El Congreso agrava su choque con el Poder Judicial sin resolver el bloqueo

La urgencia con que la mayor¨ªa parlamentaria del Congreso tramita la proposici¨®n de ley para limitar las competencias del Consejo del Poder Judicial cuando, como ahora, tiene el mandato prorrogado, ha elevado al m¨¢ximo la tensi¨®n institucional entre estos dos poderes del Estado. El Congreso pidi¨® ayer ¡°respeto¡± al ¨®rgano de Gobierno de los jueces ante su petici¨®n de que se reconsidere la proposici¨®n de ley, promovida por el PSOE y Unidas Podemo...

La urgencia con que la mayor¨ªa parlamentaria del Congreso tramita la proposici¨®n de ley para limitar las competencias del Consejo del Poder Judicial cuando, como ahora, tiene el mandato prorrogado, ha elevado al m¨¢ximo la tensi¨®n institucional entre estos dos poderes del Estado. El Congreso pidi¨® ayer ¡°respeto¡± al ¨®rgano de Gobierno de los jueces ante su petici¨®n de que se reconsidere la proposici¨®n de ley, promovida por el PSOE y Unidas Podemos, quienes consideran la propuesta una ¡°injerencia¡± del poder judicial en el legislativo. PP y Vox estudian recurrir contra la norma en Europa.

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodr¨ªguez G¨®mez de Celis, aprovech¨® la cita de ayer en la Mesa de la C¨¢mara baja para plantear, fuera incluso del orden del d¨ªa, si se cre¨ªa conveniente dar una respuesta institucional al acuerdo adoptado el 21 de enero por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se reclama a las Cortes que reconsideren su decisi¨®n de tramitar por la v¨ªa urgente, sin escuchar al Consejo ni a las asociaciones judiciales, la reforma legal que limitar¨¢ algunas de sus competencias, como el nombramiento de cargos judiciales, cuando est¨¦n en funciones. El Consejo acab¨® su mandato constitucional de un lustro hace m¨¢s de dos a?os, pero sigue efectuando nombramientos de altos cargos judiciales porque la ley actual no impide hacer estas designaciones con el mandato vencido. Ante la falta de acuerdo para renovar el Consejo, el ¨®rgano mantiene una mayor¨ªa de corte conservador desde que se renov¨® en 2013, cuando gobernaba el PP con mayor¨ªa absoluta.

La mayor¨ªa de la Mesa del Congreso formada por los tres componentes del PSOE y los tres de Unidas Podemos aprob¨® frente a los dos representantes del PP y el de Vox replicar al Consejo del Poder Judicial. La Mesa entiende que es el ¨®rgano de Gobierno del Congreso competente para defender al Poder Legislativo y que, seg¨²n el art¨ªculo 93.1 del Reglamento de la C¨¢mara, la tramitaci¨®n de esa modificaci¨®n de la ley org¨¢nica del Poder Judicial s¨ª se puede hacer por el procedimiento de urgencia.

Los dos partidos que forman la mayor¨ªa actual de la Mesa (PSOE y Unidas Podemos) incluyeron en la respuesta al Consejo algunas aclaraciones no menores sobre el reparto de poderes en un Estado de derecho. En su punto final precisaron: ¡°El Congreso ejerce esta potestad conforme a lo dispuesto en la Constituci¨®n, que reconoce a las Cortes Generales su condici¨®n de representante del pueblo espa?ol, como sede donde se manifiesta el pluralismo de nuestra sociedad y se expresa su voluntad general, sin que a esta Mesa correspondan otras actuaciones en el procedimiento legislativo que cumplir las funciones que le atribuye el Reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la C¨¢mara e instar el mismo respeto de cualesquiera otros ¨®rganos en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes¡±.

La menci¨®n de la Mesa de las Cortes a pedir ¡°respeto¡± sobre sus competencias y tareas al Poder Judicial es la clave de la respuesta y lo que provoc¨®, inmediatamente, la pol¨¦mica entre los partidos.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, lo record¨® en su intervenci¨®n durante la Junta de Portavoces y ante la prensa: ¡°La potestad del Estado la tienen las Cortes Generales y en ning¨²n caso est¨¢n obligadas a pedir informes o comparecencias previas del Consejo del Poder Judicial¡±.

Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa por Podemos, calific¨® de ¡°barbaridad¡± lo que tom¨® como un intento del Poder Judicial de ¡°limitar la autonom¨ªa¡± del Congreso y la divisi¨®n de poderes y argument¨® que lo que persigue ahora la modificaci¨®n legal es ¡°acabar con una anomal¨ªa constitucional¡± al dejar que un partido ¡ªen alusi¨®n al PP¡ª pueda bloquear durante a?os la renovaci¨®n de ese organismo judicial.

Los vocales del Poder Judicial que impulsaron el pleno del 21 de enero consideran que, tras esta respuesta del Congreso, el ¨®rgano de Gobierno de los jueces ya no puede plantear ahora nuevas iniciativas para intentar que los dos socios de Gobierno cambien de opini¨®n. Una posibilidad que manejan a medio plazo en el Consejo, seg¨²n las fuentes consultadas, ser¨ªa presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto entre ¨®rganos constitucionales, una figura que reserva al Constitucional la competencia para resolver controversias entre los poderes del Estado. Pero esta iniciativa no puede adoptarse mientras no se apruebe la reforma legal, por lo que algunos vocales son partidarios de estudiar la viabilidad de esta opci¨®n si la Ley sale adelante. Otros vocales consultados dudan de que la reforma expr¨¦s encaje en el conflicto entre ¨®rganos constitucionales, pensado para cuando un ¨®rgano considera que otro ha asumido una de las atribuciones que la Constituci¨®n le reserva a ¨¦l.

Algunos miembros del pleno que preside Carlos Lesmes consultados por EL PA?S conf¨ªan en que la reforma expr¨¦s sea denunciada ante organismos europeos. Varios vocales llegaron a plantear en conversaciones mantenidas en las ¨²ltimas semanas que fuera el Consejo el que llevara la reforma a Europa, pero finalmente se descart¨® por las dudas que generaba que la propia instituci¨®n se implicara en el proceso. Los vocales m¨¢s beligerantes del ala conservadora ya se?alaron la posibilidad de que la reforma acabe siendo denunciada ante organismos europeos por parte de alguna asociaci¨®n judicial o partido, que es la opci¨®n que ahora estudia el PP, seg¨²n fuentes de la direcci¨®n del partido.

Recursos en estudio

Los populares van a valorar la posibilidad de recurrir la actuaci¨®n del Congreso ante la comisi¨®n de Venecia, que depende de la Uni¨®n Europea, pero no lo har¨¢n hasta que la reforma sea aprobada definitivamente en el pleno de la C¨¢mara baja, un escenario que se prev¨¦ para mediados de marzo.

La Comisi¨®n Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisi¨®n de Venecia, es el ¨®rgano consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar asesor¨ªa legal sobre cuestiones constitucionales que promueven el respeto a los derechos fundamentales entre sus Estados miembros.

Miembros del Partido Popular estuvieron la semana pasada en una reuni¨®n en el Consejo de Europa y ya expusieron su posici¨®n contraria a la norma que se tramita en Espa?a. La Comisi¨®n ha anticipado que sigue este caso detenidamente.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, cuestion¨® ayer el procedimiento de ¡°urgencia y sin garant¨ªas¡± llevado a cabo por el PSOE y Podemos ante una cuesti¨®n tan grave. Gamarra evit¨® pronunciarse sobre el fondo del asunto y que un Consejo General del Poder Judicial en funciones pueda seguir impulsando nombramientos. Gamarra lleg¨® a declarar que la pretensi¨®n del PSOE y Podemos ¡°amenaza con deteriorar la calidad democr¨¢tica de Espa?a¡± porque supone ¡°una peligrosa intromisi¨®n en la separaci¨®n de poderes¡±.

El PP compar¨® cr¨ªticamente la rapidez con la que se ha tramitado en pocas semanas toda esa reforma frente a la lentitud con que se abordan iniciativas de la oposici¨®n. ¡°No me cabe duda sobre la separaci¨®n de poderes, pero tambi¨¦n de que hay que legislar con calidad y sin intromisiones de otro poder y hacerlo en el marco europeo¡±, dijo Gamarra.

Echenique avisa: ¡°Cambiar¨ªa el mecanismo de elecci¨®n¡±

El PSOE y Unidas Podemos registraron en octubre pasado una proposici¨®n de ley mucho m¨¢s ambiciosa y pol¨¦mica que la actual en discusi¨®n. Lo hicieron para presionar y forzar la negociaci¨®n con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato prorrogado desde hace dos a?os. En aquel proyecto, los dos partidos del Gobierno de coalici¨®n planteaban todo un cambio de m¨¦todo en la elecci¨®n de los 12 vocales judiciales (de los 20 que integran el Consejo): en vez de requerir el respaldo de tres quintos de la C¨¢mara, se propon¨ªa su elecci¨®n por mayor¨ªa absoluta. PP, Ciudadanos y Vox rechazaron con contundencia aquel intento de reforma y tambi¨¦n llevaron sus quejas hasta Europa y la Comisi¨®n de Venecia, que vigila el cumplimiento de los principios que rigen en los Estados de derecho.

El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ofreci¨® unas semanas despu¨¦s al l¨ªder de la oposici¨®n, Pablo Casado, retirar esa iniciativa a cambio de retomar la renovaci¨®n del Consejo. Y efectivamente aquella proposici¨®n, ya registrada, se paraliz¨®. Ah¨ª sigue desactivada, aunque el PP no ofrece ning¨²n signo de querer negociar la renovaci¨®n.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quiso ayer a?adir m¨¢s presi¨®n y avis¨®: ¡°Mi opini¨®n es que en alg¨²n momento tendremos que modificar ese mecanismo, evidentemente que s¨ª¡±. Echenique justific¨® su posici¨®n en que el vigente sistema de elecci¨®n estaba pensado para garantizar la pluralidad en el Consejo en tiempos de bipartidismo, pero el portavoz de Podemos entiende que esa ¨¦poca ya pas¨®.