Anclados en la disciplina universitaria de 1954

Doce alumnos de la Universidad de la Laguna (Tenerife) aguardan un juicio que marcar¨¢ su vida. Si la sentencia no les es favorable, perder¨¢n una o dos convocatorias de los ex¨¢menes ¡ªdepende del grado de autor¨ªa¡ª y en su expediente acad¨¦mico quedar¨¢ constancia de que han cometido una falta muy grave. As¨ª lo ha dictaminado el Rectorado, aplic¨¢ndoles el Reglamento de Disciplina Acad¨¦mica, que data de 1954, por difamaci¨®n y falta de probidad. ¡°Eso supone que si pides una beca de investigaci¨®n tienes menos posibilidades de conseguirla y, a lo mejor, no obtienes un trabajo si echan un vistazo al expediente¡±, cuenta Josafat Gonz¨¢lez, enjuiciado y portavoz de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC).

Todo empez¨® en 2011 cuando AMEC emiti¨® una nota en la que se criticaba la p¨¦rdida de 300 becas debido a la presunta ¡°negligencia¡± de la facultad de Psicolog¨ªa al entregar las solicitudes fuera de plazo. Esta, indignada con una denuncia ¡°falsa y difamatoria¡±, pidi¨® al rectorado una investigaci¨®n que se sald¨® con la pena antes contada. Andr¨¦s Falc¨®n, jefe del servicio de inspecci¨®n educativa La Laguna, tacha el reglamento de ¡°arcaico, trasnochado y engorroso¡±, pero recuerda que ¡°en casos extremos¡± no hay otro sost¨¦n jur¨ªdico al que asirse. ¡°Hay una indefensi¨®n¡±. Por eso recuerda que su universidad ha reclamado a la Conferencia de Rectores de Universidades Espa?olas (CRUE) y a Educaci¨®n la celeridad en el cambio. ¡°Coincid¨ª en una mesa redonda con el subdirector de coordinaci¨®n acad¨¦mica en octubre, pero no avanz¨® nada¡±.

Falc¨®n no quiere hablar del asunto AMEC mientras no haya sentencia. ¡°Nosotros usamos siempre todas las v¨ªas formales e informales posibles para resolver conflictos con alumnos, profesores y personal. No tenemos defensor universitario, pero s¨ª un servicio de mediaci¨®n que funciona muy bien¡±.

En el debate de la urgencia o no de reformar la norma ha entrado de lleno, como hicieron sus predecesores, Soledad Becerril, Defensora del Pueblo. En su informe de 2012, reci¨¦n hecho p¨²blico, afirma que hay preceptos que derogar y otros que reinterpretar constantemente para acomodarlos al marco constitucional vigente. Como la expulsi¨®n de la facultad por las manifestaciones contra la moral cat¨®lica o contra los principios o instituciones del Estado. O la p¨¦rdida de matr¨ªcula por no acudir a clase.

Adem¨¢s, Becerril remarca su anacronismo. Hay ¡°notorias carencias para ser aplicada a situaciones frecuentes¡±, como son el uso de las nuevas tecnolog¨ªas para copiar en los ex¨¢menes o un trabajo o los derechos de autor. Un reglamento propio de un Estado policial, que no permite celebrar reuniones sin permiso de la autoridad y que consiente en ¡°circunstancias anormales¡± aislar o cerrar los centros. El enjuiciado por actos ¡°deshonrosos¡± se somete al rimbombante Tribunal de Honor cuya sentencia es inapelable. Mientras las faltas graves deben ser dirimidas por un juez instructor (catedr¨¢tico o profesor) y publicada la amonestaci¨®n en el tabl¨®n de anuncios de la facultad. Como la norma general no llega, algunas universidades han optado por aplicar sus propias normativas internas, que no tienen demasiado peso por no tener rango de ley general.

La Defensora pidi¨® el pasado a?o una soluci¨®n al ministro Jos¨¦ Ignacio Wert y este le remiti¨® al informe del Consejo de Expertos sobre la reforma universitaria que hab¨ªa encargado. Sin embargo, una vez dado a conocer se ha visto que no aborda la convivencia en los campus. Educaci¨®n no tienen intenci¨®n de elaborar la ley¡°porque hay temas m¨¢s acuciantes que solucionar primero en la universidad¡±, se?alan fuentes internas. Gabriel Mart¨ªn, del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) es consciente de que habr¨¢ que esperar. ¡°Se necesita un marco superior que d¨¦ mayor seguridad a nivel nacional. Porque al sancionar todo el mundo prefiere agarrarse a elementos jur¨ªdicos, como ocurre ahora con el Estatuto del Estudiante¡±.

Los docentes tambi¨¦n son objeto de la norma de 1954, pero no se avienen a ella pues entran dentro del marco del Reglamento de R¨¦gimen Disciplinario de los Funcionarios. La elaboraci¨®n de la nueva ley es una patata caliente que pasa de un gobierno a otro desde el comienzo de la democracia. ¡°A nadie le gusta hablar de sanciones punitivas. Es algo que conlleva pol¨¦mica¡±, explica Ignacio Jim¨¦nez, profesor en la Universidad de Granada, que estudia ahora la ¨¦tica universitaria italiana en la Universidad de Bolonia. All¨ª una ley de 2010 obliga a los campus a tener un c¨®digo ¨¦tico para profesores, alumnos y personal.

En su opini¨®n, hay que tomar de referente a los anglosajones, cuyas normas han inspirado a las normas de conducta de colegios profesionales espa?oles, como el de abogados o periodistas.

Jim¨¦nez, junto a otros tres expertos en derecho administrativo, recibi¨® en 2010 el encargo socialista de proponer una nueva norma. ¡°Era novedosa, buscaba la mediaci¨®n ¡ªhablaba de convivencia m¨¢s que disciplina¡ª y se alejaba de cualquier ideolog¨ªa¡±, lamenta Joan Manuel Trayter, catedr¨¢tico en Girona, que particip¨® en el texto. Tambi¨¦n Eduardo Gamero, catedr¨¢tico de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla): ¡°Es un tema complicado porque las competencias son de las universidades, pero es el Gobierno el que dicta las normas y el Congreso de los Diputados quien las aprueba. El Estatuto del Estudiante se comprometi¨® en 2010 a que en un a?o hab¨ªa una ley y seguimos igual y eso que es una reclamaci¨®n recurrente de los rectores¡±.

Gamero, que ha sido defensor universitario, se ha enfrentando a un ¡°volumen de conflicto tremendo¡± en las redes sociales. ¡°Siempre he buscado la mediaci¨®n¡±, cuenta. Como en el caso de una profesora joven que cada d¨ªa ten¨ªa que leer en las redes sociales las obscenidades que sobre ella escrib¨ªan un grupo de alumnos. ¡°En una red social con sede en Palo Alto, California, solucionar el tema era complicado¡±. El defensor habl¨® uno a uno con los alumnos, reconocieron su culpa, pidieron perd¨®n a la docente y tuvieron que presentar al a?o siguiente un powerPoint ante los nuevos alumnos sobre el peligro de la Red. ¡°Es mejor soluci¨®n que la p¨¦rdida de matr¨ªcula que al final a quien perjudica es a la familia¡±.

No todas las ofensas tienen un juicio tan conciliador. As¨ª, a un estudiante de doctorado en Derecho se le abri¨® un expediente por injurias en 2009 que concluy¨® con su expulsi¨®n durante un a?o de la Universidad de Murcia, que ¨¦l recurri¨®. Pese a los toques de atenci¨®n, el estudiante reiter¨® sus cr¨ªticas a trav¨¦s de tres p¨¢ginas web al Consejo de Estudiantes (¡°cueva de ladrones, atajo de bandidos¡±), al instructor del expediente y al Rectorado. E incluso lleg¨® a hablar de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos durante la implantaba en Murcia el Plan Bolonia. ¡°?Puede ser el rector el juez de mi expediente?¡±, se preguntaba en la Red el alumno.

El anteproyecto de ley, con ?ngel Gabilondo de ministro, se qued¨® en papel mojado. ¡°El problema es que se quiso correr mucho y cuando supieron que las elecciones se adelantaban lo pararon. Escucharon muchas voces y no esperaban que los estudiantes no estuviesen de acuerdo con una ley que daba m¨¢s palos que zanahorias, lo que nos sorprendi¨® porque insist¨ªan mucho en la mediaci¨®n¡±, cuenta Javier Lorente, que por entonces represent¨® a los alumnos en la comisi¨®n del anteproyecto. ¡°Las sanciones no deben ser nunca econ¨®micas. No hay que olvidar que somos estudiantes. Se puede por ejemplo quitar el carn¨¦ de la biblioteca unas semanas¡±, propone.

El anteproyecto otorgaba a las universidades p¨²blicas la potestad de ejecuci¨®n forzosa de sus actos administrativos, poniendo as¨ª fin a las dudas que este hecho muchas veces ha suscitado. Mientas que las decisiones de las universidades privadad se revisar¨ªan en los juzgados de lo contencioso administrativo. Y obligaba a no discriminar ¡°por raz¨®n de nacimiento, origen racial o ¨¦tnico, sexo, religi¨®n, convicci¨®n u opini¨®n, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientaci¨®n sexual, condici¨®n social¡­¡±. Todo un manifiesto contra la exclusi¨®n, coincidente con la Constituci¨®n y que incluso hablaba de fomentar la ¡°integraci¨®n de los excluidos socialmente¡±. Principios que siguen sin estar vigente en el d¨ªa a d¨ªa de las universidades.

En las enmiendas al borrador, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado dej¨® claro que si se abre un procedimiento a un alumno en el ¨®rgano de decisi¨®n tiene que haber un representante de los alumnos, una circunstancia que nadie ha contemplado. Tambi¨¦n que el castigo no solo debe ser por apolog¨ªa del terrorismo sino del franquismo o que el robo de un examen no solo se pene como un acto de beneficio propio u ajeno, sino como un acto en perjuicio de un tercero.

¡°No se suele aplicar el reglamento del 54 pero si me ocurriese creo que no me preocupar¨ªa demasiado porque la Justicia da la raz¨®n a los alumnos porque la norma no tiene garant¨ªas procesales. Por ejemplo, no se puede recurrir¡±, piensa Lorente. ¡°Se les suele absolver, pero han pasado muchos a?os¡±, remacha Jim¨¦nez. Fue el caso de 23 estudiantes de la Universidad de Sevilla. En 2002 asaltaron el Rectorado en protesta contra la Ley Org¨¢nica de la Universidad (LOU) portando palanquetas y barras de hierro, y vaciando los extintores contra los guardias. A cinco les vali¨® la expulsi¨®n de la universidad y uno, que cursaba 5? de Pedagog¨ªa, tuvo que devolver el dinero que hab¨ªa recibido en becas. Nueve a?os despu¨¦s la justicia les absolvi¨® por falta de pruebas en la identificaci¨®n.

Para burlar el castigo los culpables optan por cambiar de universidad, donde la pena no les persigue. ¡°Tiene que haber una ley que se aplique en todas partes, como la del dopaje, que si eres culpable no puedes correr en otra comunidad o fuera¡±, propone Gamero. Con la Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa en ciernes y un oto?o que el Sindicato de Estudiantes ya imagina ¡°caliente¡± est¨¢ por ver si la norma del 54 se emplea.