El juez del ¡®caso Kitchen¡¯ investiga el descontrol en el uso de fondos reservados

Las ¡°disfunciones e irregularidades¡± en el uso de los fondos reservados durante la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente del Ministerio del Interior destapadas por el caso Kitchen han llevado al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n a investigar ¡°las posibles responsabilidades penales¡± de los entonces responsables de la gesti¨®n de esta partida. Para ello, el magistrado ha dictado un auto en el que requiere al departamento que ahora encabeza Fernando Grande-Marlaska nueva documentaci¨®n sobre estos fondos, sometidos a la ley de secretos oficiales, tras constatar que la trama parapolicial que espi¨® ilegalmente en 2013 a Luis B¨¢rcenas y su entorno dispuso libremente de ellos para pagar, entre otros, a su ch¨®fer, Sergio R¨ªos.

El magistrado quiere saber c¨®mo se ocult¨® el desv¨ªo a una operaci¨®n ilegal de miles de euros procedentes de una partida que, sobre el papel, est¨¢ sometida a especiales medidas de control. El juez hace la petici¨®n a instancias de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y tras constatar que, en un anterior requerimiento, Interior no localiz¨® los documentos que justificaran las entregas de fondos con los que la trama pag¨® al ch¨®fer de B¨¢rcenas m¨¢s de 50.000 euros y le compr¨® una pistola, o adquiri¨® un ordenador para que el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez, supuestamente consultara la informaci¨®n que la trama arrebat¨® a B¨¢rcenas. Mart¨ªnez y el exministro Fern¨¢ndez D¨ªaz est¨¢n imputados en la causa.

En el auto, Garc¨ªa-Castell¨®n destaca que estos gastos deb¨ªan haberse acompa?ado de ¡°documentos acreditativos del uso¡± que se hab¨ªa dado al dinero, circunstancia que las declaraciones de cuatro testigos -entre ellos el coronel de la Guardia Civil Diego P¨¦rez de los Cobos, entonces destinado en la Secretar¨ªa de Estado- han revelado que no se produjo. En opini¨®n del juez, esto permiti¨® la ¡°utilizaci¨®n il¨ªcita¡± del dinero, ¡°propiciando tanto la financiaci¨®n de una operaci¨®n policial intr¨ªnsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos¡±.

El juez considera que la documentaci¨®n que el comisario Eugenio Pino -tambi¨¦n imputado y en aquel momento m¨¢ximo responsable operativo de la Polic¨ªa Nacional- enviaba a la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad para justificar el dinero que gastaba con cargo a los fondos reservados ¡°no se ajustaba siempre¡± a la orden confidencial de 1995 que regulaba su uso. En concreto, no se vinculaban esos pagos a ¡°operaciones policiales concretas¡± o a lo que se denominaban ¡°gastos de informaci¨®n¡±, en referencia a la captaci¨®n de datos que pueden propiciar la apertura de una investigaci¨®n posteriormente.

¡°En algunos casos, desde la Secretaria de Estado se libraban los fondos antes de comprobar la documentaci¨®n que se remit¨ªa desde la Direcci¨®n Adjunta Operativa¡±, a?ade Garc¨ªa-Castell¨®n, en referencia al puesto que ocupaba el comisario Pino. El juez quiere conocer ahora los conceptos utilizados para esos pagos y si el ch¨®fer de Barcenas fue considerado un confidente fijo que justificase que se le hicieran abonos de 2.000 euros mensuales entre julio de 2013 y de septiembre de 2015.

El magistrado tambi¨¦n hace hincapi¨¦ en las cantidades que se entregaban a otro investigado, el tambi¨¦n comisario Enrique Garc¨ªa-Casta?o, conocido como el Gordo y entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), responsable de hacer seguimientos en operaciones antiterroristas. ¡°Los fondos as¨ª entregados al investigado Enrique Garc¨ªa Casta?o con periodicidad mensual y por una cuant¨ªa fija no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado¡±, destaca. El juez recalca que este comisario recibi¨®, entre julio de 2014 y mayo de 2015, 50.000 euros en efectivo procedentes de los fondos reservados por orden del comisario Pino.

El mando policial ha negado reiteradamente en sus declaraciones judiciales haberse apropiado de estas cantidades e insistido en que se destinaron a operaciones policiales distintas de la Kitchen y de car¨¢cter reservado. Lo que s¨ª ha admitido Garc¨ªa Casta?o, que colabora con la investigaci¨®n, es que una parte se destin¨® a la compra de la pistola para el ch¨®fer de B¨¢rcenas y del ordenador para el secretario de Estado.

El magistrado recoge en el auto su sospecha de que los implicados en la Operaci¨®n Kitchen no solo dispusieron de fondos reservados ¡°sin cumplimentar debidamente¡± la documentaci¨®n requerida para hacerlo, sino que tambi¨¦n ese dinero se pudo solicitar ¡°bajo la cobertura de otra investigaci¨®n policial completamente ajena al operativo conocido como Kitchen o bajo la cobertura de cantidades de informaci¨®n, con objeto de enmascarar un uso desviado de los fondos reservados¡±, indica.