El Poder Judicial se fractura por la reforma que le dejar¨ªa maniatado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos a?os con el mandato caducado, celebr¨® este jueves uno de sus plenos m¨¢s tensos, del que sali¨® fracturado. Hubo m¨¢s consenso para proseguir con los nombramientos que para fijar una posici¨®n sobre la ...

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos a?os con el mandato caducado, celebr¨® este jueves uno de sus plenos m¨¢s tensos, del que sali¨® fracturado. Hubo m¨¢s consenso para proseguir con los nombramientos que para fijar una posici¨®n sobre la proposici¨®n de ley del PSOE y Podemos que prev¨¦ impedir que una c¨²pula judicial en funciones, como la actual, siga designando altos cargos. Diecis¨¦is de los 21 vocales instaron al Congreso a solicitar un informe del propio Consejo del Poder Judicial sobre la reforma legal. Los otros cinco vocales pidieron, en cambio, que el Consejo dimita en bloque para forzar su renovaci¨®n.

El pleno de este jueves marc¨® un punto de inflexi¨®n en la trayectoria del gobierno de los jueces de mayor¨ªa conservadora elegido hace siete a?os. La divisi¨®n sobre c¨®mo afrontar la proposici¨®n de ley que les dejar¨ªa maniatados, y que persigue presionar al PP para facilitar la renovaci¨®n del Consejo, ha conseguido generar una divisi¨®n profunda en el CGPJ.

Sobre el papel, todos los vocales quieren ser renovados, para que no se siga incumpliendo la previsi¨®n constitucional que estipula que su mandato debe durar cinco a?os. Ahora, ya son siete los que lleva el actual Consejo. Pero las posiciones son irreconciliables en cuanto a la estrategia que deber¨ªa emprenderse para esa renovaci¨®n. La l¨ªnea de fractura es muy visible ante la ¨²ltima iniciativa lanzada por los partidos de la coalici¨®n de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para privar a un Consejo caducado de funciones clave, como el nombramiento de cargos judiciales.

El pleno se dividi¨® en dos bloques. Uno, de 15 vocales, mayoritariamente conservador aunque incorpora vocales de distintas sensibilidades, reclam¨® con contundencia ser o¨ªdo durante la tramitaci¨®n de la ley impulsada por el PSOE y Podemos para que un Consejo con el mandato caducado no pueda seguir decidiendo, sobre todo, el nombramiento de puestos clave de la magistratura. Este grupo es perfectamente consciente de que una proposici¨®n de ley no requiere informe alguno del Consejo, pero lo reclama a tenor del art¨ªculo 561.9 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que establece que el dictamen podr¨¢ pedirse siempre que el Gobierno o las Cortes ¡°estimen oportuna¡± la consulta.

Se apoyan en el argumento de que una iniciativa de este tipo ¡°afecta al n¨²cleo esencial de las competencias que la Constituci¨®n le atribuye expresamente [al Consejo] en garant¨ªa de la independencia judicial¡±.

Otro grupo, formado por cinco vocales progresistas, present¨® una propuesta alternativa en la que se contemplaba la dimisi¨®n en bloque del ¨®rgano de gobierno de los jueces, para forzar as¨ª su renovaci¨®n, a partir del pr¨®ximo 1 de enero. Esa propuesta fue rechazada por los 15 vocales restantes.

El cisma producido este jueves pone de manifiesto que si el Congreso atiende la exigencia del Poder Judicial, y le pide un informe sobre la reforma, ser¨¢ muy dif¨ªcil que el CGPJ sostenga una ¨²nica opini¨®n. Claramente, la mayor¨ªa que reclama informar sobre la proposici¨®n de ley lo hace para manifestarse en contra de ella.

El comunicado aprobado este jueves por los 15 vocales destila af¨¢n cr¨ªtico contra la iniciativa. Se dice, por ejemplo, que ¡°la trascendencia constitucional¡± de la proposici¨®n y ¡°la exigencia¡± de que respete el derecho de la Uni¨®n Europea ¡°demandan¡± que ¡°deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados¡±, empezando por ¡°el propio Consejo y por la Comisi¨®n Europea para la Democracia por el Derecho [o Comisi¨®n de Venecia, un ¨®rgano consultivo del Consejo de Europa]¡±. Las consultas, se a?ade, deber¨ªan extenderse a las asociaciones de jueces, fiscales, sindicatos del sector justicia y comunidades aut¨®nomas.

Dictamen europeo

La declaraci¨®n aprobada relega a un cuarto punto del comunicado el acuerdo de ¡°instar¡± a los grupos parlamentarios a la renovaci¨®n del Consejo, ¡°como se viene exigiendo desde esta instituci¨®n¡±. Pero los tres puntos anteriores se dedican a la reclamaci¨®n de ser objeto de consulta ¡°con fundamento en la defensa de la posici¨®n constitucional que el Consejo tiene en nuestro estado de Derecho como garante de la independencia judicial¡±, y que tambi¨¦n se pida un dictamen a la citada comisi¨®n europea y ¡°a todos los agentes afectados¡±. Y en un quinto punto se plantea ¡°dar traslado¡± de todas estas reclamaciones a la Red Europea de Consejos de Justicia ¡°a los efectos oportunos¡±. Es decir, se busca el rechazo a la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos a escala europea.

El CGPJ ha decidido batirse contra la reforma, pero no ha conseguido un cierre de filas. Muy al contrario, el texto alternativo propuesto por los vocales ?lvaro Cuesta, Clara Mart¨ªnez de Careaga, Rafael Mozo, Concepci¨®n S¨¢ez y Pilar Sep¨²lveda es claramente cr¨ªtico con la estrategia de la mayor¨ªa. Este voto, redactado por ?lvaro Cuesta, subraya en obvia alusi¨®n al PP que ¡°obstaculizar¡± la renovaci¨®n del Consejo ¡°es un grave atentado a la estabilidad del sistema democr¨¢tico espa?ol, que contribuye al desprestigio de las instituciones¡±, de un modo ¡°artero e irresponsable¡±.

La diferencia, en suma, no es solo de matices y ¨¦nfasis. La mayor¨ªa del Consejo se posicion¨® este jueves contra la iniciativa del PSOE y Podemos para forzar la renovaci¨®n, mientras que la minor¨ªa querr¨ªa provocarla con car¨¢cter inmediato y sin pasar por alto d¨®nde considera que est¨¢n las culpas del deterioro institucional que provoca la estrategia de la oposici¨®n. La fractura es palmaria. Frente al intento de cambiar las reglas del juego sobre las competencias de un Consejo caducado, la c¨²pula judicial aparece rota. Es obvio que el CGPJ no tiene una ¨²nica receta sobre c¨®mo se defiende mejor la independencia del Poder Judicial y sobre qui¨¦nes son realmente los que la amenazan.

M¨¢s nombramientos con un alto consenso

El Consejo General del Poder Judicial sigui¨® este jueves ejerciendo una de sus funciones, el nombramiento de altos cargos de la magistratura. La misma funci¨®n que quiere prohibir la reforma legal que se tramita en el Congreso. El gobierno de los jueces desoye el deseo del Ejecutivo de coalici¨®n, quien considera que no se deber¨ªan hacer estas designaciones cuando el Consejo tiene caducado su mandato desde hace ya m¨¢s de dos a?os. Esta convicci¨®n ha llevado a dichos partidos a poner en marcha una modificaci¨®n de la ley que regula el funcionamiento del CGPJ.

Los vocales que aprueban los nombramientos justifican sus decisiones en que la ley vigente en modo alguno limita la capacidad de los vocales para decidir nombramientos una vez concluidos los cinco a?os de su mandato. Y subrayan que la falta de acuerdo entre los partidos para la renovaci¨®n no puede paralizar las actividades del Consejo ni impedir las designaciones legalmente procedentes.

El CGPJ nombr¨® este jueves al magistrado Jos¨¦ Pablo Aramendi S¨¢nchez presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Ha obtenido 17 votos de los 21 del pleno. La tambi¨¦n candidata Emilia Ruiz-Jarabo Quemada ha obtenido un voto. En blanco han votado los vocales ?lvaro Cuesta, Concepci¨®n S¨¢ez y Pilar Sep¨²lveda.

Destinado en el Juzgado de lo Social 33 de Madrid desde 1992, Aramendi S¨¢nchez ingres¨® en la carrera judicial en 1990 por el turno de juristas de reconocida competencia. Por su labor al frente de este ¨®rgano judicial, recibi¨® el reconocimiento del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes en 2015 y la felicitaci¨®n, hace unos meses, del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Entre 1990 y 1992, sirvi¨® en el Juzgado de lo Social n¨²mero 1 de Cuenca y, desde abril de 2014 hasta abril de 2015, estuvo destinado en comisi¨®n de servicios con relevaci¨®n de funciones en la sala de la que ahora ha sido nombrado presidente.

Mar¨ªa Jos¨¦ Renedo Ju¨¢rez fue elegida presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y Le¨®n, con sede en Burgos; David Ord¨®?ez Sol¨ªs, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y Joaqu¨ªn Gonz¨¢lez Casso, presidente de la Audiencia Provincial de C¨¢ceres. Todos ellos obtuvieron 18 votos. Los vocales ?lvaro Cuesta, Concepci¨®n S¨¢ez y Pilar Sep¨²lveda votaron en blanco, como ya hicieran en el anterior pleno, en se?al de disconformidad con el hecho de que las designaciones del Consejo prosigan cuando el pasado d¨ªa 4 de diciembre el ¨®rgano de gobierno de los jueces rebas¨® los dos a?os de gesti¨®n con su mandato caducado.