el problema es m¨¢s visual que ambiental", sostiene su gerente de comunicaci¨®n, Pancho Trist¨¢n, que insiste en que las mejoras han reducido a la m¨ªnima expresi¨®n el potencial contaminante.

En el otro extremo se sit¨²a la APDR, que clama por el cierre inmediato. El conflicto, como ya ha pasado en otras ocasiones en este caso, est¨¢ en la interpretaci¨®n de la normativa. La f¨¢brica de celulosas opera en la actualidad siguiendo los par¨¢metros de vertidos que fija su Autorizaci¨®n Ambiental Integrada (AAI), un permiso administrativo que le renov¨® la Xunta en 2008, cuando el socialista Pachi V¨¢zquez era conselleiro de Medio Ambiente. La planta los cumple. Pero la APDR protesta insistentemente contra esta autorizaci¨®n, que consideran ilegal y contra la que han presentado recursos en varias instancias. "La Xunta no nos contest¨®; ahora est¨¢ en el Supremo", recuerda el portavoz de la asociaci¨®n, Ant¨®n Masa.

La asociaci¨®n ecologista aduce que un decreto-ley de 1995 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, es la referencia por la que se deber¨ªa guiar Ence, en la que se fijan l¨ªmites de vertidos m¨¢s estrictos que los de la AAI en tres par¨¢metros: demanda qu¨ªmica y biol¨®gica de ox¨ªgenos y s¨®lidos en suspensi¨®n. Ence supera el tope que fija esta norma, pero dice que no le ata?e. "Solo se aplica para las depuradoras y el alcantarillado urbano", aduce Carlos Casas, jefe de Calidad y Medio Ambiente de la planta, que justifica que la AAI es el ¨²nico texto que les incumbe.

Otro punto de conflicto son los vertidos de mercurio, que la Lei de Augas proh¨ªbe salvo cuando las propias materias primas lo contienen. No es el caso de Ence, que a¨²n as¨ª vierte una cantidad diaria de dos microgramos por litro de vertido. Casas explica que las mediciones de mercurio en Ence se mantienen desde la ¨¦poca en que Elnosa, la otra planta del complejo de Louriz¨¢n, todav¨ªa formaba parte de la misma empresa. La qu¨ªmica, propiedad de una compa?¨ªa portuguesa desde 2003, s¨ª utiliza mercurio en sus procesos, aunque asegura que planea eliminarlo. "La cantidad de mercurio en el agua que vierte Ence es min¨²scula, la misma que puede haber en el agua que sale del grifo", defiende la empresa.

Las emisiones atmosf¨¦ricas tambi¨¦n cumplen con la AAI, pero desde la plataforma aseguran que el punto de toma de las medidas est¨¢ bajo el arco por el que sal el humo de las chimeneas. "Eso lo fija la Xunta, sobre eso no tenemos ninguna competencia", se defienden en la empresa, que critica la atenci¨®n medi¨¢tica a la APDR. "A veces dicen barbaridades, como que consumimos gas natural; es imposible, no tenemos tuber¨ªa", se queja Trist¨¢n. Errores puntuales aparte, la APDR simboliza la oposici¨®n social a la planta, que encabez¨® cuando el apoyo pol¨ªtico era escaso.

Donde no hay espacio para matices legales es en la cuesti¨®n del mal olor. Pontevedra no hiede de la forma en la que lo hac¨ªa en los noventa en los d¨ªas de fuerte viento de sur, pero el mal cheiro no ha remitido. El viernes pasado, coincidiendo con la v¨ªspera de la manifestaci¨®n, la empresa anunci¨® un "plan de control del impacto oloroso" en el que planea gastar hasta dos millones de euros para acabar con "un fen¨®meno que a nivel dom¨¦stico sucede con la cocci¨®n de determinadas verduras".

En el plano pol¨ªtico, la batalla est¨¢ servida. Por mucho que la Ley de Costas obligue a la salida en 2018, el consejero responsable de la empresa, Ignacio Colmenares, insist¨ªa hace dos semanas en que no se est¨¢n estudiando el traslado. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fern¨¢ndez Lores, avis¨® ayer en su toma de posesi¨®n como alcalde que quiere "dar pasos firmes" hacia el mismo. Le toca a la Xunta pronunciarse.