¡°Espa?a no puede eludir su responsabilidad con los saharauis¡±

Los saharauis no existen para la ley espa?ola. Los habitantes de ese pedazo de desierto que, hasta hace solo 45 a?os, fue la ¨²ltima colonia espa?ola tienen menos derechos que los descendientes de los sefard¨ªes, expulsados hace cinco siglos por los Reyes Cat¨®licos, que pueden obtener la nacionalidad espa?ola sin haber pisado nunca Espa?a; o que los iberoamericanos, guineanos y filipinos, que puede acceder a la ciudadan¨ªa con solo dos a?os de residencia legal. Espa?a no reconoce a la ...

Los saharauis no existen para la ley espa?ola. Los habitantes de ese pedazo de desierto que, hasta hace solo 45 a?os, fue la ¨²ltima colonia espa?ola tienen menos derechos que los descendientes de los sefard¨ªes, expulsados hace cinco siglos por los Reyes Cat¨®licos, que pueden obtener la nacionalidad espa?ola sin haber pisado nunca Espa?a; o que los iberoamericanos, guineanos y filipinos, que puede acceder a la ciudadan¨ªa con solo dos a?os de residencia legal. Espa?a no reconoce a la Rep¨²blica ?rabe Democr¨¢tica Saharaui (RASD) y, por tanto, los saharauis no existen. Son marroqu¨ªes o argelinos. O ap¨¢tridas.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de sentenciar que ni siquiera las 74.000 personas que viv¨ªan en el Sahara Occidental cuando en 1975 Espa?a inici¨® un proceso de descolonizaci¨®n a¨²n inconcluso eran espa?oles, a pesar que ten¨ªan DNI, pasaporte espa?ol y Libro de Familia, pod¨ªan acceder a plazas de funcionario en la Administraci¨®n y combatir en las filas del Ej¨¦rcito, ten¨ªan sus propios representantes en las Cortes franquistas y pudieron votar en el refer¨¦ndum convocado por la dictadura en 1966.

Sin embargo, el Supremo ha fallado que, aunque Franco declar¨® el Sahara Occidental la provincia n¨²mero 53 de Espa?a, nunca fue territorio espa?ol y, por tanto, quienes all¨ª nacieron nunca adquirieron la condici¨®n de espa?oles; lo que les convert¨ªa en ap¨¢tridas de nacimiento.

Abdul¨¢h Arabi (El Aai¨²n, 1966), representante del Frente Polisario en Espa?a desde enero pasado, asegura que su movimiento lucha por la independencia del Sahara y, por tanto, el reconocimiento de la RASD, pero apoya la reivindicaci¨®n de aquellos saharauis que ¡°quieren recuperar una nacionalidad que les pertenece¡±.

Negar la ciudadan¨ªa espa?ola a los habitantes de la excolonia, sostiene, es ¡°negar la evidencia. Hay documentos, DNI y pasaportes. Espa?a consideraba al Sahara su provincia n¨²mero 53. Es uno de los 17 territorios no aut¨®nomos que figuran en la lista de la ONU como pendientes de descolonizaci¨®n¡±.

El propio Arabi es un ejemplo: su padre, su madre y su hermano mayor eran saharuis y ten¨ªan la nacionalidad espa?ola, pero ¨¦l solo ten¨ªa nueve a?os cuando se produjo la ocupaci¨®n marroqu¨ª. Vivi¨® all¨ª hasta 1985, cuando escap¨® a Espa?a cruzando a trav¨¦s de Ceuta y hoy es espa?ol, pero ha obtenido la nacionalidad como cualquier extranjero, tras acreditar m¨¢s de diez a?os de residencia legal, sin que se tuviera en cuenta su vinculaci¨®n familiar con Espa?a.

¡°Lo que nos preocupa¡±, subraya, ¡°es el trasfondo pol¨ªtico de la sentencia. Tememos que, al igual que Espa?a se ha desentendido de la resoluci¨®n del conflicto pol¨ªtico, quiera tambi¨¦n eludir su responsabilidad sobre los situaci¨®n de los saharauis¡±.

El Polisario est¨¢ dispuesto a prestar apoyo jur¨ªdico a la saharaui a la que el Tribunal Supremo ha negado la nacionalidad espa?ola, despu¨¦s de que la Audiencia de Baleares se la reconociera, para que recurra al Constitucional e incluso al Tribunal de Estrasburgo. Se apoyar¨¢ en el voto particular de tres magistrados discrepantes del Supremo, que sostienen que la ley de 1975 que legaliz¨® la retirada de la metr¨®poli y el decreto de 1976 que la sancion¨® no se pueden aplicar retroactivamente.

Este ¨²ltimo daba un a?o de plazo a los saharauis para que optaran por la nacionalidad espa?ola pero esta medida, seg¨²n el voto particular, carec¨ªa de validez, no solo porque resultaba inaplicable bajo la ocupaci¨®n militar de Marruecos, sino porque supon¨ªa privar de la ciudadan¨ªa por un motivo que no contemplaba el C¨®digo Civil de la ¨¦poca.

La sentencia del Supremo ha llegado en un momento especialmente complicado en los campos de refugiados de Tinduf. Los campamentos saharauis han conseguido mantenerse a salvo del coronavirus, que se presentaba como una grav¨ªsima amenaza para su fr¨¢gil sistema sanitario. A d¨ªa de hoy no se ha registrado ni un solo contagio, pero el precio a pagar ha sido un f¨¦rreo aislamiento.

El cierre de la frontera ha supuesto una dr¨¢stica interrupci¨®n de la llegada de la ayuda humanitaria internacional, de la que los campamentos dependen para subsistir, y eso ha provocado una ¡°emergencia sanitaria y alimentaria¡±, en palabras de Arabi.

Entre los proyectos que han tenido que ser suspendidos figura Vacaciones en Paz, que durante 47 a?os ha tra¨ªdo a miles de ni?os saharauis a pasar el verano con familias espa?olas, reforzando el v¨ªnculo entre ambos pueblos. En 2019 fueron m¨¢s de 4.000, pero este verano no vendr¨¢ ninguno. Arabi explica que, para compensar su ausencia, se facilitar¨¢ que las familias espa?olas puedan contactar con los ni?os a los que conocen de a?os anteriores y mandarles paquetes. Pero no ser¨¢ lo mismo.