La comisi¨®n Kitchen del Congreso se atasca al negar el juez la documentaci¨®n
Los diputados prorrogan su primer plan de trabajo de tres meses sin tener a¨²n ninguna documentaci¨®n y sin haber organizado ninguna comparecencia
La comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la Operaci¨®n Kitchen se cre¨® hace dos meses en el Congreso, pero no acaba de arrancar. Los diputados encargados de indagar sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy no han recibido ninguna documentaci¨®n, y ...
La comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la Operaci¨®n Kitchen se cre¨® hace dos meses en el Congreso, pero no acaba de arrancar. Los diputados encargados de indagar sobre actuaciones irregulares en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy no han recibido ninguna documentaci¨®n, y la comparecencia inicial de Luis B¨¢rcenas, el extesorero del PP, se vuelve a aplazar. El juez que instruye el caso, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, ha notificado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no puede facilitar los documentos requeridos porque ¡±las actuaciones judiciales tienen car¨¢cter reservado en sede de instrucci¨®n¡±.
La comisi¨®n Kitchen del Congreso parece gafada. La Mesa que debe organizar el plan de trabajo ¡ªaprobado no sin demoras y con discusi¨®n en enero¡ª se cit¨® este martes otra vez, pero para aprobar una pr¨®rroga de su funcionamiento. El plazo inicialmente previsto de tres meses casi se ha cumplido sin que se haya registrado actividad alguna.
El 24 de febrero, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remiti¨® formalmente a la presidenta del Congreso la respuesta negativa del titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, a la solicitud de la comisi¨®n de investigaci¨®n Kitchen de una serie de documentos y diligencias del caso. El magistrado basa su negativa en el ¡°car¨¢cter reservado¡± de las actuaciones judiciales en sede de instrucci¨®n, ¡°un principio fundamental¡± sustentado en el art¨ªculo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este art¨ªculo dispone ¡°que las diligencias del sumario ser¨¢n reservadas y no tendr¨¢n car¨¢cter p¨²blico hasta que se abra el juicio oral¡±.
El magistrado recuerda que el actual procedimiento judicial del caso Kitchen en la Audiencia ¡°se encuentra en fase de instrucci¨®n y por tanto con car¨¢cter reservado¡±. Garc¨ªa-Castell¨®n alude a ese momento procesal, y a ¡°la necesaria preservaci¨®n y garant¨ªa de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes¡±, para argumentar que suponen un ¡°l¨ªmite infranqueable¡± para remitir esa documentaci¨®n judicial ahora al Congreso.
Villarejo y Rajoy
La Mesa de la comisi¨®n Kitchen discuti¨® este martes esta situaci¨®n de atasco en sus trabajos provocada por la respuesta judicial, y opt¨® en cualquier caso por seguir adelante, pese a las cr¨ªticas planteadas por los representantes del Partido Popular. El PSOE y otros partidos, como Vox, defendieron en las primeras discusiones sobre el sentido de la comisi¨®n Kitchen que, antes de requerir determinadas comparecencias muy medi¨¢ticas y probablemente pol¨¦micas (como las del comisario preso Jos¨¦ Manuel Villarejo o de los responsables pol¨ªticos en Interior de aquella etapa que tuvieron alguna relaci¨®n con el reparto irregular de fondos reservados), pod¨ªa resultar mejor centrarse en el estudio de las ordenes y las instrucciones policiales. Y as¨ª convenci¨® el PSOE a Podemos de dejar para el final las citaciones al expresidente Mariano Rajoy, al exministro Jorge Fern¨¢ndez, a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio L¨®pez del Hierro, y a los exsecretarios de Estado de Seguridad. Podemos, a su vez, insisti¨® con otros partidos en no descartar que se llamase a Villarejo, como quer¨ªan los socialistas.
El PP fue en su d¨ªa, el 1 de octubre, el ¨²nico partido que rechaz¨® en pleno crear esta comisi¨®n propuesta por PSOE y Unidas Podemos, y que concit¨® el apoyo de 206 parlamentarios de esas formaciones y de Ciudadanos, PNV, Junts, M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs, BNG, EH-Bildu, CUP, UPN y Nueva Canarias, y 54 abstenciones de Vox, Coalici¨®n Canaria y Teruel Existe.
El PP volvi¨® a intentar este martes, como hizo en enero cuando sali¨® adelante el primer plan de comparecencias y de peticiones de documentos, que la comisi¨®n pospusiese de nuevo sus sesiones hasta poder recibir todos los partidos la misma informaci¨®n del caso. Los populares entienden que PSOE y Podemos, al estar personados en la causa, disponen de mayor acceso a c¨®mo discurre la investigaci¨®n judicial. Ese intento de aplazamiento no prosper¨®, pero s¨ª se acord¨® postergar una semana m¨¢s, hasta el 17 de marzo, la esperada primera comparecencia en la comisi¨®n, que debe ser la de Luis B¨¢rcenas, el extesorero nacional del PP. B¨¢rcenas ya tiene la semana que viene se?aladas varias sesiones del juicio abierto en la Audiencia sobre la caja b del PP que ¨¦l manej¨® tantos a?os y que se tuvieron que suspender al contagiarse de coronavirus uno de los investigados que ten¨ªa que declarar.
Un precedente en 2016 con el voto contrario de De Prada
En noviembre de 2016, la Audiencia Nacional ya rechaz¨® entregar al Congreso documentaci¨®n judicial sobre la financiaci¨®n ilegal del PP. La secci¨®n segunda de la Sala de lo Penal decidi¨® entonces negar lo que ped¨ªa la comisi¨®n de investigaci¨®n del Congreso con el argumento de que el ¡°acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales pueden poner en riesgo los derechos¡± de los procesados. Seg¨²n la Audiencia, la presunci¨®n de inocencia de los acusados ¡°podr¨ªa verse comprometida¡± por una ¡°investigaci¨®n paralela no sujeta a las garant¨ªas del proceso penal y a la tutela de los derechos propios de la funci¨®n judicial¡±.
La sala argument¨® que algunos de los informes demandados desde el Congreso se hab¨ªan obtenido bajo ¡°el control judicial y con el designio de investigar posibles conductas delictivas, permitiendo por ende la investigaci¨®n de hechos y datos personales a los que no hay acceso por terceros¡±. Aquel rechazo de la Audiencia fue aprobado por cuatro de sus cinco magistrados, con el ¨²nico voto particular en contra del juez Jos¨¦ Ricardo de Prada, que defendi¨® que se entregase la documentaci¨®n bajo estrictas condiciones. De Prada es ahora el clavo al que se sujeta el PP para seguir bloqueando la renovaci¨®n pendiente del caducado Consejo General del Poder Judicial. El PP le clasifica como uno de los vocales pr¨®ximos a Unidas Podemos y le identifica como el autor de la frase m¨¢s condenatoria para los populares y Mariano Rajoy en la sentencia del caso G¨¹rtel.
La Mesa de la comisi¨®n Kitchen, controlada por la mayor¨ªa del PSOE y Unidas Podemos, resolvi¨® ayer volver a reunirse la semana que viene para prorrogar su mandato agotado de tres meses y analizar por d¨®nde deber¨ªan comenzar a trabajar, todav¨ªa sin documentos judiciales y sin un programa organizado de comparecencias.