Bruselas denuncia a Espa?a ante la justicia europea por incumplir ¡°notablemente¡± la directiva de contrataci¨®n p¨²blica

Espa?a acumula una nueva denuncia de la Comisi¨®n Europea ante la justicia europea. En esta ocasi¨®n, el Ejecutivo de la UE acusa al Estado espa?ol de que sus normas de contrataci¨®n p¨²blica ¡°se apartan notablemente de las leyes europeas¡± en lo relativo a ¡°los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben ajustarse a la legislaci¨®n nacional de contrataci¨®n p¨²blica que transpone las directivas¡±. Desde Bruselas, ...

Espa?a acumula una nueva denuncia de la Comisi¨®n Europea ante la justicia europea. En esta ocasi¨®n, el Ejecutivo de la UE acusa al Estado espa?ol de que sus normas de contrataci¨®n p¨²blica ¡°se apartan notablemente de las leyes europeas¡± en lo relativo a ¡°los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben ajustarse a la legislaci¨®n nacional de contrataci¨®n p¨²blica que transpone las directivas¡±. Desde Bruselas, este a?o ya se han abocado a los jueces de Luxemburgo varios incumplimientos por parte de Espa?a, como la directiva sobre fusiones transfronterizas.

La Comisi¨®n abri¨® el expediente de infracci¨®n a Espa?a hace ahora tres a?os. A la primera respuesta espa?ola, le sigui¨® una opini¨®n razonada desde Bruselas apuntando por qu¨¦ se considera que no se ha traspuesto correctamente la directiva de contrataci¨®n p¨²blica. ¡°Sin embargo, hasta la fecha, Espa?a a¨²n no ha introducido los cambios necesarios en su legislaci¨®n para hacerla compatible con todas las obligaciones que impone la legislaci¨®n de la UE¡±. A?ade el comunicado emitido este lunes, en el que hay tambi¨¦n se informa de los pasos dados con otros ocho procedimientos de sanci¨®n a Espa?a, ¡°los esfuerzos hechos hasta ahora por las autoridades espa?olas han sido insuficientes¡±.

Hace ahora 10 a?os que se aprob¨® la directiva de contrataci¨®n p¨²blica. Como hacen normalmente estas normas europeas, que deben trasponerse a la legislaci¨®n nacional, dejaba un plazo de casi dos a?os para dar este paso. Es decir, la fecha marcada para incorporar la norma a las leyes nacionales era el a?o 2016. Espa?a notific¨® que lo hab¨ªa hecho. Pero posteriormente la Comisi¨®n concluy¨® que las medidas aprobadas eran insuficientes: ¡°No se han introducido todav¨ªa cambios en la legislaci¨®n [espa?ola] que la hagan compatible con todas las obligaciones de las leyes de la UE¡±.

El Ejecutivo comunitario ya dio a Espa?a un tir¨®n de orejas En diciembre de 2021, cuando envi¨® una carta de emplazamiento a Espa?a. La primavera de este a?o volvi¨® a dar un toque de atenci¨®n, con la publicaci¨®n de un dictamen motivado. Y ahora, como ¨²ltimo paso, se ha dirigido a la Justicia comunitaria. La principal queja es que la normativa espa?ola se aleja de la europea sobre todo en cuanto a ¡°los tipos de autoridades, contratos y modificaciones de contratos que deben cumplir las normas de contrataci¨®n p¨²blica¡±.

Esas leyes buscan crear una legislaci¨®n b¨¢sica com¨²n en la UE para que haya condiciones de igualdad en toda Europa para todas las empresas, es decir, para no distorsionar la competencia en un mercado de dos billones de euros anuales, una cantidad equivalente al 14% del PIB de la Uni¨®n, seg¨²n los n¨²meros de la Comisi¨®n. ¡°Estas normas regulan la forma en que las autoridades p¨²blicas y determinados operadores de servicios p¨²blicos adquieren bienes, obras y servicios. Se incorporan a la legislaci¨®n nacional y se aplican a las licitaciones cuyo valor monetario supera un determinado importe. Para las licitaciones de valor inferior, se aplican las normas nacionales. No obstante, estas normas nacionales tambi¨¦n deben respetar los principios generales de la legislaci¨®n de la UE¡±.

Otro caso en el que se anunci¨® la remisi¨®n del asunto a los tribunales fue el de la trasposici¨®n de la directiva que establece un tipo efectivo m¨ªnimo del 15% en el impuesto de sociedades. Esto se anunci¨® en octubre pasado. Pero poco despu¨¦s se aprob¨® la legislaci¨®n en la que se traspon¨ªa.

Requerimientos por el etiquetado de residuos y las concesiones en la costa

A la denuncia por la inadecuada transposici¨®n de la directiva sobre contrataci¨®n p¨²blica se han sumado otros procedimientos. La Comisi¨®n tambi¨¦n ha enviado una carta de emplazamiento a Espa?a por considerar que no cumple con los requisitos de etiquetado para la separaci¨®n de residuos, pues considera que no respetan el principio de libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas. Aunque todav¨ªa no hay normas comunes sobre este asunto, el nuevo reglamento sobre envases y residuos de envases est¨¢ a punto de ser aprobado e incluye disposiciones para avanzar hacia la armonizaci¨®n. ¡°Hasta que se establezcan estos requisitos a nivel de la UE, las leyes nacionales no deber¨ªan crear una carga innecesaria para el comercio intracomunitario. Los requisitos nacionales de etiquetado pueden suponer un importante obst¨¢culo para el mercado ¨²nico y socavar gravemente el principio de libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas¡±, argumenta el Ejecutivo comunitario, que da a Espa?a dos meses para responder y subsanar las deficiencias se?aladas por la Comisi¨®n.

Bruselas tambi¨¦n considera que las reglas espa?olas de adjudicaci¨®n y pr¨®rroga de concesiones para construir locales en las costas viola las directivas comunitarias, por lo que enviar¨¢ otro dictamen motivado. Asimismo, abrir¨¢ un procedimiento de infracci¨®n a Espa?a por no haber designado a¨²n a las autoridades competentes que garanticen el cumplimiento del reglamento SEPA en operaciones bancarias transfronterizas, y otro por no cumplir las normas europeas sobre cualificaciones profesionales, unas reglas que permiten a los trabajadores operar de forma temporal en los distintos pa¨ªses europeos. En este ¨²ltimo caso, el incumplimiento es generalizado: hasta 22 Estados recibir¨¢n una carta de emplazamiento, entre ellos Dinamarca, Alemania, Irlanda y Pa¨ªses Bajos, pues imponen unos ¡°controles previos de forma injustificada para varias profesiones¡±.

Otro campo en el que la Comisi¨®n Europea ve incumplimiento por parte de ocho pa¨ªses es en la aplicaci¨®n de la directiva que impone normas comunes en la aplicaci¨®n de peajes y vi?etas. La Comisi¨®n ha dado este lunes un ultim¨¢tum a Espa?a por no haber trasladado en plazo a su legislaci¨®n nacional la reforma de las normas sobre el pago de peajes y vi?etas, una revisi¨®n que desde marzo de este a?o los pa¨ªses deber¨ªan haber aplicado tambi¨¦n al marco para turismos, autobuses, autocares y veh¨ªculos pesados peque?os.

Ultim¨¢tum por peajes y vi?etas

El Ejecutivo comunitario da un nuevo plazo de dos meses a Espa?a para responder al requerimiento y ¡°resolver las deficiencias¡± o, de lo contrario, el Ejecutivo comunitario podr¨¢ dar el paso de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE), seg¨²n recoge Europa Press.

La Directiva del eurodistintivo establece normas comunes sobre la imposici¨®n de tasas basadas en la distancia (peajes) y en el tiempo (vi?etas) para que los pa¨ªses puedan recuperar los costes de la infraestructura, desde la construcci¨®n de la carretera hasta su explotaci¨®n y mantenimiento. En 2022 se acord¨® una modificaci¨®n para incluir en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n a turismos, autobuses, autocares y veh¨ªculos pesados peque?os que deb¨ªa haber sido trasladada a las legislaciones nacionales en marzo de este a?o a m¨¢s tardar, pero que ni Espa?a ni otros siete Estados miembro ¨Dque tambi¨¦n han sido apercibidos¨D han cumplido.

La nueva normativa tambi¨¦n exige a los Estados miembro incluir los costes medioambientales de la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica en sus sistemas de tarificaci¨®n para establecer cargos en funci¨®n de las emisiones de CO? de un veh¨ªculo, con el fin de reducir las emisiones y fomentar el uso de veh¨ªculos pesados m¨¢s limpios.

Enviar¨¢ por ello una misiva a Espa?a, Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal, que no han comunicado sus medidas de transposici¨®n. Espa?a y Portugal tambi¨¦n recibir¨¢n un dictamen motivado por no haber notificado a la Comisi¨®n las normas sobre sanciones en caso de infracci¨®n del reglamento que establece un producto paneuropeo de pensiones individuales, un plan de pensiones individual voluntario de ahorro para la jubilaci¨®n.