¡°Si la oposici¨®n no apoya el decreto de justicia desprecia a sus propias autonom¨ªas¡±

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 58 a?os), afronta este mi¨¦rcoles uno de sus grandes desaf¨ªos: lograr que el Congreso respalde el real decreto contra el colapso judicial que ha negociado con los consejeros auton¨®micos del ramo, entre ellos, los de las comunidades gobernadas por el PP. Conf¨ªa en que salga adelante. ¡°No hay plan b¡±, dice.

Pregunta. ?Qu¨¦ ocurre si el Congreso no lo convalida?

Respuesta. No lo contemplo. Es un decreto de todos ...

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 58 a?os), afronta este mi¨¦rcoles uno de sus grandes desaf¨ªos: lograr que el Congreso respalde el real decreto contra el colapso judicial que ha negociado con los consejeros auton¨®micos del ramo, entre ellos, los de las comunidades gobernadas por el PP. Conf¨ªa en que salga adelante. ¡°No hay plan b¡±, dice.

Pregunta. ?Qu¨¦ ocurre si el Congreso no lo convalida?

Respuesta. No lo contemplo. Es un decreto de todos y creo que tendr¨¢ el apoyo de los grupos parlamentarios. Lo contrario me parecer¨ªa un desprecio al esfuerzo colectivo de todas las comunidades aut¨®nomas, el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal¨ªa y los colegios profesionales. Si algo caracteriza la actuaci¨®n en justicia desde que apareci¨® el virus es que todo se ha decidido colegiadamente.

P. Pero ?no hay plan b?

R. No. Porque, adem¨¢s, el real decreto ley no es una pieza aislada, sino parte de un engranaje para combatir los efectos de la covid-19 en la Administraci¨®n de Justicia. Estamos haciendo un esfuerzo colectivo en esto que ahora se denomina cogobernanza. Cuando uno habla con las 12 comunidades con competencias en Justicia, de diferente signo pol¨ªtico, y todos hacemos un decreto, no contemplo que pueda haber ese desprecio de alg¨²n grupo hacia lo que hacen sus comunidades. Todos sabemos qu¨¦ ha propuesto cada uno. Todas las decisiones fueron consensuadas.

P. ?Y qu¨¦ ha pasado para que ahora la oposici¨®n no lo apoye? ?Los consejeros del PP, de Ciudadanos o la consejera catalana fueron activos y se mostraron de acuerdo en esas reuniones?

R. Sin duda. ?Qu¨¦ ha pasado? Tendr¨¢n que explicarlo ellos. Madrid, Catalu?a, Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco... Todos tuvieron intervenciones que han enriquecido un trabajo colectivo. Que tus representantes pol¨ªticos determinen unas actuaciones sobre sus ¨¢mbitos competenciales y ahora sean desautorizados es un desprecio de la oposici¨®n a las propias autonom¨ªas donde gobierna. Tienen tiempo de rectificar.

P. Hay tambi¨¦n cr¨ªticas de jueces, fiscales o abogados que opinan que no se les ha escuchado.

R. Todos han aportado. Con todos tenemos reuniones cada semana. Pero es dif¨ªcil que llueva a gusto de todos.

P. ?Se valora incluir un paquete de inversi¨®n econ¨®mica? Es una de las carencias que se?alan.

R. Se est¨¢ estudiando. Pero este decreto no necesita memoria econ¨®mica porque se trata de engrasar las m¨¢quinas con lo que tenemos durante tres meses. Luego habr¨¢ que estudiar qu¨¦ medidas que se han adoptado ahora de forma urgente son buenas para mantenerlas en el tiempo.

P. El l¨ªder del PP bas¨® su rechazo al decreto en que choca con la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, ?Hay alg¨²n punto de fricci¨®n?

R. Absolutamente ninguno. Lamento que el responsable del PP pueda tildar de inconstitucional el decreto porque siembra desconfianza en las instituciones. Es cr¨ªtica gratuita. La doctrina del Constitucional es clara: que algo venga en la ley org¨¢nica no quiere decir que tenga rango org¨¢nico. Hay decenas de ejemplos, incluso impulsados por el PP.

P. La ley org¨¢nica dice que agosto es inh¨¢bil y algunos juristas consideran que no debe modificarse con un real decreto ley.

R. La ley dice que agosto es inh¨¢bil salvo para cuestiones urgentes. Hemos tenido los tribunales parados y ahora est¨¢n empezando a funcionar a un ritmo muy lento. ?Podr¨ªan entender los ciudadanos que en agosto volvamos a parar? Hemos decidido que agosto sea h¨¢bil del 11 al 31. La propuesta que nos vino de un consejero era que fuera h¨¢bil todo el mes, pero al final acordamos circunscribirlo a eso.

P. ?El consejero que propuso habilitar todo el mes era Enrique L¨®pez (consejero de Madrid y secretario de Justicia del PP)?

R. S¨ª. Al que no me cansar¨¦ de agradecer el enorme esfuerzo y vinculaci¨®n que ha tenido con la elaboraci¨®n del real decreto ley.

P. ?Con los portavoces parlamentarios de justicia se ha ido hablando? Ellos dicen que no.

R. Se ha hablado con todos. Han tenido conciencia de que ¨ªbamos a elaborarlo. Y cuando acordamos el decreto con las comunidades, la Fiscal¨ªa y el Consejo, yo mismo les llam¨¦ para explic¨¢rselo a algunos de ellos.

P. ?Pero se les consult¨®? ?O fueron conversaciones para contarles lo que ya se hab¨ªa acordado?

R. Han sido para informarles antes, durante y despu¨¦s. Pero la elaboraci¨®n se ha hecho con todos los partidos que forman parte de los distintos Gobiernos con competencias en justicia.

P. ?Por qu¨¦ no difunde el ministerio los datos de los Registros Civiles sobre fallecimientos?

R. El Gobierno ha sido transparente. Pero tenemos dos sistemas para contabilizar los fallecimientos: el de Sanidad, avalado por la OMS, y los registros civiles. Son absolutamente fiables los dos, pero dan datos diferentes. No pueden ser iguales. Ha habido un desfase entre la inscripci¨®n de licencias de enterramiento y la inscripci¨®n de los fallecimientos. Ya se est¨¢ ajustando y ahora el INE y el Sistema de Monitorizaci¨®n de la Mortalidad diaria (MOMO) tendr¨¢n que estudiar los datos. Buscar zonas oscuras me parece ruin. No entiendo que se intente hacer pol¨ªtica con el dolor.

P. ?Hay que buscar una alternativa al estado de alarma?

R. No la hay. El decreto de alarma no es una reducci¨®n del Estado de derecho, es simplemente la modulaci¨®n de un derecho en atenci¨®n de una causa de fuerza mayor. Y es la mejor opci¨®n.

P. Como jurista, ?no le preocupa que se puedan estar limitando derechos fundamentales en ¨®rdenes ministeriales o por parte de las comunidades?

R. En un estado de alarma totalmente cambiante es l¨®gico que se produzca un desarrollo normativo. No estoy diciendo que todo sea maravilloso. Ser¨ªa iluso. Seguro que se han cometido errores. Pero, desde luego, nunca se ha dejado de tener claro el respeto absoluto al Estado de derecho.

P. ?Ve posible ahora la renovaci¨®n del CGPJ y el Constitucional?

R. Pese a la situaci¨®n de excepcionalidad, en la medida que haya responsabilidad en los grupos parlamentarios debe ponerse fin a esta interinidad.

P. ?Ha mantenido conversaciones ya con el PP?

R. Claro que s¨ª. Como lo he hablado con el presidente del Supremo y representantes de otros partidos. Tenemos la obligaci¨®n de remover los obst¨¢culos. Y el PP, como principal partido de la oposici¨®n, tiene que ponerse como meta la renovaci¨®n.

P. ?C¨®mo valora el choque entre Pablo Iglesias y el CGPJ?

R. Yo tengo la mejor opini¨®n del Poder Judicial: cumple escrupulosamente su papel constitucional. El vicepresidente segundo hizo esas declaraciones en uso de su libertad de expresi¨®n. No consiste en compartirlas o no.

P. ?El indulto a los l¨ªderes del proc¨¦s puede ser una opci¨®n a tratar en la mesa de di¨¢logo?

R. El Gobierno no piensa en clave de soluci¨®n de indultos. Actuar¨¢ y solicitar¨¢ una serie de informes porque el indulto es una medida legal y tiene unos par¨¢metros. Cuando lleguen al Consejo de Ministros, se valorar¨¢ la situaci¨®n. No se tiene ninguna idea preconcebida de ning¨²n indulto.

P. ?El Gobierno se plantea acabar con la prisi¨®n permanente?

R. Se est¨¢ esperando el pronunciamiento del Constitucional. Ahora no est¨¢ en la agenda.

P. Pero la prisi¨®n permanente es tambi¨¦n una opci¨®n pol¨ªtica.

R. Este Gobierno no la comparte y la recurri¨®. Y est¨¢ esperando porque es respetuoso con las decisiones del Constitucional.

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