Cuixart pide declarar inconstitucional el delito de sedici¨®n
El recurso de amparo presentado pide que se cambie ¡°el concepto autoritario de orden p¨²blico¡± que aplic¨® el Supremo para el ¡®proc¨¦s¡¯
La defensa de Jordi Cuixart ha presentado este viernes el recurso de amparo contra la sentencia del proc¨¦s, pidiendo al Tribunal Constitucional que la anule y cambie el ¡°concepto autoritario de orden p¨²blico¡± que ha sostenido el Supremo en su fallo. La impugnaci¨®n ha sido presentada en una rueda de prensa en la que se pidi¨® que mientras el tribunal estudie el fondo del asunto, suspenda la sentencia del Supremo y deje en libertad al presidente de ?mnium Cultural. Adem¨¢s pide que el tribunal declare inconstituc...
La defensa de Jordi Cuixart ha presentado este viernes el recurso de amparo contra la sentencia del proc¨¦s, pidiendo al Tribunal Constitucional que la anule y cambie el ¡°concepto autoritario de orden p¨²blico¡± que ha sostenido el Supremo en su fallo. La impugnaci¨®n ha sido presentada en una rueda de prensa en la que se pidi¨® que mientras el tribunal estudie el fondo del asunto, suspenda la sentencia del Supremo y deje en libertad al presidente de ?mnium Cultural. Adem¨¢s pide que el tribunal declare inconstitucional no ya alg¨²n aspecto del fallo, sino el propio delito de sedici¨®n por el que fueron condenados los l¨ªderes independentistas.
La comparecencia se ha desarrollado con reparto de papeles entre el vicepresidente de ?mnium, Marcel Mauri, y el equipo de juristas que ha elaborado el recurso. As¨ª, Mauri habl¨® desde una perspectiva pol¨ªtica de ¡°operaci¨®n de Estado¡± para referirse a la respuesta judicial dada al proc¨¦s, mientras Benet Salellas, defensor de Cuixart en el juicio, y el resto de su equipo jur¨ªdico, apelaban al Constitucional para reclamar una nueva sentencia que haga ¡°tabula rasa¡± de la que dict¨® el Supremo, en expresi¨®n de la catedr¨¢tica de Derecho Constitucional Merc¨¦ Barcel¨®.
Ese ¡°partir de cero¡± que se le reclama al Alto Tribunal pasa por cambiar de mentalidad frente al ejercicio de derechos fundamentales, como los de reuni¨®n y manifestaci¨®n. La tesis del recurso es que Cuixart contribuy¨® a un movimiento social amplio con llamamientos a la defensa del ideario independentista por procedimientos pac¨ªficos. La defensa del presidente de ?mnium estima que la sentencia del Supremo no debe pasar el filtro del tribunal de garant¨ªas en la medida en que no respet¨® tales derechos, sino que los reprimi¨® al aplicar un art¨ªculo del C¨®digo Penal, el relativo al delito de sedici¨®n, que a juicio de Benet Salellas es ¡°un f¨®sil jur¨ªdico¡±.
Para Salellas, este recurso es una oportunidad para defender su visi¨®n de la legitimidad de la movilizaci¨®n y la protesta pac¨ªficas en una sociedad democr¨¢tica. Como ya se vio durante el juicio, su pugilato con la Sala Penal del Supremo en general, y con su presidente, Manuel Marchena, en particular, forma parte de un combate que no es solo un duelo entre dos cabezas jur¨ªdicas. En el nuevo pulso dial¨¦ctico que se abre ante el Constitucional, Salellas ya no se conforma con intentos parciales de atacar la sentencia, quiere que se derrumbe entera. Y por ello en el amparo se pide que el tribunal declare inconstitucional no ya alg¨²n aspecto del fallo, sino el propio delito de sedici¨®n por el que fueron condenados los l¨ªderes independentistas.
A juicio de Salellas, el delito de sedici¨®n ha sido en manos del Supremo la tenaza con la que se ha reprimido un movimiento social de base, con la que se pretende que ¡°el independentismo deje de protestar¡±. A su juicio, est¨¢ en juego el derecho de propiedad sobre la calle. En palabras de Mauri, se ha tratado de ¡°castigar a Cuixart, a ?mnium y al soberanismo catal¨¢n¡± mediante una operaci¨®n promovida de las estructuras del Estado, empezando por ¡°la Monarqu¨ªa, manchada ahora por la corrupci¨®n¡±. Para Salellas, un caso de ¡°desviaci¨®n de poder¡±.
Junto a Salellas forman parte del equipo jur¨ªdico Guillermo Portillo, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Ja¨¦n; Merc¨¦ Barcel¨®, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona; y Javier Mira y Albert Noguera, profesores de Penal y Constitucional en la Universitat de Val¨¨ncia, respectivamente.