Recurrir los indultos: un camino plagado de dudas

Los recursos presentados este jueves en el Tribunal Supremo por Vox y Ciudadanos abren la batalla judicial para revocar los indultos concedidos a los nueve l¨ªderes del proc¨¦s condenados por sedici¨®n. Las medidas de gracia son por ley irrevocables, pero pueden recurrirse ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. No obstante, s...

Los recursos presentados este jueves en el Tribunal Supremo por Vox y Ciudadanos abren la batalla judicial para revocar los indultos concedidos a los nueve l¨ªderes del proc¨¦s condenados por sedici¨®n. Las medidas de gracia son por ley irrevocables, pero pueden recurrirse ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. No obstante, son muy pocos los recursos que progresan, porque el propio Supremo admite que su control se limita a garantizar que los motivos de la medida est¨¢n recogidos en el expediente del procedimiento. Y, adem¨¢s, en el caso de las impugnaciones anunciadas ahora, se suman las dudas sobre qui¨¦n est¨¢ legitimado para recurrir las medidas de gracia. Los juristas solo ven clara la legitimidad de la Fiscal¨ªa, que no tiene intenci¨®n de hacerlo.

La decisi¨®n de admitir o no los recursos presentados por Vox y Ciudadanos (y el anunciado por el PP) la tomar¨¢ la Sala de lo Contencioso. En principio, corresponde a la secci¨®n quinta, que es la que tiene encomendadas todas las impugnaciones de indultos que llegan al Supremo. Con todo, algunas fuentes del tribunal no descartan que el asunto se lleve al pleno por su inter¨¦s para fijar la doctrina sobre la legitimidad de los partidos o de representantes pol¨ªticos para impugnar medidas de gracia, un tema sobre el que el alto tribunal nunca se ha pronunciado expresamente.

La legitimizaci¨®n

La Ley de Jurisdicci¨®n Contencioso-Administrativa considera legitimadas para participar en procesos judiciales a ¡°las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que ostenten un derecho o inter¨¦s leg¨ªtimo¡±. En esta jurisdicci¨®n no hay una acci¨®n p¨²blica como tal, por lo que los recurrentes tienen que demostrar que son afectados o perjudicados directos de la medida que impugnan; en este caso, los indultos.

Aunque el alto tribunal no tenga una jurisprudencia espec¨ªfica sobre la legitimaci¨®n de los partidos o de representantes pol¨ªticos para recurrir indultos, s¨ª ha tenido que pronunciarse sobre ello en algunas ocasiones, como ante el perd¨®n otorgado al banquero Alfredo S¨¢enz. En aquella ocasi¨®n, el Supremo no admiti¨® los recursos presentados por los diputados Joan Coscubiela y Laia Ortiz. El ponente de aquel auto fue el hoy presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que concluy¨® que la legitimidad para recurrir ¡°no puede fundarse en el simple hecho del cargo p¨²blico que desempe?an, pues su campo de actuaci¨®n propio es la representaci¨®n pol¨ªtica, pero no el de la gen¨¦rica defensa de la legalidad ante los tribunales¡±. Lesmes, adem¨¢s, advert¨ªa de una consecuencia ¡°inmediata¡± de abrir la puerta a los recursos de los partidos y los diputados: ¡°La apertura de la legitimaci¨®n para recurrir a innumerable n¨²mero de personas y grupos¡±.

Este razonamiento zanja, seg¨²n muchos juristas, las dudas sobre si los partidos pueden recurrir los indultos del proc¨¦s, por eso los partidos est¨¢n buscando otras v¨ªas para convencer al tribunal.

Vox como acusaci¨®n popular

Vox apuesta por ampararse en el papel de acusaci¨®n popular que jug¨® en el juicio a los l¨ªderes independentistas, una condici¨®n que tampoco le habilita directamente para impugnar la medida de gracia porque existe discrepancia sobre si las acusaciones populares de un proceso penal pueden recurrir los indultos o si solo pueden hacerlo quienes est¨¦n directamente afectados por los delitos que se indultan. As¨ª lo entendi¨® la Sala de lo Penal en un auto dictado en mayo pasado en el que rechaz¨® la petici¨®n de Vox de presentar alegaciones contra los indultos del proc¨¦s. Los magistrados denegaron la participaci¨®n del partido de Santiago Abascal con el argumento de que la acusaci¨®n popular ¡°no se encuentra contemplada como una de las partes que leg¨ªtimamente pueden intervenir en el expediente de indulto¡±.

Por su parte, tanto el PP como Ciudadanos han anunciado que presentar¨¢n sus recursos no a nombre de la formaci¨®n, sino a t¨ªtulo individual de algunos diputados. Es lo que hizo ayer In¨¦s Arrimadas, que impugn¨® personalmente las medidas de gracia junto a los diputados Jos¨¦ Mar¨ªa Espejo y Carlos Carrizosa alegando que son ¡°v¨ªctimas singularizadas de los delitos de los indultados¡± porque los tres eran diputados del Parlament en 2016 y 2017, ¡°cuando se aprob¨® el andamiaje jur¨ªdico de la v¨ªa unilateral a la independencia por la que han sido condenados los ahora indultados¡±, seg¨²n el escrito presentado ante el Supremo. La sedici¨®n fue posible, recoge el texto, ¡°sobre la base del atropello a los derechos¡± de Arrimadas, Espejo, Carrizosa y el resto de diputados de partidos que se opusieron a la tramitaci¨®n de las leyes de ruptura.

Juristas y magistrados consultados dudan de que estos argumentos puedan ser asumidos por el Supremo. ¡°La sedici¨®n seg¨²n la sentencia no fue por aprobar unas leyes, sino por inducir a los ciudadanos a desobedecer a la polic¨ªa e ir a votar. Se puede pensar que va todo unido, pero en mi opini¨®n no se puede decir que los diputados de todos los partidos contrarios a la independencia sean afectados directos del indulto, que es de lo que se trata¡±, se?ala un catedr¨¢tico de Derecho Penal que pide mantenerse an¨®nimo.

Tambi¨¦n se presenta como representante de ¡°v¨ªctimas del proc¨¦s¡± la entidad Convivencia C¨ªvica Catalana, que recurri¨® la medida de gracia el pasado mi¨¦rcoles. ¡°Ser una asociaci¨®n de ciudadanos de Catalu?a que sufrimos en primera persona los efectos de los hechos delictivos cometidos por los indultados nos confiere un inter¨¦s directo en la actuaci¨®n administrativa, que nos otorga plena legitimaci¨®n procesal para impugnar los indultos¡±, se?ala la entidad en su escrito. Admitir este argumento implicar¨ªa legitimar para recurrir a todos los catalanes, e incluso los espa?oles, no independentistas, advierten los juristas.