¡°Si la oposici¨®n no apoya el decreto de justicia desprecia a sus propias autonom¨ªas¡±

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 58 a?os), afronta este mi¨¦rcoles uno de sus grandes desaf¨ªos: lograr que el Congreso respalde el real decreto contra el colapso judicial que ha negociado con los consejeros auton¨®micos del ramo, entre ellos, los de las comunidades gobernadas por el PP. Conf¨ªa en que salga adelante. ¡°No hay plan b¡±, dice.

Pregunta. ?Qu¨¦ ocurre si el Congreso no lo convalida?

Respuesta. No lo contemplo. Es un decreto de todos y creo que tendr¨¢ el apoyo de los grupos parlamentarios. Lo contrario me parecer¨ªa un desprecio al esfuerzo colectivo de todas las comunidades aut¨®nomas, el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal¨ªa y los colegios profesionales. Si algo caracteriza la actuaci¨®n en justicia desde que apareci¨® el virus es que todo se ha decidido colegiadamente.

P. Pero ?no hay plan b?

R. No. Porque, adem¨¢s, el real decreto ley no es una pieza aislada, sino parte de un engranaje para combatir los efectos de la covid-19 en la Administraci¨®n de Justicia. Estamos haciendo un esfuerzo colectivo en esto que ahora se denomina cogobernanza. Cuando uno habla con las 12 comunidades con competencias en Justicia, de diferente signo pol¨ªtico, y todos hacemos un decreto, no contemplo que pueda haber ese desprecio de alg¨²n grupo hacia lo que hacen sus comunidades. Todos sabemos qu¨¦ ha propuesto cada uno. Todas las decisiones fueron consensuadas.

P. ?Y qu¨¦ ha pasado para que ahora la oposici¨®n no lo apoye? ?Los consejeros del PP, de Ciudadanos o la consejera catalana fueron activos y se mostraron de acuerdo en esas reuniones?

R. Sin duda. ?Qu¨¦ ha pasado? Tendr¨¢n que explicarlo ellos. Madrid, Catalu?a, Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco... Todos tuvieron intervenciones que han enriquecido un trabajo colectivo. Que tus representantes pol¨ªticos determinen unas actuaciones sobre sus ¨¢mbitos competenciales y ahora sean desautorizados es un desprecio de la oposici¨®n a las propias autonom¨ªas donde gobierna. Tienen tiempo de rectificar.

P. Hay tambi¨¦n cr¨ªticas de jueces, fiscales o abogados que opinan que no se les ha escuchado.

R. Todos han aportado. Con todos tenemos reuniones cada semana. Pero es dif¨ªcil que llueva a gusto de todos.

P. ?Se valora incluir un paquete de inversi¨®n econ¨®mica? Es una de las carencias que se?alan.

R. Se est¨¢ estudiando. Pero este decreto no necesita memoria econ¨®mica porque se trata de engrasar las m¨¢quinas con lo que tenemos durante tres meses. Luego habr¨¢ que estudiar qu¨¦ medidas que se han adoptado ahora de forma urgente son buenas para mantenerlas en el tiempo.

P. El l¨ªder del PP bas¨® su rechazo al decreto en que choca con la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, ?Hay alg¨²n punto de fricci¨®n?

R. Absolutamente ninguno. Lamento que el responsable del PP pueda tildar de inconstitucional el decreto porque siembra desconfianza en las instituciones. Es cr¨ªtica gratuita. La doctrina del Constitucional es clara: que algo venga en la ley org¨¢nica no quiere decir que tenga rango org¨¢nico. Hay decenas de ejemplos, incluso impulsados por el PP.

P. La ley org¨¢nica dice que agosto es inh¨¢bil y algunos juristas consideran que no debe modificarse con un real decreto ley.

R. La ley dice que agosto es inh¨¢bil salvo para cuestiones urgentes. Hemos tenido los tribunales parados y ahora est¨¢n empezando a funcionar a un ritmo muy lento. ?Podr¨ªan entender los ciudadanos que en agosto volvamos a parar? Hemos decidido que agosto sea h¨¢bil del 11 al 31. La propuesta que nos vino de un consejero era que fuera h¨¢bil todo el mes, pero al final acordamos circunscribirlo a eso.

P. ?El consejero que propuso habilitar todo el mes era Enrique L¨®pez (consejero de Madrid y secretario de Justicia del PP)?

R. S¨ª. Al que no me cansar¨¦ de agradecer el enorme esfuerzo y vinculaci¨®n que ha tenido con la elaboraci¨®n del real decreto ley.

P. ?Con los portavoces parlamentarios de justicia se ha ido hablando? Ellos dicen que no.

R. Se ha hablado con todos. Han tenido conciencia de que ¨ªbamos a elaborarlo. Y cuando acordamos el decreto con las comunidades, la Fiscal¨ªa y el Consejo, yo mismo les llam¨¦ para explic¨¢rselo a algunos de ellos.

P. ?Pero se les consult¨®? ?O fueron conversaciones para contarles lo que ya se hab¨ªa acordado?

R. Han sido para informarles antes, durante y despu¨¦s. Pero la elaboraci¨®n se ha hecho con todos los partidos que forman parte de los distintos Gobiernos con competencias en justicia.

P. ?Por qu¨¦ no difunde el ministerio los datos de los Registros Civiles sobre fallecimientos?

R. El Gobierno ha sido transparente. Pero tenemos dos sistemas para contabilizar los fallecimientos: el de Sanidad, avalado por la OMS, y los registros civiles. Son absolutamente fiables los dos, pero dan datos diferentes. No pueden ser iguales. Ha habido un desfase entre la inscripci¨®n de licencias de enterramiento y la inscripci¨®n de los fallecimientos. Ya se est¨¢ ajustando y ahora el INE y el Sistema de Monitorizaci¨®n de la Mortalidad diaria (MOMO) tendr¨¢n que estudiar los datos. Buscar zonas oscuras me parece ruin. No entiendo que se intente hacer pol¨ªtica con el dolor.

P. ?Hay que buscar una alternativa al estado de alarma?

R. No la hay. El decreto de alarma no es una reducci¨®n del Estado de derecho, es simplemente la modulaci¨®n de un derecho en atenci¨®n de una causa de fuerza mayor. Y es la mejor opci¨®n.

P. Como jurista, ?no le preocupa que se puedan estar limitando derechos fundamentales en ¨®rdenes ministeriales o por parte de las comunidades?

R. En un estado de alarma totalmente cambiante es l¨®gico que se produzca un desarrollo normativo. No estoy diciendo que todo sea maravilloso. Ser¨ªa iluso. Seguro que se han cometido errores. Pero, desde luego, nunca se ha dejado de tener claro el respeto absoluto al Estado de derecho.

P. ?Ve posible ahora la renovaci¨®n del CGPJ y el Constitucional?

R. Pese a la situaci¨®n de excepcionalidad, en la medida que haya responsabilidad en los grupos parlamentarios debe ponerse fin a esta interinidad.

P. ?Ha mantenido conversaciones ya con el PP?

R. Claro que s¨ª. Como lo he hablado con el presidente del Supremo y representantes de otros partidos. Tenemos la obligaci¨®n de remover los obst¨¢culos. Y el PP, como principal partido de la oposici¨®n, tiene que ponerse como meta la renovaci¨®n.

P. ?C¨®mo valora el choque entre Pablo Iglesias y el CGPJ?

R. Yo tengo la mejor opini¨®n del Poder Judicial: cumple escrupulosamente su papel constitucional. El vicepresidente segundo hizo esas declaraciones en uso de su libertad de expresi¨®n. No consiste en compartirlas o no.

P. ?El indulto a los l¨ªderes del proc¨¦s puede ser una opci¨®n a tratar en la mesa de di¨¢logo?

R. El Gobierno no piensa en clave de soluci¨®n de indultos. Actuar¨¢ y solicitar¨¢ una serie de informes porque el indulto es una medida legal y tiene unos par¨¢metros. Cuando lleguen al Consejo de Ministros, se valorar¨¢ la situaci¨®n. No se tiene ninguna idea preconcebida de ning¨²n indulto.

P. ?El Gobierno se plantea acabar con la prisi¨®n permanente?

R. Se est¨¢ esperando el pronunciamiento del Constitucional. Ahora no est¨¢ en la agenda.

P. Pero la prisi¨®n permanente es tambi¨¦n una opci¨®n pol¨ªtica.

R. Este Gobierno no la comparte y la recurri¨®. Y est¨¢ esperando porque es respetuoso con las decisiones del Constitucional.

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