El Gobierno deroga el reglamento disciplinario universitario de 1954 por ¡°obsoleto y preconstitucional¡±

El 8 de septiembre de 1954 el dictador Francisco Franco aprob¨® en el pazo de Meir¨¢s un reglamento de disciplina acad¨¦mica en la Universidad que desde entonces ha seguido vigente para los universitarios, pero no para los profesores, a quienes se aplica el Reglamento de R¨¦gimen Disciplinario de los Funcionarios (1986). El ministro de Universidades, Manuel Castells, se comprometi¨® con los colectivos estudiantiles a ponerle fin a esta norma ¨Dque sigue castigando los des¨®rdenes p¨²blicos, la difamaci¨®n y la falta de pro...

El 8 de septiembre de 1954 el dictador Francisco Franco aprob¨® en el pazo de Meir¨¢s un reglamento de disciplina acad¨¦mica en la Universidad que desde entonces ha seguido vigente para los universitarios, pero no para los profesores, a quienes se aplica el Reglamento de R¨¦gimen Disciplinario de los Funcionarios (1986). El ministro de Universidades, Manuel Castells, se comprometi¨® con los colectivos estudiantiles a ponerle fin a esta norma ¨Dque sigue castigando los des¨®rdenes p¨²blicos, la difamaci¨®n y la falta de probidad (honradez)¨D y el proyecto de decreto para su derogaci¨®n acaba de entrar en el tr¨¢mite de audiencia e informaci¨®n p¨²blica. ¡°El reglamento es obsoleto y punitivo desde cualquier punto de vista democr¨¢tico¡±, afirm¨® Castells el 4 de marzo ante los alumnos. Los rectores consideran que supone un ¡°vac¨ªo legal¡± porque no hay recambio jur¨ªdico.

Esta norma de 1954 castiga con la expulsi¨®n temporal o perpetua de la carrera las ¡°manifestaciones contra la religi¨®n y moral cat¨®licas o contra los principios e instituciones del Estado¡±, ¡°la injuria, ofensa o insubordinaci¨®n contra las autoridades acad¨¦micas o contra los profesores¡± o ¡°la suplantaci¨®n de personalidad en actos de la vida docente y la falsificaci¨®n de documentos¡±. Unas medidas que a ojos del Gobierno atentan ¡°contra principios y valores democr¨¢ticos, la libertad y pluralismo religioso, la aconfesionalidad del Estado y la regulaci¨®n actual del sistema universitario espa?ol¡±.

La norma franquista est¨¢ plagada de preceptos anticonstitucionales. No regula el derecho de defensa del estudiante, no prescribe cu¨¢ndo caducan las faltas, no considera los principios b¨¢sicos de proporcionalidad y responsabilidad y atribuye la potestad de sancionar a un tribunal de honor. Por ese motivo, si el alumno recurre un castigo los tribunales le dan la raz¨®n pero con mucho retraso. Por ejemplo, cinco estudiantes fueron expulsados de la Universidad de Sevilla aplicando este reglamento por asaltar en 2002 el rectorado en protesta contra la LOU (Ley Org¨¢nica de Universidades) con palanquetas y barras de hierro, y vaciando los extintores contra los guardias. Un sexto, que cursaba 5? de Pedagog¨ªa, tuvo que devolver el dinero que hab¨ªa recibido en becas. Nueve a?os despu¨¦s, la justicia les absolvi¨® por falta de pruebas en la identificaci¨®n.

El Gobierno, sin embargo, no tiene intenci¨®n de elaborar un nuevo reglamento que se apruebe en el Parlamento con rango de ley. Considera que la Ley Org¨¢nica de Universidades (2001) proporciona autonom¨ªa a los campus. ¡°En desarrollo de este precepto, las universidades contienen ya en sus estatutos o normas de organizaci¨®n y funcionamiento un cat¨¢logo de derechos y deberes de los estudiantes, as¨ª como c¨®digos de conducta¡±, se justifica en el borrador. El problema es que estos c¨®digos no tienen peso por no tener rango de ley general y los rectores ¨Cenfrascados en la log¨ªstica de la docencia semipresencial¨C discrepan del ministro, con el que dan muestras de gran sinton¨ªa, aunque no han alzado la voz p¨²blicamente.

Aprobar un nuevo reglamento

¡°Es una legislaci¨®n que no casa con la Constituci¨®n y por eso se deroga¡±, apoya la medida Miguel ?ngel Collado presidente de Asuntos Estudiantiles de la conferencia de rectores (CRUE), pero tambi¨¦n exhorta al Estado a aprobar una nueva. ¡°Hace falta una ley para poner sanciones. Un Ayuntamiento no podr¨ªa poner sanciones sin m¨¢s, hace falta una habilitaci¨®n legal. Lo que queremos trabajar en la CRUE es un reglamento de convivencia, no de disciplina porque eso es competencia del Estado. Tenemos que seguir hablando con el Gobierno para que haya una base legal¡±, prosigue Collado, catedr¨¢tico de Derecho Financiero y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Las ense?anzas universitarias se rigen por la LOU y los derechos y deberes de sus alumnos se desarrollan en el Estatuto del Estudiante Universitario, dos textos que se atienen a la Constituci¨®n. Sin embargo, ning¨²n Gobierno ha tocado en estos 66 a?os el r¨¦gimen disciplinario. El estatuto, aprobado en 2010, emplazaba a redactar un nuevo reglamento en un a?o, pero este no lleg¨®. Los campus han desarrollado en democracia sus propios textos de disciplina, pero no han dudado de usar el franquista en el siglo XXI. Por ejemplo, el Rectorado de la Universidad de la Laguna denunci¨® en los tribunales a 12 alumnos de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario por difamaci¨®n y falta de honradez, aplicando este reglamento. Estos hab¨ªan afirmado en una nota que se hab¨ªan perdido 300 becas por la presunta ¡°negligencia¡± de una facultad al entregar las solicitudes fuera de plazo.

En el ¨²ltimo pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) se present¨® una moci¨®n para su derogaci¨®n y en una de las ¨²ltimas reuniones del ministerio con los estudiantes estos reclamaron que se ¡°creara un marco com¨²n entre las universidades para que no se generen desigualdades entre las diferentes universidades que afecten de forma negativa al estudiantado. ¡°Solo derogarlo no es la soluci¨®n¡±, explica Laura Alcaide, estudiante miembro del consejo.

La constitucionalidad de este reglamento ha sido cuestionada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo (1988 y 1989), que asumi¨® su vigencia hasta que no se derogase. Tambi¨¦n el Defensor del Pueblo ha reclamado en tres ocasiones (1990, 2008 y 2012) su anulaci¨®n. Los tribunales pueden no aplicarlo acogi¨¦ndose a una Ley org¨¢nica del Poder Judicial (1985) por inconstitucionalidad.

Los socialistas, con ?ngel Gabilondo como ministro, plantearon en 2011 un reglamento m¨¢s de convivencia que sancionador que no lleg¨® a aprobarse en el Parlamento. Con los populares, la Defensora del Pueblo Soledad Becerril remarc¨® su anacronismo en un informe en 2012 por existir ¡°notorias carencias para ser aplicada a situaciones frecuentes¡±, como son el uso de las nuevas tecnolog¨ªas para copiar en los ex¨¢menes o un trabajo o los derechos de autor. Pero el ministro Jos¨¦ Ignacio Wert aparc¨® la idea. ¡°Existen problemas m¨¢s acuciantes que resolver en la Universidad¡±, justificaron entonces fuentes internas.

Es casi una cuesti¨®n personal de Castells. El ministro, que estudiaba en la Universidad de Barcelona, se instal¨® en Par¨ªs en 1962 huyendo del franquismo. ¡°En 1962 iniciamos una serie de manifestaciones. Y claro que nos reprimieron y duro, aunque menos duro que a los obreros, porque todav¨ªa hay clases¡±, cont¨® en una entrevista en La Vanguardia en 2018.

Siga EL PA?S EDUCACI?N en Twitter o Facebook

Ap¨²ntese a la Newsletter de Educaci¨®n de EL PA?S