40 a?os del subsidio agrario: ¡°Es una miseria pero nos permite seguir viviendo en los pueblos¡±

Antonio S¨¢nchez, de 52 a?os, lleva dos campa?as consecutivas de recolecci¨®n de la aceituna sin haber podido completar los jornales que se exigen para poder cobrar el subsidio agrario, una prestaci¨®n de 480 euros mensuales (durante medio a?o) para los trabajadores eventuales agrarios. La sequ¨ªa ha llevado al m¨ªnimo a las cosechas agr¨ªcolas y ha dejado a miles de jornaleros sin su prin...

Antonio S¨¢nchez, de 52 a?os, lleva dos campa?as consecutivas de recolecci¨®n de la aceituna sin haber podido completar los jornales que se exigen para poder cobrar el subsidio agrario, una prestaci¨®n de 480 euros mensuales (durante medio a?o) para los trabajadores eventuales agrarios. La sequ¨ªa ha llevado al m¨ªnimo a las cosechas agr¨ªcolas y ha dejado a miles de jornaleros sin su principal tabla de salvaci¨®n a lo largo del a?o. ¡°El subsidio es miseria, pero es lo que nos permite seguir viviendo en nuestros pueblos¡±, explica S¨¢nchez desde su domicilio en J¨®dar (Ja¨¦n),

Esta semana ha entrado en vigor la reducci¨®n de peonadas exigibles para el cobro del subsidio (de 35 se ha pasado a 10) aprobada por el Gobierno de la naci¨®n para aliviar la escasez de empleo en el campo. Pero sindicatos y organizaciones agrarias creen que la medida llega tarde. Solo en la provincia de Ja¨¦n m¨¢s de un millar de eventuales agrarios se han quedado sin poder acceder a esa prestaci¨®n, seg¨²n los datos del Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE).

En 1984 el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez aprob¨® este subsidio para los afiliados al R¨¦gimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) de Andaluc¨ªa y Extremadura, comunidades con una alta dependencia de la actividad agraria y elevadas tasas de paro en las zonas rurales. De hecho, de los 800.000 jornaleros del pa¨ªs, unos 600.000 proced¨ªan de esas dos regiones. Cuatro d¨¦cadas despu¨¦s de su creaci¨®n esta prestaci¨®n languidece con el paso del tiempo y cada a?o son menos los perceptores que entran en el sistema. A principios de este a?o, eran 149.087 los beneficiarios, 79.131 en el subsidio agrario y 69.956 en la renta agraria.

Esta ayuda que se aprob¨® en 2003 para atender a los braceros que fueron excluidos del subsidio por los duros requisitos impuestos en el pol¨¦mico decretazo de mayo de 2002, impulsado por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. La cifra de perceptores se reduce progresivamente cada a?o y est¨¢ lejos de los 550.000 eventuales agrarios que hay censados actualmente en Andaluc¨ªa y Extremadura. Sevilla, con 33.289 perceptores (el 22% del total), C¨®rdoba con 23.402 y Ja¨¦n, con 19.943, son las tres provincias que registran habitualmente, mayor n¨²mero de beneficiarios en ambas prestaciones.

Antonio Marcos, de la Federaci¨®n de Industria, Construcci¨®n y Agro de UGT, cree que la rebaja de las peonadas exigibles es una medida ¡°coja y tard¨ªa¡±. A su juicio, el hecho de que no tenga car¨¢cter retroactivo desde enero, que es cuando se extingui¨® el anterior decreto, ¡°ha dejado sin cobertura a miles de jornaleros¡±, la mayor¨ªa de los cuales habr¨¢n de esperar a la pr¨®xima campa?a de la aceituna, en el oto?o, para acumular las peonadas. Marcos coincide en la ¡°irrisoria¡± cantidad que supone el subsidio (los perceptores deben abonar adem¨¢s mensualmente 125 euros del conocido como ¡®sello agrario¡¯ para mantenerse en situaci¨®n de alta), pero ve ¡°m¨¢s luces que sombras¡± en un sistema que, asegura, ¡°ha sido el pegamento en muchas zonas rurales, de no existir tendr¨ªamos mucha m¨¢s despoblaci¨®n¡±.

El estigma del fraude

El subsidio actual poco o nada se parece al instaurado hace 40 a?os. Ahora, el 71% de los que lo perciben son mujeres. ¡°Somos con diferencia las m¨¢s discriminadas en la contrataci¨®n de las campa?as agr¨ªcolas, los empresarios siguen prefiriendo a los hombres con la escusa de que manejan mejor la maquinaria; la excepci¨®n es la campa?a de los frutos rojos, donde prefieren la mano de obra femenina¡±, expone Mar¨ªa In¨¦s Casado, que lleva toda su vida enrolada en la agricultura y que en los a?os ochenta se convirti¨® en la primera mujer en presidir la cooperativa del esp¨¢rrago de su pueblo, Villanueva de la Reina (Ja¨¦n).

La desigualdad de la mujer en el campo se refleja en los datos de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n (PAC). A pesar de que las f¨¦minas concentran m¨¢s de un tercio de las ayudas directas, perciben un 36% menos de fondos que los hombres. ¡°Aunque cada vez hay mujeres titulares de fincas, la realidad es que son pocas las mujeres que ejercen de jefas en su explotaci¨®n agraria¡±, refrenda Casado, que es tambi¨¦n vicepresidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Andaluc¨ªa, donde hace dos a?os recibi¨® el premio Clara Campoamor por lucha hacia la igualdad en el campo.

Los principales partidos pol¨ªticos, ayuntamientos, diputaciones y comunidades aut¨®nomas han venido reclamando en los dos ¨²ltimos a?os la eliminaci¨®n de las peonadas para acceder al subsidio para aliviar los estragos de la sequ¨ªa en la agricultura. Incluso el PP, que durante muchos a?os fue muy cr¨ªtico con el sistema, abander¨® desde el gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa las peonadas cero. Algo de lo que discrepa abiertamente la secretaria general de CC OO en esta comunidad, Nuria L¨®pez: ¡°Si se desvincula el subsidio de las peonadas lo que se est¨¢ diciendo es que se quiere suprimir este subsidio, y eso perjudica a los trabajadores¡±.

El subsidio agrario naci¨® envuelto en la pol¨¦mica y a¨²n no ha logrado desterrar todos los estigmas que se le siguen asociando, entre ellos el del supuesto fraude. ¡°El requisito contributivo de acreditar un n¨²mero de peonadas ha significado un efecto perverso, el de reforzar el poder de las empresas a la hora de contratar, pero el propio hecho de la declaraci¨®n de las jornadas realizadas determina las personas beneficiarias que pueden acceder a la prestaci¨®n en los periodos de inactividad y qui¨¦nes no son beneficiarios de tales prestaciones. Por ello, en muchas ocasiones, son las propias personas jornaleras las que se ven obligadas a recurrir a la ¡®compra de peonadas¡¯ y a situaciones humillantes¡±, se expon¨ªa en la proposici¨®n de ley que, en enero de este a?o, present¨® el Grupo Mixto en el Congreso, firmada por Ione Belarra, para la mejora de las condiciones del subsidio agrario y la renta agraria.

La Proposici¨®n no sali¨® adelante y ha sido ahora cuando el Gobierno ha aprobado una reforma que ampl¨ªa la protecci¨®n de los eventuales agrarios y elimina parte de las restricciones anteriores, por cotizaciones insuficientes, para el cobro del subsidio.

El coste anual del subsidio y la renta agraria apenas supera los 700 millones de euros, una cantidad que no llega al 4% de todo el gasto nacional de desempleo, que supera los 17.700 millones anuales. Durante a?os, el subsidio se ha venido confundiendo, en ocasiones de manera deliberada por intereses partidistas, con el Plan de Empleo Rural (PER), tambi¨¦n creado en 1984 y que vino a sustituir al antiguo empleo comunitario. Tanto el PER, m¨¢s tarde llamado Acuerdo para el Empleo y Protecci¨®n Social (AEPSA) y ahora PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario) son los instrumentos que la administraci¨®n pone en marcha para generar jornales que computen a su vez para el cobro del subsidio y la renta agraria. El empleo al que se agarra Antonio S¨¢nchez, y su familia en J¨®dar (Ja¨¦n), para ¡°ir tirando a?o tras a?o¡±.

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