Un cambio que ata las manos del Consejo y deja coja la justicia

La propuesta de reforma legal presentada este mi¨¦rcoles por el PSOE y Unidas Podemos pretende regular las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez cumplidos los cinco a?os de su mandato. Esta regulaci¨®n estaba incluida en la proposici¨®n de ley presentada en octubre pasado por los dos partidos del Gobierno para facilitar la renovaci¨®n del Consejo sin los votos del PP, una propuesta que el Ejecutivo aparc¨® como gesto de buena voluntad para que los populares se avinieran a negociar.

El texto presentado este mi¨¦rcoles no busca ya facilitar la renovaci¨®n del CGPJ por la v¨ªa de reducir la mayor¨ªa necesaria para nombrar nuevos vocales, como hac¨ªa el anterior, sino acotar las atribuciones del Consejo presidido por Carlos Lesmes, que este viernes cumplir¨¢ dos a?os con el mandato caducado.

El objetivo del Gobierno es sobre todo impedir que el pleno del Consejo pueda seguir nombrando a los cargos claves de la c¨²pula judicial, una de las facultades m¨¢s determinantes que tiene atribuidas y que ha seguido ejerciendo en los dos ¨²ltimos a?os, lo que ha causado tensiones con el Ejecutivo, que ha intentado, sin ¨¦xito, frenar algunos de esos nombramientos.

Estas son algunas de las claves de la proposici¨®n de ley presentada este mi¨¦rcoles por el PSOE y Unidas Podemos.

?Qu¨¦ funciones tiene el Consejo y cu¨¢les elimina la reforma legal? La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial atribuye 24 competencias al Consejo, divididas en nueve grandes ¨¢reas: nombramientos, inspecci¨®n, r¨¦gimen disciplinario, formaci¨®n, potestad reglamentaria, publicaci¨®n de sentencias, funci¨®n consultiva, mejora de la calidad de la justicia y relaciones internacionales. La ley vigente solo veta una funci¨®n a los vocales una vez expirado el mandato: elegir nuevo presidente del CGPJ y del Supremo. La propuesta de los dos grupos del Gobierno reduce de 24 a 15 las competencias del Consejo una vez concluido su mandato y, entre otras, elimina la potestad para cualquier nombramiento discrecional. Esto impedir¨¢ que los vocales en funciones designen presidentes de tribunal o de sala (de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo). Tambi¨¦n impedir¨¢ al Consejo en funciones nombrar a magistrados del alto tribunal y cargos como el Promotor de la Acci¨®n Disciplinaria, el jefe de la Inspecci¨®n, el director del gabinete t¨¦cnico del Consejo y los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentaci¨®n. Tampoco podr¨¢n elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que la ley deja en manos del Consejo.

?Qu¨¦ persigue el Gobierno con esta reforma? Las fuentes del Ejecutivo y jur¨ªdicas consultadas se?alan un doble objetivo: por una parte, presionar al PP para que se siente a negociar la renovaci¨®n del Consejo. El PSOE y Unidas Podemos entienden que la raz¨®n principal de los populares para rechazar la renovaci¨®n es que en el Consejo actual hay una mayor¨ªa de miembros propuestos por el PP (12, incluido el presidente Lesmes) que le han permitido situar a magistrados conservadores en puestos clave incluso una vez concluidos los cinco a?os de mandato. Los dos partidos del Gobierno creen que si el Consejo no puede seguir haciendo nombramientos, los populares tendr¨¢n menos inter¨¦s en mantener al ¨®rgano actual. No obstante, con el reparto que ofrece el PSOE para renovar el Consejo (10 vocales para el PP y 10 para los socialistas), los vocales conservadores tendr¨ªan capacidad de veto.

La prohibici¨®n legal de las designaciones discrecionales pretende tambi¨¦n presionar a los propios vocales, que en los ¨²ltimos meses han deso¨ªdo las peticiones del Ejecutivo para que restringieran los nuevos nombramientos a aquellos imprescindibles para garantizar el funcionamiento de la Justicia.

?Por qu¨¦ quiere el Gobierno sacar adelante la reforma cuanto antes? El actual Consejo ha adjudicado medio centenar de nombramientos discrecionales desde que est¨¢ en funciones y fuentes del ¨®rgano que preside Lesmes cifran en una treintena las nuevas plazas pendientes de cubrir o que quedar¨¢n vacantes de aqu¨ª a final de a?o.

El pr¨®ximo pleno se celebrar¨¢ el 17 de diciembre y, aunque el orden del d¨ªa no est¨¢ cerrado, el Consejo prev¨¦ incluir algunas de estas designaciones, como varias presidencias de audiencias provinciales y de salas de tribunales superiores de justicia. Entre las 30 vacantes a punto de producirse hay siete plazas de magistrados del Tribunal Supremo, cuya aprobaci¨®n no podr¨¢ estar lista para el pleno de diciembre pero posiblemente s¨ª para el de enero. Estos puestos, que el magistrado elegido conserva hasta su jubilaci¨®n, se consideran plazas clave que el Ejecutivo puede querer evitar que asigne el actual pleno. Desde que venci¨® su mandato, el actual Consejo ha designado a 13 magistrados del alto tribunal.

?Puede afectar el veto a los nombramientos discrecionales al funcionamiento de la Justicia? Esta es la raz¨®n que ha alegado el actual Consejo para continuar con los nombramientos una vez cumplido su mandato. El ¨®rgano sostiene que esas designaciones son imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los tribunales, sobre todo cuando se trata de magistrados que se jubilan y dejan una plaza sin cubrir. Es lo que ocurri¨® en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que acumul¨® varias jubilaciones consecutivas, lo que lleg¨® a comprometer la posibilidad de conformar salas para revisar o juzgar casos relacionados con el proc¨¦s, ya que la mayor¨ªa de los magistrados hab¨ªan participado en asuntos vinculados a los l¨ªderes independentistas condenados por sedici¨®n y la ley les impide volver a deliberar sobre ello.

La designaci¨®n en septiembre pasado de tres nuevos magistrados para la Sala de lo Penal fue uno de los factores que precipit¨® la decisi¨®n del Gobierno de reformar la actual ley.