Dr¨¢stica prohibici¨®n en Palma

La decisi¨®n del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler de pisos tur¨ªsticos en la capital (se aprobar¨¢ previsiblemente en el pleno de ma?ana) a partir de julio es una dr¨¢stica respuesta a la presi¨®n que el alquiler tur¨ªstico ejerce sobre la ciudad ¡ªextrapolable a otras ciudades de Espa?a, como Barcelona¡ª y un reconocimiento de las dificultades de los Ayuntamientos para regular adecuadamente el fen¨®meno. En teor¨ªa, podr¨ªan haberse buscado soluciones m¨¢s graduales, pero han pesado otras razones pol¨ªticas y econ¨®micas. Una de ellas es la protesta vecinal por las alteraciones de la convivencia en zonas donde se acumulan los visitantes espor¨¢dicos; otra es el malestar de las empresas hoteleras. Entienden que las actividades sin control de plataformas como Airbnb y otras suponen competencia desleal, en t¨¦rminos de oferta y fiscalidad.

Sin una regulaci¨®n adecuada, los pisos tur¨ªsticos distorsionan gravemente el mercado inmobiliario. Encarecen los precios, restan oferta de alquiler para la demanda estable y sortean, al menos hasta el momento, la obligaci¨®n fiscal. Ha costado una larga negociaci¨®n y no pocos enfrentamientos conseguir que Airbnb acepte informar a Hacienda de los pagos y cobros de los alojamientos, algo que hacen con regularidad los establecimientos hoteleros. Para la ciudad de Palma, el alquiler tur¨ªstico se hab¨ªa convertido en un problema sin control. En dos a?os, la oferta de este tipo de alojamientos hab¨ªa crecido en m¨¢s del 50%, hasta llegar a las 20.000 viviendas (de las cuales solo unas 650 ten¨ªan licencia).

Los problemas generados por los pisos tur¨ªsticos son muchos e innegables: los Ayuntamientos tienen el deber de preservar los equilibrios urbanos. Pero es dudoso que el modelo de prohibici¨®n total adoptado all¨ª sea el recomendable. Pese a las dificultades administrativas y el coste econ¨®mico de hacer cumplir las normas, es preferible un modelo de regulaci¨®n exigente y riguroso a la prohibici¨®n sin m¨¢s.