El Constitucional avala que Jordi S¨¤nchez no pudiese hacer campa?a

El Tribunal Constitucional considera que es l¨ªcito limitar los derechos de un preso preventivo si existe la posibilidad de que los emplee para convocar ¡°movilizaciones¡± o propiciar ¡°tumultos¡± desde la c¨¢rcel. El preso, en este caso, era Jordi S¨¤nchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, quien pidi¨® permiso para participar en varios m¨ªtines de la campa?a de las elecciones auton¨®micas de 2017, tener un amplio margen de entrevistas en los medios e incrementar el tiempo de acceso a Internet que le hab¨ªa sid...

El Tribunal Constitucional considera que es l¨ªcito limitar los derechos de un preso preventivo si existe la posibilidad de que los emplee para convocar ¡°movilizaciones¡± o propiciar ¡°tumultos¡± desde la c¨¢rcel. El preso, en este caso, era Jordi S¨¤nchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, quien pidi¨® permiso para participar en varios m¨ªtines de la campa?a de las elecciones auton¨®micas de 2017, tener un amplio margen de entrevistas en los medios e incrementar el tiempo de acceso a Internet que le hab¨ªa sido concedido. Tales autorizaciones le fueron denegadas por el Tribunal Supremo

S¨¤nchez present¨® un recurso de amparo alegando que se hab¨ªan vulnerado sus derechos constitucionales, en especial el de participaci¨®n pol¨ªtica, ya que, a pesar de que le asist¨ªa la presunci¨®n de inocencia en tanto que preso preventivo, no pudo participar en la campa?a en la que era candidato. El Constitucional le responde ahora que estuvo justificada la decisi¨®n del Supremo.

El argumento esencial del tribunal es que si se le hubiera permitido ampliar su r¨¦gimen de comunicaciones personales y el acceso a Internet se habr¨ªan posibilitado ¡°las situaciones de riesgo que la prisi¨®n ha tratado de conjurar, pues no solo facultar¨ªan el impulso de movilizaciones inmediatas¡±, sino que podr¨ªan ¡°aprovecharse para propiciar (...) tumultos¡±. La decisi¨®n de denegar ¡°permisos extraordinarios¡± para asistir a m¨ªtines ¡°expresa una adecuada ponderaci¨®n de los derechos e intereses constitucionales en juego¡±, concluye el fallo.