La ONU reprende a Espa?a por mantener a 40.000 alumnos ¡°segregados¡± en centros de educaci¨®n especial

El Comit¨¦ sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU vuelve a reprender a Espa?a por mantener los centros de educaci¨®n especial. ¡°El comit¨¦ constata con pesar que la segregaci¨®n educativa de las personas con discapacidad a trav¨¦s de su escolarizaci¨®n en centros especiales y en aulas espec¨ªficas¡± de las escuelas ordinarias ¡°contin¨²a¡± produci¨¦ndose en el pa¨ªs, se?ala en un dictamen de 20 p¨¢ginas fechado el 22 de marzo al que ha tenido acceso EL PA?S. ¡°El comit¨¦ deplora¡±, a?ade el texto, ¡°la perpetuaci¨®n ...

El Comit¨¦ sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU vuelve a reprender a Espa?a por mantener los centros de educaci¨®n especial. ¡°El comit¨¦ constata con pesar que la segregaci¨®n educativa de las personas con discapacidad a trav¨¦s de su escolarizaci¨®n en centros especiales y en aulas espec¨ªficas¡± de las escuelas ordinarias ¡°contin¨²a¡± produci¨¦ndose en el pa¨ªs, se?ala en un dictamen de 20 p¨¢ginas fechado el 22 de marzo al que ha tenido acceso EL PA?S. ¡°El comit¨¦ deplora¡±, a?ade el texto, ¡°la perpetuaci¨®n de un sistema educativo que segrega, en la pr¨¢ctica, a m¨¢s de 40.000 personas con discapacidad, del cual un 40% son personas con discapacidad intelectual¡±. Y pide a las autoridades educativas, tanto nacionales como auton¨®micas, que avancen ¡°de forma prioritaria y urgente¡± hacia el fin de dicha separaci¨®n.

El organismo, encargado de velar por la aplicaci¨®n de la Convenci¨®n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¡ªaprobada en 2006 y de la que forman parte 190 Estados, entre ellos Espa?a¡ª, ya elabor¨® un duro dictamen sobre la situaci¨®n de los estudiantes con discapacidad espa?oles en 2017. Y ahora acaba de emitir otro informe de ¡°seguimiento a la investigaci¨®n sobre Espa?a realizada por el comit¨¦ en virtud del art¨ªculo 6 del Protocolo Facultativo de la Convenci¨®n¡±. Dicho art¨ªculo se aplica en aquellos casos en los que el comit¨¦ recibe ¡°informaci¨®n fidedigna que revele violaciones graves o sistem¨¢ticas por un Estado parte de los derechos recogidos en la convenci¨®n¡±. La investigaci¨®n, anticipa el informe ahora publicado, continuar¨¢ en marcha y dar¨¢ lugar a otro dictamen dentro de cinco a?os para comprobar si la situaci¨®n ha mejorado.

El organismo de Naciones Unidas ¡°valora¡± que Espa?a haya realizado algunos avances en el terreno de la ¡°legislaci¨®n¡± y las ¡°estrategias¡± del Gobierno para conseguir la implantaci¨®n efectiva del ¡°derecho a la educaci¨®n inclusiva de las personas con discapacidad¡±. Esto es, de su integraci¨®n en las escuelas ordinarias con los apoyos necesarios para que pueda realizarse con ¨¦xito garantizando su bienestar. Entre estos avances, el informe menciona algunos preceptos de la actual ley de educaci¨®n, la Lomloe, que en una disposici¨®n adicional establece que el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas ¡°desarrollar¨¢ un plan para que, en el plazo de diez a?os, de acuerdo con [¡­] la Convenci¨®n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas [¡­] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad¡±. El comit¨¦ de la ONU lamenta, al mismo tiempo, que la propia Lomloe prevea, con todo, el mantenimiento de los centros de educaci¨®n especial.

La inclusi¨®n del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria tuvo un importante avance en Espa?a a partir de los a?os ochenta, pero llegado un punto se estanc¨®. En torno a un 17% de los estudiantes con discapacidad siguen asistiendo a centros especiales o dan clases en aulas espec¨ªficas, separadas del resto de los ni?os, dentro de los colegios ordinarios. El asunto genera una fuerte polarizaci¨®n. Buena parte de las asociaciones de personas con discapacidad, as¨ª como de familias, reivindican la inclusi¨®n de los estudiantes en una nueva red adaptada para acoger a todos los ni?os, facilitando as¨ª su futura inclusi¨®n a otros niveles en la sociedad. Las denuncias ante el comit¨¦ de la ONU que ha dado pie a la actual investigaci¨®n fueron presentadas por ellas. Al mismo tiempo, otra parte de las asociaciones y familiares de alumnado con discapacidad, as¨ª como de centros de educaci¨®n especial (parte de los cuales son privados subvencionados), se oponen. Entre ellos hay casos de padres que tuvieron matriculados a sus hijos en la escuela normal y vivieron malas experiencias, por la falta de adecuaci¨®n de los centros, de formaci¨®n del profesorado, y de cuidado suficiente para atajar, por ejemplo, situaciones de acoso escolar.

En 2019, el Ministerio de Educaci¨®n parec¨ªa decidido a emprender un camino progresivo, similar al que han ido tomando muchos otros pa¨ªses, para ir incluyendo a casi todo el alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria. El ministerio ve¨ªa con especial inter¨¦s el caso de Portugal, donde el objetivo se alcanz¨® de forma gradual, sin grandes pol¨¦micas, manteniendo la posibilidad de las familias de elegir en ¨²ltima instancia si prefer¨ªan la escuela ordinaria (adaptada) o los centros especiales. Y donde estos ¨²ltimos han permanecido abiertos, reconvertidos en centros de referencia y apoyo para la escolarizaci¨®n del alumnado con discapacidad en las escuelas ordinarias.

Como con otros retos educativos, sin embargo, la cuesti¨®n se politiz¨® r¨¢pidamente en Espa?a, y el PP y Vox impulsaron una campa?a contra el plan previsto en la Lomloe que tuvo eco sobre todo en territorios como Madrid. Y los avances en dicho terreno parecen haberse frenado.

El dictamen del comit¨¦ de la ONU tambi¨¦n aborda dicha oposici¨®n y expresa su ¡°preocupaci¨®n¡± por el ¡°riesgo de retroceso en la implementaci¨®n del derecho a la educaci¨®n inclusiva y de calidad¡±, a la vista de las posiciones adoptadas por algunos ¡°gobiernos auton¨®micos¡± (entre los que se?ala de forma destacada al de la Comunidad de Madrid, del PP), ¡°parlamentos auton¨®micos¡± (menciona el caso del andaluz), y ¡°grupos parlamentarios en las Cortes Generales¡± (en referencia a los populares y a Vox, por presentar recursos de inconstitucionalidad contra la Lomloe que inclu¨ªan la defensa de los centros de educaci¨®n especial, y fueron rechazados por el Tribunal Constitucional).

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