Cuando el PP intenta que el que la hace NO la pague

La entrada en prisi¨®n del expresidente popular de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, acusado de corrupci¨®n, es una muestra, seg¨²n Mariano Rajoy, de que ¡°el que la hace la paga¡±, tal y como afirm¨® en la madrugada del mi¨¦rcoles en Montevideo. La frase, una afirmaci¨®n que como m¨ªnimo el presidente de Gobierno usa desde 2014, contradice algunas actuaciones del Partido Popular y del Ejecutivo de Rajoy, que han intentado con ciertas maniobras evitar que el que la haga, la pague. Estos son algunos ejemplos ocurridos en el ¨²ltimo a?o:

¡®Caso G¨¹rtel¡¯

Sin necesidad de retroceder a los tiempos en los que el Partido Popular puso a trabajar al ex ministro de Defensa Federico Trillo para evitar que el caso G¨¹rtel salpicara a los populares, hay un ejemplo mucho m¨¢s cercano sobre los intentos del PP de eludir la responsabilidad en los tribunales. El pasado 5 de octubre, el PP pidi¨® la anulaci¨®n radical de la investigaci¨®n judicial sobre la trama que dirig¨ªa Francisco Correa y en la que el partido est¨¢ considerado part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo, ya que las comisiones ilegales de la red sirvieron para sufragar gastos de campa?a del PP en las elecciones municipales de 2003. Es la misma l¨ªnea de defensa de algunos de los acusados m¨¢s importantes de la trama, como el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas y el n¨²mero dos de la red corrupta, Pablo Crespo.

El abogado del PP, Jes¨²s Santos, denunci¨® la ¡°plena indefensi¨®n¡± que, seg¨²n su criterio, hab¨ªa padecido el partido de Rajoy, ya que se desconoc¨ªan los hechos concretos que se le atribuyen.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno de Rajoy, que entr¨® en vigor el 7 de diciembre de 2015 y establece l¨ªmites m¨¢ximos de seis o 18 meses para la instrucci¨®n de sumarios, fue duramente criticada por jueces y fiscales de distintas ideolog¨ªas al considerarla una ¡°ley de punto y final¡±. En un comunicado conjunto, seis asociaciones de jueces y fiscales criticaron que la norma pon¨ªa a los jueces de instrucci¨®n ¡°en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucci¨®n, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petici¨®n del fiscal¡±, el ¨²nico que puede pedir la pr¨®rroga. Puesto que la norma no establece un aumento del presupuesto para concluir la instrucci¨®n de los sumarios en el tiempo previsto, las asociaciones consideraron que la ley iba a llevar a ¡°la impunidad de hechos delictivos¡±.

Una de las consecuencias de la ley, cuya reforma para aumentar los plazos de instrucci¨®n fue bloqueada por la mayor¨ªa del PP en el Senado el pasado febrero, fue el sobreseimiento en enero del caso Pasarela, en el que pod¨ªa verse implicado el ya expresidente de Murcia Pedro Antonio S¨¢nchez. El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lorca tom¨® la decisi¨®n porque en los seis meses que establece la ley no se hab¨ªan realizado diligencias para investigar los hechos. Seg¨²n el auto judicial, nadie pidi¨® que la causa fuese declarada compleja, lo que le habr¨ªa otorgado m¨¢s tiempo para la investigaci¨®n.

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Bloqueo de comisiones de investigaci¨®n

Adem¨¢s de las comisiones de investigaci¨®n sobre tramas corruptas que el Partido Popular ha bloqueado en el Congreso ¨Centre ellas, una sobre las finanzas del PP tras conocerse el contenido de los papeles de B¨¢rcenas-, hay un caso m¨¢s reciente, precisamente en la Comunidad de Madrid. El pasado enero, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, solicit¨® un informe sobre las garant¨ªas jur¨ªdicas de la comisi¨®n que investiga la corrupci¨®n pol¨ªtica en la comunidad para estimar si se pod¨ªa aplicar la misma doctrina de una sentencia que hab¨ªa anulado una investigaci¨®n abierta en el Ayuntamiento de Madrid al considerar que la comisi¨®n municipal no ten¨ªa un objeto concreto, sino gen¨¦rico. Es decir, Adrados quer¨ªa demostrar que la comisi¨®n de la Asamblea de Madrid investigaba, en general, la corrupci¨®n pero no un caso concreto, para pedir su anulaci¨®n.